Crystal Violeta Núñez Ayala
Expediente 181/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2017
Partes del expediente
- Crystal Violeta Núñez Ayala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que tuvo por desechada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, como lo solicita previa copia certificada que se deje en autos, hágase la devolución del documento que anexó al escrito de demanda, previa constancia que por su recibo se deje en autos, quien deberá comparecer en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de: 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, con sede en Mexicali. 2. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, con sede en Mexicali. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. 4. Secretario de Planeación y Finanzas del Estado Libre y Soberano de Baja California, con sede en Mexicali. 5. Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad. 6. Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, México, con sede en esta ciudad. 7. Director de Planeación y Gestión Financiera del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, México, con sede en esta ciudad. 8. Jefe de Mesa de Ejecución de Recaudación de Rentas Municipales del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, México, con sede en esta Ciudad. 9. Superintendente de Zona de Ensenada de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 181/2017-VI. DESECHAMIENTO En tales condiciones, una vez analizado integralmente el escrito inicial de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece el siguiente tenor: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama: - El cobro del Derecho de Alumbrado Público (D.A.P.), con motivo del acto concreto de aplicación del artículo 15 ambos de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; derivado de los ulteriores actos de aplicación consistentes en los recibos y/o facturas, expedidos por los periodos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de enero de dos mil diecisiete correspondientes al número de servicio 010 060 902 891, a nombre de la quejosa. En este orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de amparo de manera extemporánea. De la interpretación íntegra y literal de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se aprecia que el legislador estableció diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente recibida; la primera de ellas, se refiere a la hipótesis que el quejoso hubiese sido notificado del acto reclamado; la segunda, cuando ha tenido conocimiento de éste o de su ejecución; la tercera, cuando se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, la cuarta, tratándose de un amparo contra una ley autoaplicativa, en cuyo caso, el término empieza a contar a partir del día siguiente al de su entrada en vigor. Así, si la norma se reclama como autoaplicativa, el término para la promoción del amparo será de treinta días hábiles siguientes a que entró en vigor la ley; sin embargo, si la norma se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación, el término para promover la instancia constitucional, será siempre de quince días hábiles siguientes al primer acto de aplicación en perjuicio del particular. También, existe la posibilidad que, aun cuando una ley sea reclamable con motivo de su sola entrada en vigor (autoaplicativa), no se tendrá por consentida sino hasta que, una vez actualizado el primer acto de aplicación, tampoco se impugne su inconstitucionalidad dentro de los quince días siguientes a que ocurrió aquél. En ese sentido, se desprende que, tratándose de leyes autoaplicativas, existen dos momentos para instaurar la instancia constitucional, ya sea dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, o bien, dentro de los quince posteriores al primer acto de aplicación; sin embargo, si la acción constitucional no se ejercita por el particular en cualquiera de estos dos momentos, la norma legal se tendrá por consentida y, por ende, operará la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, antes indicado. En el presente caso, como se expuso, la parte quejosa reclama el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, como heteroaplicativa, es decir, a partir del primer acto de aplicación en su perjuicio, por lo que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días, los cuales se contarán a partir del día siguiente a aquél en que se aplicó al particular la norma reclamada de inconstitucional, lo que aconteció al momento de que realizo el pago del recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad a su nombre y del cual se advierte el cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si derivado del contrato con número de servicio *********, se expidió un recibo con período de facturación del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de enero de dos mil diecisiete, donde se contiene un cobro de $1,584.79 (un mil quinientos ochenta y cuatro pesos con setenta y nueve centavos 79/100 moneda nacional) por concepto de Derecho de Alumbrado Público, pagado a decir de la quejosa el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de la manifestación contenida en la demanda de amparo; sin embargo del recibo anexo a la demanda se advierte que fue pagado el veinte de febrero de dos mil diecisiete, la cual constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, es esa fecha la que debe tomarse como punto de partida para realizar el cómputo del término de los quince días con que contaba la parte quejosa, el cual comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquél en que se dio el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa; esto es, del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil diecisiete, con deducción de los días veinticinco, y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo todos del dos mil diecisiete, por ser inhábiles; por lo que si la demanda de amparo, fue presentada el veinticuatro de marzo siguiente, según se advierte del sello de recepción de dicho documento en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, ello conduce a estimar el consentimiento de los actos reclamados por no haberse ejercido la acción constitucional dentro del plazo que para ello contempla la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 294, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 174532, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos". Es igualmente aplicable la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 445, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso". Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgado que en términos del artículo 79 fracción I, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además que la acción de amparo puede válidamente ejercitarse en contra del segundo o ulterior acto de aplicación, si éste se funda en leyes igualmente declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país; sin embargo, en el caso no se está en aptitud de aplicar la suplencia de la queja, pues para ello se requiere que el juicio de amparo resulte procedente, ya que la suplencia de la queja no tiene el alcance de hacer procedente un juicio de amparo que no lo es; además de que, en el caso a estudio, la impugnación contra el acto de aplicación no se efectúa dentro de los quince días siguientes a que aconteció, requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional, en contra del segundo o ulterior acto de aplicación. Por lo que con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que aquí se analiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en *******, y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********* toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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