Cruz Vazquez Najera

Expediente 1576/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1576/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Cruz Vazquez Najera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable rinda su respectivo informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de diez y cinco, ambos de octubre de dos mil diecisiete, mismo que de manera sintetizada señala: "Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al quejoso Cruz Vázquez Nájera, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación del auto que menciona el actuario adscrito, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. NOTIFÍQUESE." "Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Cruz Vázquez Nájera, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos María Fernanda, Kenia Maricruz y Emiliano, de apellidos Vázquez Jiménez, contra actos del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. En el caso, el quejoso reclama, como actos concretos, esencialmente lo siguiente: ? El pago de la cantidad líquida de DOS MIL PESOS, por concepto de alimentos de sus menores hijos, mediante recibo de entero del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos: Ordenado en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de divorcio incausado 273/2017. Sobre este acto el quejoso reconoce que realizó el depósito por concepto de alimentos en favor de sus menores hijos. ? El pago del cuarenta y cinco por ciento de su salario, por concepto de alimentos de sus menores hijos (descuento vía nómina de su fuente de trabajo), ordenado en el auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de divorcio incausado 273/2017. ? El depósito de la guarda y custodia de sus menores hijos en favor de la tercero interesada (situación que debió ser analizada en la audiencia llevada a cabo el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, celebrada en el juicio de divorcio incausado 273/2017). Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ........... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que por esta vía combate, al menos, desde el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se celebró la audiencia de ley en el juicio de divorcio incausado 273/2017, ya que así lo manifiesta en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad. En esa tesitura, la confesión expresa de la parte quejosa hace prueba plena respecto del conocimiento de la controversia génesis del acto reclamado y, por ende, desde ese momento tuvo oportunidad de promover el juicio constitucional. Apoya a lo anterior, en lo conducente el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 199, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, correspondiente a la octava época que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos.". Aunado, a que resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto que dice le agravia, prepondera sobre cualquier otra fórmula empleada en la ley, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el cual establece: "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." En esas condiciones, se colige que el promovente del amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía constitucional reclama, al menos, desde el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de ley en el juicio respectivo. Por ende, el término para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente de esa audiencia de ley, es decir, a partir del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. En mérito de lo anterior, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo que refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para reclamar dicho acto, transcurrió del diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, así como dos y tres de septiembre, por corresponder a sábados y domingos. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presentó hasta el tres de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados fueron consentidos en razón de que no se promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia. Sin que se esté ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, porque no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sustenta lo anterior, por su contenido, la tesis consultable en la página 235, tomo XI-junio, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40, del anexo al informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; por autorizadas únicamente para esos efectos a las personas que anota; toda vez que no tiene acreditado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, estar autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que efectúen la notificación de este auto inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Notifíquese personalmente."

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