Cuauhtemoc Fuentes Villanueva
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cuauhtemoc Fuentes Villanueva
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se declinó por razón de territorio la competencia de la demanda de amparo, promovida por *******, contra actos de la Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación en la Ciudad de México y otras autoridades al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz. Ahora, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, le tocó conocer dicha demanda de amparo, promovida por *******, misma que registró bajo el número de amparo 512/2023, y mediante proveído de veintiséis de septiembre del actual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 19, fracción I y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****** en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 920/2023. Incompetencia por razón de territorio Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como del lugar de ejecución de dichos actos, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).-ORDENADORAS: 1).- Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Responsabilidades de la Auditoria Superior de la Federación B).- AUTORIDAD EJECUTORA: 2).-COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES IV.- ACTO RECLAMADO:- De las primera autoridad señaladas como ordenadora le reclamo cualquier orden en la cual pretendan privarme de mi pensión y en consecuencia de mis alimentos, al dar la orden de embargo y/o inmovilización de cuentas bancarias que se hayan dictado en contra del suscrito, misma orden que han dado y girado para su ejecución material las Autoridades ejecutoras mencionadas" Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia Por su parte, los artículos 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De lo expuesto, se obtiene que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, sustancialmente, los actos que dieron origen al bloqueo de la cuenta bancaria ********************, con número de contrato ******************** aperturada en la sucursal ****, de CITIBANAMEX, ubicada en ********************colonia ********************, ********************, es decir, tanto la orden, su fundamento legal como su ejecución. En ese contexto, conviene establecer que la ejecución del bloqueo de la cuenta bancaria del gobernado, tiene verificativo en la institución financiera donde dicha cuenta se encuentra aperturada, pues si bien, la mayoría de las instituciones cuentan con sucursales en toda la república mexicana, se insiste, el bloqueo de esa cuenta bancaria se realizará en la sucursal donde se apertura, por ser ésta la que maneja específicamente los servicios financieros de ésta. Sustenta lo anterior, por el criterio que informa la jurisprudencia número 2a./J. 74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, Julio de 2011, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 161,677, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." En el caso concreto, de la demanda de amparo, así como de las constancias exhibidas con esta, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el quejoso aperturó la cuenta bancaria número ********************, con número de contrato ********************, en la sucursal 474, de CITIBANAMEX, ubicada en ********************colonia ********************, ********************; por lo tanto, se infiere, que la cuenta que en esta vía pretende defender la parte quejosa, fue aperturada fuera de la jurisdicción de este juzgado. De manera que, si la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en el lugar en donde se apertura la cuenta bancaria, el Juez de Distrito competente para conocer del presente juicio de amparo, lo es aquel en cuya jurisdicción se ejecutó y se sigue ejecutando el acto que por esta vía se combate. En ese sentido, si los efectos y consecuencias de los actos reclamados deben tener ejecución, tratan de ejecutarse, se ejecutan o se han ejecutado en la ciudad de ********************, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, en términos de lo consignado en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, MATÍAS ROMERO, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en ********************. Orienta tal consideración, la jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Séptima Parte, Página: 88, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el expediente principal del presente juicio de amparo y las demás copias de demanda de amparo, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Solicítese atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza administrativa. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA Número de expediente: 920/2023 Acuerdo: SECCIÓN II MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****** en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 920/2023. Incompetencia por razón de territorio Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como del lugar de ejecución de dichos actos, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).-ORDENADORAS: 1).- Unidad de Asuntos Jurídicos Dirección General de Responsabilidades de la Auditoria Superior de la Federación B).- AUTORIDAD EJECUTORA: 2).-COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES IV.- ACTO RECLAMADO:- De las primera autoridad señaladas como ordenadora le reclamo cualquier orden en la cual pretendan privarme de mi pensión y en consecuencia de mis alimentos, al dar la orden de embargo y/o inmovilización de cuentas bancarias que se hayan dictado en contra del suscrito, misma orden que han dado y girado para su ejecución material las Autoridades ejecutoras mencionadas" Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia Por su parte, los artículos 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De lo expuesto, se obtiene que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, sustancialmente, los actos que dieron origen al bloqueo de la cuenta bancaria ********************, con número de contrato ******************** aperturada en la sucursal ****, de CITIBANAMEX, ubicada en ********************colonia ********************, ********************, es decir, tanto la orden, su fundamento legal como su ejecución. En ese contexto, conviene establecer que la ejecución del bloqueo de la cuenta bancaria del gobernado, tiene verificativo en la institución financiera donde dicha cuenta se encuentra aperturada, pues si bien, la mayoría de las instituciones cuentan con sucursales en toda la república mexicana, se insiste, el bloqueo de esa cuenta bancaria se realizará en la sucursal donde se apertura, por ser ésta la que maneja específicamente los servicios financieros de ésta. Sustenta lo anterior, por el criterio que informa la jurisprudencia número 2a./J. 74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, Julio de 2011, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 161,677, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." En el caso concreto, de la demanda de amparo, así como de las constancias exhibidas con esta, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el quejoso aperturó la cuenta bancaria número ********************, con número de contrato ********************, en la sucursal 474, de CITIBANAMEX, ubicada en ********************colonia ********************, ********************; por lo tanto, se infiere, que la cuenta que en esta vía pretende defender la parte quejosa, fue aperturada fuera de la jurisdicción de este juzgado. De manera que, si la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en el lugar en donde se apertura la cuenta bancaria, el Juez de Distrito competente para conocer del presente juicio de amparo, lo es aquel en cuya jurisdicción se ejecutó y se sigue ejecutando el acto que por esta vía se combate. En ese sentido, si los efectos y consecuencias de los actos reclamados deben tener ejecución, tratan de ejecutarse, se ejecutan o se han ejecutado en la ciudad de ********************, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, en términos de lo consignado en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, MATÍAS ROMERO, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en ********************. Orienta tal consideración, la jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Séptima Parte, Página: 88, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el expediente principal del presente juicio de amparo y las demás copias de demanda de amparo, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Solicítese atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza administrativa. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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