Cuauhtemoc Enrique Alvarez Ovando

Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
418/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Cuauhtemoc Enrique Alvarez Ovando

Actuaciones

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda promovida por Cuauhtémoc Enrique Álvarez Ovando, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Atención Ciudadana de Tonatico, Estado de México (Dalila Córdoba Ortiz); fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 418/2019-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación número TGO/IXT/TON/108/077067/19/03, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Atención Ciudadana de Tonatico (Dalila Córdoba Ortiz), en el que determinó procedente no retener a Julio Velázquez Villegas y a Ulises Santiago Mondragón, por los hechos delictuosos que denunció el ahora quejoso. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la tesis y jurisprudencia invocadas interpreten la legislación de amparo abrogada, pues aquéllas no son contrarias, ni se contraponen con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo. Lo que también acontece respecto de los demás criterios que serán invocados en esta determinación. Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo, así como de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el promovente de amparo reclama el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación número TGO/IXT/TON/108/077067/19/03, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Atención Ciudadana de Tonatico (Dalila Córdoba Ortiz), en el que determinó procedente no retener a Santos Julio Velázquez Villegas y a Ulises Mondragón Pineda, también conocido como Ulises Santiago Mondragón, por los hechos delictuosos que denunció el ahora quejoso, determinación respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en atención a la temporalidad de los hechos éstos se originaron (en el mes marzo de dos mil diecinueve), su tramitación se rige por el referido Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que el promovente tiene el carácter de víctima u ofendido en la carpeta mencionada. Ello es así, porque los preceptos invocados establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones en la investigación de los delitos del Agente del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. En efecto, durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al Agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por tanto, se concluye que la determinación reclamada de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de investigación TGO/IXT/TON/108/077067/19/03, emitida por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Atención Ciudadana de Tonatico en la que determinó procedente no retener a Santos Julio Velázquez Villegas y a Ulises Mondragón Pineda, también conocido como Ulises Santiago Mondragón, por los hechos delictuosos que denunció el ahora quejoso, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de Control, en términos de los artículos 109, fracción XXI y 258 Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el quejoso debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con los preceptos 109, fracción XXI y 258 Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Al respecto tiene aplicación, los siguientes criterios jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, origen a las jurisprudencias de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"; y, "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.". En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el tema respecto a si las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el Juez de Control, a través de un medio de defensa, analizó y determinó que efectivamente se debe agotar ese medio ordinario previsto por la ley. Además, se advierte que el tema que analizó el Pleno en Materia Penal de este Circuito, tocante a que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos se ubica en el supuesto de la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia y que por ello no era exigible agotar el medio ordinario, contra los actos en los cuales la norma no regula la suspensión del acto reclamado o al hacerlo exija mayores requisitos o plazos para otorgarla conforme a la ley especial, también cuando carezca de fundamentación y motivación, o cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Es decir, el argumento toral de dicho Pleno de Circuito, se sustentó en el análisis del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En ese contexto, advertimos que ese tema ya fue superado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis señalada en líneas anteriores, pues su estudio lo basó en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la carta magna, que otorga a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el código respectivo. Asimismo, manifestó que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Argumentos por los que se llega al convencimiento que en el caso concreto se debe atender a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal quedando superado lo resuelto por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en relación a las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos, con independencia de la legislación que haya analizado para resolver el tema toral, pues es este último el que debe prevalecer. En consecuencia, al estar actualizada la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109, fracción XXI y 258 Código Nacional de Procedimientos Penales; en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Federal, procede desechar la demanda promovida. DOMICILIO PROCESAL. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente en la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Piña Carmona y a Alfonso Treviño Rivera, por tener registradas sus patentes para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a Karem Jaceet Pascoe y Contreras y a Jessica Vasco Contrera, se les tiene por autorizados en términos de la última parte del citado numeral al no contar con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. CONSTANCIAS ADJUNTAS A LA DEMANDA. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias exhibidas por el quejoso, se ordena formar anexo para que obren por separado con carátula respectiva para su identificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en términos del presente proveído.

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