Cuahtemoc Pérez Lobato
Expediente 1060/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Cuahtemoc Pérez Lobato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 6.Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Cuauhtémoc Pérez Lobato; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: "[..] En mérito de lo anterior, el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Proveer el escrito del quejoso siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, esto es, de manera congruente, fundada y motivada, deberá pronunciase sobre la solicitud del peticionario de amparo en el sentido de que si se le adeuda o no el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrito entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017 [.]" Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en materia de trabajo en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA 6.-En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve, en audiencia Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2923/2019, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa debidamente asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 1060/2019-6, promovido por CUAHTEMOC PÉREZ LOBATO. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1.- Documentales que anexó el quejoso a su escrito de demanda de amparo, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales obra agregadas en autos (foja 2 a 10). 2. Copia certificada de diversas constancias que anexó a su informe justificado el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por sí y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, del Director General y del Director de Prestaciones Socioeconómicas, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las cuales obran agregadas en autos ( foja 26 a 37). Al respecto la Encargada del Despacho por vacaciones del Titular acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, la Encargada del Despacho por vacaciones del Titular acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1060/2019-6, promovido por CUAUHTÉMOC PÉREZ LOBATO, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorios del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, y recibido por este Juzgado, al día siguiente, CUAUHTÉMOC PÉREZ LOBATO, por propio derecho, promovió amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que a continuación se puntualizan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. 2.- Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3.- Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 4.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ".El contenido del oficio UAJyT/2600/JLLM/2019, mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escrito de dieciséis de mayo del año en curso, la cual considera incongruente." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se verificó en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior es así, porque se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y en su escrito de ampliación de la misma se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: El contenido del oficio UAJyT/2600/JLLM/2019, mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escrito de dieciséis de mayo del año en curso, la cual considera incongruente. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por sí y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, del Director General y del Director de Prestaciones Socioeconómicas, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado (foja 17 a 25), en representación de la Titular del referido Instituto admite la existencia del acto que se le reclama; lo cual se corrobora con el contenido del propio informe justificado y de las diversas constancias que en copia certificada anexó al mismo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. DESESTIMACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por sí y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, del Director General y del Director de Prestaciones Socioeconómicas, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 17 A 25), hizo valer como causales de improcedencia las previstas en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, toda vez que, respecto del acto reclamado, no tiene el carácter de autoridad responsable al no encontrase revestido éste de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Cabe precisar que los diversos ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En base a lo establecido por los preceptos legales antes citados, tenemos que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, es un organismo descentralizado encargado de organizar y administrar la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado de Tabasco de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición, de ahí que no se actualiza la referida causal de improcedencia propuesta por la autoridad responsable. Aunado a ello, la autoridad responsable señaló que el quejoso debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar el acto lesivo. Cabe precisar que el artículo 61 en su fracción XX, indica que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Sin embargo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, en el presente asunto en el que se reclama: La omisión del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de dar contestación al escrito de quince de mayo de la presente anualidad, recepcionado por la responsable el dieciséis siguiente, en el cual expuso que a la fecha de la petición, ya se le había otorgado la jubilación como trabajador sindicalizado de base; sin embargo, se le adeuda el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscritas entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017, la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición; esto es, se promueve el juicio de amparo por una violación directa a la Constitución, lo que resulta un supuesto de excepción previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia; de ahí que resulten infundadas las causales de improcedencia invocadas por la responsable. Lo anterior es así, puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8 constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento. Sustentan lo anterior, por las razones jurídicas que lo apoyan, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 898, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011948 del rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5794, Tomo LXXXI, Materia(s): Común, Quinta Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro 807812 del rubro y texto siguientes: PETICIÓN, RECURSO QUE NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO EN QUE SE RECLAMA EL DERECHO DE. Debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior, basándose en que los actos reclamados no tienen el carácter de definitivos, ya que en su contra procede el recurso establecido en la fracción I, del artículo 831 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; porque la violación del artículo 8o. de la Constitución Federal que consagra el derecho de petición como una garantía individual, no puede ser materia del recurso de revisión establecido en la fracción I, del indicado artículo 831, porque no entra dentro de la esfera de competencia legal del organismo encargado de conocer de ese recurso, la facultad de conocer de la violación de su garantía individual, por no establecerlo así, la ley respectiva." Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 303, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 253632 del rubro y texto siguientes: PETICIÓN, DERECHO DE. RECURSOS O JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NO HAY QUE AGOTAR ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Cuando se reclama la infracción del artículo 8o. constitucional, que protege el derecho de petición, la posibilidad legal de interponer juicios o recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no entraña la obligación de hacerlo, pues sostener lo contrario equivale a limitar, restringir o disminuir la garantía individual que consagra el mencionado precepto de la Carta Magna, y a condicionar la vigencia de dicha garantía, a lo que dispongan leyes secundarias, o trámites establecidos respecto de tribunales que, por su naturaleza, no son los directa y expresamente instituidos para examinar y decidir los problemas referentes a la constitucionalidad de los actos de autoridades." Ahora, al no advertirse que la autoridad responsable haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, razón por la cual procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. No se trascriben los conceptos de violación, sin que ello implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rigen el actuar del suscrito, tal y como establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, la parte quejosa argumenta en su concepto de violación, la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito de quince de mayo de la presente anualidad, recepcionado por la responsable el dieciséis de mayo siguiente, en el cual expuso que a la fecha de presentar su solicitud, ya se le había otorgado la jubilación como trabajador sindicalizado de base; sin embargo, se le adeuda el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscritas entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017; no obstante, la autoridad fue omisa en dar respuesta a dicho planteamiento, ya que se limitó a informarle mediante oficio UAJyT/2600/JLLM/2019, que en contestación a su petición adjuntaba el original del oficio DRH/0794/2019 de treinta de mayo del presente año, constante de diez fojas útiles, suscrito por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el que da respuesta a su petición, sin que, como se dijo, le haya acordado lo conducente a que si se le adeuda o no el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrito entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017. Los argumentos referidos se encaminan a sostener que la autoridad responsable incumplió con la obligación de emir una respuesta integral, congruente, fundada y motivada, lo que se traduce en transgresión a los derechos consagrados en los artículo 8º y 16 de la Constitución Federal. Para dar respuesta al planteamiento relativo, es menester precisar que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto transcrito, se colige que toda autoridad ante la que algún gobernado realice por escrito cualquier tipo de solicitud, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su petición; entendiendo por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y por "breve término", el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Por tanto, a fin de que el derecho fundamental contenido en el artículo 8º constitucional quede satisfecho, la respuesta de la autoridad ante quien se formuló una petición debe resolver en forma clara, directa y total sobre la pretensión deducida, para dar al peticionario una respuesta congruente, toda vez que las respuestas evasivas, ambiguas, imprecisas, parciales o las que únicamente contestan parte de lo solicitado no satisfacen dicha prerrogativa (derecho de petición). Por su parte, el derecho fundamental de legalidad contemplado en el numeral 16 constitucional, exige que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de los gobernados, es decir, aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1) Constar por escrito. 2) Provenir de autoridad competente. 3) Estar fundado y motivado. Conforme al precepto constitucional invocado, es obligación de la autoridad citar en el acto de molestia los preceptos legales en los que apoya su actuación; además, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Sobre el particular resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, en la parte correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 178, cuyo rubro dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." Indicado lo anterior, como se hizo patente al momento de estudiar la procedencia del presente asunto, la quejosa presentó el escrito de mérito el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que por su importancia, se transcribe a continuación: "Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2019. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. Presente. C. DR. CUAUHTÉMOC PÉREZ LOBATO, mexicano, mayor de edad, jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con número de cuenta 47173/N, promoviendo por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el ubicado en la Calle Igual número 138, casi esquina con Ignacio López Rayón, Colonia Centro en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y autorizando para que en mi nombre y representación las reciban los CC. M.D. JOSÉ ANTONIO OVIS PEDRERO; LICS. OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN, VÍCTOR ANTONIO OVIS MORALES, OMAR OSORIO GARCÍA, LISET YULIANA REYES RICÁRDEZ; P.D. LEOBARDO ACOSTA BOCANEGRA Y JESSICA PÉREZ DÍAZ y C. ALONDRA ARIAS LÓPEZ, con fundamento en los Artículos 8° y 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 7 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 1, 2, 4, 6, 13, 18, 21 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de la Fracción IV, del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado y 57 y 58 de las Condiciones Generales del Trabajo, vigentes para el periodo 2015-2017, ante Usted comparezco para solicitar lo siguiente: a).- Que labore de 1984 a 2016, como Trabajador de Base, sindicalizado, durante 33 años en total, para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), iniciando en el mes de marzo de 2017, los trámites para obtener mi "JUBILACIÓN", la cual ya me fue otorgada. b).- Sin embargo, hasta la presente fecha se me adeuda el pago de los 10 DIAS POR CADA AÑO LABORADO a que tengo derecho y que se establecen en los Artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscritas entre el ISSET, como Patrón y el SUITISSET, como Patrón, para el periodo laboral 2015.2017 Para Acreditar mi interés jurídico, adjunto a la presente copia de mi Credencial expedido por ese instituto. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente. Atentamente C. DR. CUAUHTÉMOC PÉREZ LOBATO". En respuesta a lo anterior, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, emitió el oficio UAJyT/2600/JLLM/2019, de tres de junio de dos mil diecinueve, como en seguida se observa: "ISSET UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRASPARENCIA "2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" Villahermosa, Tabasco Junio 03 de 2019 Oficio: UAJyT/2600/JLLM/2019 Asunto: el que se indica. DR. CUAUHTÉMOC PÉREZ LOBATO PRESENTE. En relación a su escrito de fecha 15 de mayo del año en curso, recepcionado, el día 16 del mismo mes y año, adjunto original del oficio DRH/0794/2019, de fecha 30 de mayo del año en curso, constante de diez fojas útiles, suscrito por el M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el que da respuesta a su petición. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ATENTAMENTE. LIC. CESAR ANASTACIO PÉREZ PRIEGO COBIÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRASPARENCIA. c.c.p. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Director General. LIC. CAPPC/JLLM. Tel. +52 (993) 3582850 Ext 63040 Villahermosa, Tabasco." De dicha respuesta, se advierte que la autoridad responsable se limitó a informar a la parte quejosa que en contestación a su petición adjuntaba el original del oficio DRH/0794/2019 de treinta de mayo del presente año, constante de diez fojas útiles, suscrito por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el que da respuesta a su petición, sin embargo, fue omisa en acordar lo conducente a que si se le adeuda o no el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrito entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017. En ese tenor, y como lo sostiene la parte quejosa, la respuesta contenida en el oficio UAJyT/2600/JLLM/2019, de tres de junio de dos mil diecinueve, no es congruente con lo pedido en la petición formulada por el quejoso en su escrito de quince de mayo de dos mil diecinueve, recepcionado por la responsable el dieciséis de mayo siguiente, pues si bien es cierto que la autoridad precisó que daba respuesta a aquélla, lo cierto es que, no se pronunció sobre la solicitud del peticionario de amparo en el sentido de que si se le adeuda o no el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrito entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017; lo que permite concluir que no se atendió la petición de la quejosa en forma congruente. Lo anterior se apoya en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1201, tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, EL JUZGADOR NECESARIAMENTE DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO. Desde un inicio el derecho de petición se instituyó de manera plena para el ciudadano -Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814-, posteriormente fue limitado en materia política y casi eliminado con motivo del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, aunque retomó su vigencia en el Proyecto de Constitución de 1o. de diciembre de 1916 hasta incorporarse a la Constitución de 1917. Así, conforme al texto actual, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. De ello se sigue que el acto de petición en sí y el contenido de ésta, se encuentran íntimamente vinculados entre sí, al participar del principio de congruencia, por lo que al conocer del juicio de amparo promovido por violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador necesariamente debe analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior el criterio que contiene, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1738, tomo III, Septiembre de 2017, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto establecen: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Con base en lo expuesto, se concluye concepto de violación en estudio es fundado, pues como se pudo corroborar, la respuesta emitida por la autoridad responsable a la petición del quejoso, no es congruente con lo solicitado en su escrito de quince de mayo de dos mil diecinueve, recepcionado por la responsable el dieciséis de mayo siguiente. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Proveer el escrito del quejoso siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, esto es, de manera congruente, fundada y motivada, deberá pronunciase sobre la solicitud del peticionario de amparo en el sentido de que si se le adeuda o no el pago de diez días por cada año laborado a los cuales tiene derecho conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, suscrito entre el ISSET con el SUITISSET para el periodo laboral 2015 a 2017. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Cuauhtémoc Pérez Lobato, en contra del acto reclamado y autoridades referidas en el resultando primero de esta ejecutoria; lo anterior por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución y para los efectos precisados en la parte considerativa respectiva. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por sí y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, del Director General y del Director de Prestaciones Socioeconómicas, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistente en copias certificadas de diversas constancias relativas al acto reclamado; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexo al informe a que se alude, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.
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