Cruz Zatarain Soriano
Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cruz Zatarain Soriano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente recurrió el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de agosto al dos de septiembre del año en curso; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, toda vez que en el expediente no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes, en su oportunidad, archívese como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Cruz Zatarain Soriano, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 711/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Precisado lo anterior, en concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que indica: "El juicio de amparo es improcedente: [.] Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. [...]" De lo que se obtiene, que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley de Amparo, indica: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Como se advierte, el precepto legal reproducido, señala que el juicio de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, planteando las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Al reclamar una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) En caso de actos que tengan por efecto la privación de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años. 4) Por último, cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. En la especie, el acto reclamado consistente en el auto de once de mayo del año en curso, emitido en el juicio sumario familiar de pago y/o aseguramiento de alimentos, promovido por Leslie María Tirado Osuna, en contra del quejoso, dentro del expediente 583/2022 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Por tanto, es necesario analizar, si el citado acto reclamado, debe regirse por el término de quince días para promover la demanda de amparo o bien, se encuentra dentro de los casos de excepción marcados en el numeral 17 fracción IV de la Ley de Amparo, para poder establecer si el juicio de amparo fue presentado o no, en tiempo, o se localiza dentro de los casos de excepción marcados en el mencionado numeral; y si en su caso, se actualiza alguna causa de improcedencia; puesto que, de acontecer así, se procederá a desechar la demanda por extemporánea. Por consiguiente, alno encontrarse el acto reclamado en ninguno de casos de excepción antes señalados, el término que tiene el quejoso para promover la demanda de derechos fundamentales es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con lo establecido en el numeral de mérito, el juicio de derechos debe promoverse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. A su vez, el artículo 24 de la Ley de Amparo, establece que el cómputo de los términos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, incluyendo el de su vencimiento; precisándose que sólo se contarán los días hábiles. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en su libelo inicial, específicamente en el apartado de ANTECEDENTES, punto 3, que el veintisiete de junio de dos mil veintidós (emplazamiento al juicio de origen por conducto de su apoderada legal Yenitzia Adilene Armenta Sánchez), se le notificó la determinación reclamada. Por tanto, el término para la interposición de la demanda constitucional inició el veintinueve de junio del año en curso, ya que la notificación surtió efectos el veintiocho del propio mes y concluyó el diecinueve de julio siguiente, descontándose los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de los propios mes y año, por ser sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el escrito petitorio de protección constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, hasta el veinticuatro de los que cursan, es innegable que la promoción del juicio de amparo resulta extemporánea, circunstancia con la que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Cruz Zatarain Soriano. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en calle Río Culiacán número 1160, fraccionamiento Tellería, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas Adriana y Dulce María ambas de apellidos Luna García, quienes tienen sus cédulas profesionales 7714435 y 9404682, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y con apoyo en la parte final del ordenamiento antes señalado, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Alma Rosa Vázquez Carrillo; por no contar con dicho requisito. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). En tal virtud, se le tiene señalando como electrónico dulceluna671@gmail.com como medio de comunicación no procesal. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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