Cuahutemoc Damian Borja

Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Cuahutemoc Damian Borja

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario una documental en original; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario una documental en original; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Cuauhtémoc Damián Borja, por su propio derecho, contra actos del Director de Vía Pública de Acapulco de Juárez, Guerrero y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 496/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso Cuauhtémoc Damián Borja reclama en esta instancia constitucional, el oficio número 0202 de siete de septiembre de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Vía Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por el cual se le comunica que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para el retiro de unos tubos de acero y una cadena sujeta de aproximadamente cinco metros, del bien inmueble ubicado en Cuauhtémoc número 289, Santa Elena y Jacarandas, fraccionamiento el Roble, en esta ciudad, por estar obstruyendo los mismos la vía pública, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una multa económica y se procedería al retiro de los bienes antes descritos. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable, la jurisprudencia J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, mayo de 2002, página 902, Materia Común, Novena Época, registro 187016, que se estima aplicable por las razones que la informan, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También, es aplicable la jurisprudencia J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 67, Julio de 1993, página 51, Materia Común, Octava Época, registro 215770, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 8, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, registro 2017117, que es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese orden, el quejoso Cuauhtémoc Damián Borja reclama en esta instancia constitucional, el oficio número 0202 de siete de septiembre de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Vía Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por el cual se le comunica que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para el retiro de unos tubos de acero y una cadena sujeta de aproximadamente cinco metros, del bien inmueble ubicado en Cuauhtémoc número 289, Santa Elena y Jacarandas, fraccionamiento el Roble, en esta ciudad, por estar obstruyendo los mismos la vía pública; sin embargo, se omitió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debió instar previo a ello, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. En ese orden de ideas es necesario precisar el contenido del artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, el cual establece lo siguiente: "Artículo 138. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, tendrá la siguiente competencia: I. Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los particulares (.)." Del mismo modo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para: I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los particulares (.). T R A N S I T O R I O S (.) Séptimo. Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero." Por su parte el artículo 1 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 establece: "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés general en el Estado y tiene como finalidad: I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas. (.)" La interpretación de estos preceptos permite obtener que el otrora denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas municipales, estatales o de organismos públicos descentralizados. Por tanto, se advierte qué a dicha instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece. Ahora bien, el artículo 29, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero señala: "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para: (.). VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica; (.)." Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar los actos que se combaten en esta vía constitucional. La intelección de los dispositivos trascritos, permite advertir que las diversas Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, son competentes para substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, es decir, respecto de actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal, así como de las resoluciones que se pronuncien por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en este juicio de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 69 a 71 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: 1) que sea solicitado por el interesado; 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3) que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Incluso, en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se prevén las figuras del interés jurídico, o en su caso legítimo, para la concesión de la suspensión del acto reclamado; asimismo, del artículo 72 del propio código, se encuentra la figura de la apariencia del buen derecho homologada, dado que procede la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o a criterio del magistrado cuando sea necesario otorgarle aquellos efectos, para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que el presente juicio de amparo es improcedente, al no haberse impugnado dicho acto a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, y que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el de definitividad. Es aplicable por analogía, la tesis XXI.1o.6 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, visible en la página 991, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Común, Octava Época, cuya literalidad es: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Aunado a lo anterior, tampoco se actualiza la excepción relativa a la falta de fundamentación del acto reclamado, debido a que en el oficio que en esta instancia constitucional se reclama, se precisan los artículos del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en los cuales la autoridad responsable ordenadora, fundamento la determinación que ahí se contiene. En este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. INFORMACIÓN GENERAL Se le comunica al quejoso que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Cuauhtémoc número 289, Santa Elena y Jacarandas, fraccionamiento el Roble, código postal 39640, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Aldo Emanuel Ayvar Cuellar, Edgar Lenin Lobato Tapia, Fabiola Jazmín Olvera Gallardo y Félix Gallegos Pérez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis David Moran Miranda, Luis Fernando Reyes Carreola, Daniel Rosas Isidra, Jocely Lizbeth Javier Santos, Dariana de la Cruz Mejía, Yulisa Nolasco Trinidad y Luz María Arrioja Paredes, por así haberlo manifestado expresamente en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente LO QUE NOTIFICO POR ESTEMEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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