Cuarta Sala Especializada En Materia Civil
Expediente 1270/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Cuarta Sala Especializada En Materia Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se adscribió a la jueza Alva Miranda Ramírez como titular de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción de la titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84 todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan realizado, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, al ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General emitido por Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Bajo otra tesitura, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de constancias. En razón de lo anterior, se ordena la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, al ser innecesaria su conservación en este juzgado.
- Principal
SUBSECUENTES POR LISTA TERCERO BANCO Téngase por recibida la razón actuarial signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple, la sentencia de engrose dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. II. Efectivo apercibimiento. Ahora, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que el cinco de julio de dos mil veintidós, fue emplazada la citada tercera interesada sin que a la fecha se haya apersonado a este sumario constitucional o señalado domicilio para recibir notificaciones; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las notificaciones que para ella se deriven del presente sumario constitucional, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. III. Se notifique. Visto lo anterior, se comisiona al actuario judicial que corresponda, realizar la notificación de la sentencia dictada en autos, conforme a lo ordenado en el párrafo que antecede. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en el ingreso de ciudad judicial, al TERCERO INTERESADO Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, la sentencia de ENGROSE veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por la cual se resolvió lo siguiente: SENTENCIA: C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado2. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo3, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: ? La sentencia dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en los autos de la apelación 240/2019. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método, en principio, debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo4. En ese sentido, resulta cierto el acto que se atribuye a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco precisado en el considerando precedente, dado que en su informe de ley aceptó su existencia5, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias remitidas por la responsable, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no6. En ese sentido, no se advierte, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente7. Atendiendo a la causa de pedir,8 los motivos de disenso son insuficientes para otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Debe señalarse que respecto al primer concepto de violación planteado por la parte quejosa existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos de lo señalado por el artículo 2179 de la Ley de amparo es obligatorio acatar por este Juzgado de Distrito. En efecto, si bien el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, como lo solicitó la parte quejosa ante la autoridad responsable y formula en el presente amparo como concepto de violación. En consecuencia, la determinación que condenó al pago de los intereses debe considerarse firme, aun y cuando se sigan devengando los intereses posteriores al dictado de la sentencia definitiva, pues la ejecución de lo sentenciado comprende todos aquellos intereses que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Es decir, el análisis de la usura sólo se podrá realizar antes de que se declare firme la sentencia definitiva que se llegue a dictar, toda vez que realizar su estudio posterior al dictado de la sentencia puede afectar la autoridad de la cosa juzgada. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia visible en la página 657, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo rubro y texto siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." (Lo subrayado es propio) Por consiguiente, al existir jurisprudencia que resuelve el tema propuesto por la parte quejosa, es indiscutible que lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a otro control constitucional o convencional, como lo pretende la parte quejosa. Desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se pretende es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. En sustento a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 8, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." Ahora bien, respecto al segundo concepto de violación intentado por la parte quejosa, de su análisis, no se aprecia un verdadero razonamiento jurídico que pueda ser analizado por este juzgador, pues el quejoso se limitó a precisar que la autoridad responsable no fundó ni motivó la resolución objeto de análisis en el presente amparo; es decir, no pueden considerarse como conceptos de violación las simples manifestaciones que realice la parte quejosa en ese sentido, pues no se unen con elementos de razonamientos lógicos y jurídicos que conduzcan a este juzgador federal a la convicción de que el acto reclamado ciertamente es violatorio de derechos fundamentales. Además, aun interpretándolo en su integridad con el primer concepto de violación, descansa en un planteamiento jurídico sobre el cual ya existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, por tanto, resulta inoperante, pues como se ha indicado en líneas precedentes la sentencia objeto de estudio sí se encuentra debidamente fundada y motivada al haberse sustentado en la jurisprudencia con número de registro 2014920, ya transcrita. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial visible en ala pagina 1154, tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 21 tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto señala: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Por lo antes resuelto, en nada le benefician a la parte quejosa las jurisprudencias y tesis señaladas en la demanda de amparo, con rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN" y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUELLA O SE TACHA DE INDIEBIDA". Ello es así, toda vez que como ya se ha precisado en esta sentencia, el acto reclamado sí está debidamente fundado y motivado. Finalmente, respecto a la suplencia de la queja deficiente que solicita la parte quejosa en la demanda, no le resulta aplicable toda vez no se advierte que hubiere existido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de amparo, y por tanto, no es aplicable el artículo 79, fracción VI de la misma ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente juicio promovido por -----, contra el acto que reclama de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, dentro del toca de apelación 240/2019, por las razones apuntadas en el último considerando de esta sentencia
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en el ingreso de ciudad judicial, a la PARTE QUEJOSA, el auto de VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por el cual se acordó lo siguiente: SENTENCIA: C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado2. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo3, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: ? La sentencia dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en los autos de la apelación 240/2019. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método, en principio, debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo4. En ese sentido, resulta cierto el acto que se atribuye a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco precisado en el considerando precedente, dado que en su informe de ley aceptó su existencia5, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias remitidas por la responsable, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no6. En ese sentido, no se advierte, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente7. Atendiendo a la causa de pedir,8 los motivos de disenso son insuficientes para otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Debe señalarse que respecto al primer concepto de violación planteado por la parte quejosa existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos de lo señalado por el artículo 2179 de la Ley de amparo es obligatorio acatar por este Juzgado de Distrito. En efecto, si bien el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, como lo solicitó la parte quejosa ante la autoridad responsable y formula en el presente amparo como concepto de violación. En consecuencia, la determinación que condenó al pago de los intereses debe considerarse firme, aun y cuando se sigan devengando los intereses posteriores al dictado de la sentencia definitiva, pues la ejecución de lo sentenciado comprende todos aquellos intereses que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Es decir, el análisis de la usura sólo se podrá realizar antes de que se declare firme la sentencia definitiva que se llegue a dictar, toda vez que realizar su estudio posterior al dictado de la sentencia puede afectar la autoridad de la cosa juzgada. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia visible en la página 657, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo rubro y texto siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." (Lo subrayado es propio) Por consiguiente, al existir jurisprudencia que resuelve el tema propuesto por la parte quejosa, es indiscutible que lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a otro control constitucional o convencional, como lo pretende la parte quejosa. Desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se pretende es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. En sustento a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 8, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." Ahora bien, respecto al segundo concepto de violación intentado por la parte quejosa, de su análisis, no se aprecia un verdadero razonamiento jurídico que pueda ser analizado por este juzgador, pues el quejoso se limitó a precisar que la autoridad responsable no fundó ni motivó la resolución objeto de análisis en el presente amparo; es decir, no pueden considerarse como conceptos de violación las simples manifestaciones que realice la parte quejosa en ese sentido, pues no se unen con elementos de razonamientos lógicos y jurídicos que conduzcan a este juzgador federal a la convicción de que el acto reclamado ciertamente es violatorio de derechos fundamentales. Además, aun interpretándolo en su integridad con el primer concepto de violación, descansa en un planteamiento jurídico sobre el cual ya existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, por tanto, resulta inoperante, pues como se ha indicado en líneas precedentes la sentencia objeto de estudio sí se encuentra debidamente fundada y motivada al haberse sustentado en la jurisprudencia con número de registro 2014920, ya transcrita. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial visible en ala pagina 1154, tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 21 tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto señala: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Por lo antes resuelto, en nada le benefician a la parte quejosa las jurisprudencias y tesis señaladas en la demanda de amparo, con rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN" y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUELLA O SE TACHA DE INDIEBIDA". Ello es así, toda vez que como ya se ha precisado en esta sentencia, el acto reclamado sí está debidamente fundado y motivado. Finalmente, respecto a la suplencia de la queja deficiente que solicita la parte quejosa en la demanda, no le resulta aplicable toda vez no se advierte que hubiere existido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de amparo, y por tanto, no es aplicable el artículo 79, fracción VI de la misma ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente juicio promovido por -----, contra el acto que reclama de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, dentro del toca de apelación 240/2019, por las razones apuntadas en el último considerando de esta sentencia
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SENTENCIA Notifíquese personalmente.
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