Cruz Rodriguez Ontiveros
Expediente 635/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 67 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 67
- Última actuación
- 11/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cruz Rodriguez Ontiveros
- CRUZ RODRIGUEZ ONTIVEROS y Otros.
- Martin Ontiveros Bastida
- MARTIN ONTIVEROS BASTIDA y Otros.
- Rafael Ontiveros Bastidas
- Secretaria de Medio Ambiente Y Recursos Naturales, Con Residencia En Mexico, Distrito Federal
- Ejido Platanar de los Ontiveros, Municipio de Concordia, Sinaloa.
- RAFAEL ONTIVEROS BASTIDAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 67.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, once de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por el perito oficial Oscar Meza Sánchez, mediante el cual solicita se realicen los trámites para el pago de sus honorarios en la Administración Regional, con sede en esta ciudad, asimismo, informa que los comprobantes digitales ya fueron enviados a dicha dependencia vía internet, al efecto anexa impresión del mismo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante diligencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el perito oficial Oscar Meza Sánchez, ratificó el dictamen pericial correspondiente. En atención a lo anterior, y en acatamiento al oficio recibido el trece de junio del año en curso, firmado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, remítase a la Administradora Regional, residente en esta ciudad, copia del mencionado oficio, así como del dictamen rendido por el experto de referencia y de la ratificación del mismo, a efecto de que cubra la remuneración correspondiente. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio 5.AP/V.2/2789/2016, firmado por el Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 48943/2016, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICEN: Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que en el caso el quejoso Ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa, por conducto de Cruz Rodríguez Ontiveros, Martín Ontiveros Bastidas y Rafael Ontiveros Bastidas, Presidente, Secretario y Tesorero, reclamó el presentar y promover el estudio previo justificativo para la declaratoria como área natural protegida Monte Mojino, de junio de dos mil catorce; el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil catorce; y, la pretensión de decretar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, protegida 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa, con lo cual se afectará una superficie de 24,162 hectáreas (veinticuatro mil ciento sesenta y dos hectáreas) lo que constituye la totalidad de las tierras de uso común del ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que establece: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, Materia(s): Común Tesis: Página: 127 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 75, página 106. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 51, página 48. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto r eclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia Amparo en revisión 9357/84. Miguel Hernández y coagraviados (Núcleo Ejidal Colón, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla). 13 de agosto de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Héctor Alberto Arias Murueta. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 76, página 41. Amparo en revisión 4489/74. Comunidad Agraria del Poblado "La Encarnación", Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 30 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Quinta Época: Tomo LII, página 450. Amparo en revisión 5623/36. Covarrubias González María de la Luz. 14 de abril de 1937. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jesús Garza Cabello. Relator: José María Truchuelo. Secretario: Alfonso de Silva." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis, que dice: "Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXXII, Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y definitiva, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Además, importa destacar que la existencia de los actos reclamados se debe analizar atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues, de otra manera, la sentencia se tendría que ocupar de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la demanda de amparo. Criterio visible en la jurisprudencia siguiente: "Octava Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994 Página: 15 Tesis: 2a./J. 3/94 Jurisprudencia Materia(s): Común ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso, de la demanda de amparo y constancias que integran el sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, en el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil catorce, por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Monte Mojino, con una superficie de 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa, en la que se incluyen 24,162 hectáreas que constituye la totalidad de las tierras de uso común del ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa; y como consecuencia, la inminente declaratoria como área natural protegida, de la citada región conocida como Monte Mojino, así como cualquier acto, acción u omisión que tenga o pueda tener por efecto privar de manera parcial total, de forma temporal o definitiva al ejido quejoso, del derecho a disfrutar de las citadas tierras. En esa virtud, se estima que el aviso reclamado por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida la región a que se hizo alusión, no afecta la esfera jurídica del ejido quejoso, ni se aprecia que se haya emitido algún acto que le afecte en sus derechos. Es así, toda vez que la emisión del mencionado aviso no constituye un agravio real y definitivo en la esfera jurídica del ejido quejoso, puesto que tal acto únicamente tiene por objeto informar al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida la región conocida como Monte Mojino, con una superficie de 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa; así como poner a su disposición el estudio justificativo en mención. Por tanto, el aviso reclamado no tiene el efecto de privar en sus derechos ni patrimonio al ejido quejoso, dado que a través de éste no se está efectuando una declaratoria de área natural protegida en la que se incluya alguna superficie territorial del poblado solicitante de amparo, ni trae como consecuencia la restricción en sus derechos agrarios, como tampoco se advierte que se haya decretado alguna orden que menoscabe la titularidad de los derechos que defiende. De lo anterior, se desprende que el aviso reclamado, por el momento, no causa un perjuicio real y definitivo a la parte quejosa, pues será, en su caso, cuando se emita el decreto que declare como área natural protegida, la mencionada región conocida como Monte Mojino, siempre y cuando se incluyan en dicha declaratoria tierras del ejido quejoso, siendo entonces, cuando se pudiera afectar, en forma definitiva, la esfera jurídica del poblado peticionario de amparo, no así con la sola publicación del aviso en comento, pues de momento puede continuar el procedimiento para la expedición del decreto declaratorio de área natural protegida en sus etapas correspondientes, sin que se afecte inmediatamente dicha esfera. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, al no generar el acto reclamado en comento, un perjuicio real y definitivo en la esfera del núcleo de población quejoso, por ende, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los diversos actos reclamados que se hicieron consistir en la inminente declaratoria como área natural protegida, de la citada región conocida como Monte Mojino, así como cualquier acto, acción u omisión que tenga o pueda tener por efecto privar de manera parcial total, de forma temporal o definitiva al ejido quejoso, del derecho a disfrutar de las citadas tierras, dado que fueron reclamados en vía de consecuencia, pues su inconstitucionalidad se hace depender del aviso emitido por la ordenadora y no se reclaman por vicios propios. Cabe destacar que aun cuando se celebre la audiencia constitucional, la causa de improcedencia invocada, no podrá ser desvirtuada con prueba alguna. Soporta la anterior consideración por su esencia jurídica la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Registro 184572 Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública, dígase a las partes que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que en el caso el quejoso Ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa, por conducto de Cruz Rodríguez Ontiveros, Martín Ontiveros Bastidas y Rafael Ontiveros Bastidas, Presidente, Secretario y Tesorero, reclamó el presentar y promover el estudio previo justificativo para la declaratoria como área natural protegida Monte Mojino, de junio de dos mil catorce; el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil catorce; y, la pretensión de decretar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, protegida 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa, con lo cual se afectará una superficie de 24,162 hectáreas (veinticuatro mil ciento sesenta y dos hectáreas) lo que constituye la totalidad de las tierras de uso común del ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que establece: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, Materia(s): Común Tesis: Página: 127 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 75, página 106. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 51, página 48. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto r eclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia Amparo en revisión 9357/84. Miguel Hernández y coagraviados (Núcleo Ejidal Colón, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla). 13 de agosto de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Héctor Alberto Arias Murueta. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 76, página 41. Amparo en revisión 4489/74. Comunidad Agraria del Poblado "La Encarnación", Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 30 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Quinta Época: Tomo LII, página 450. Amparo en revisión 5623/36. Covarrubias González María de la Luz. 14 de abril de 1937. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jesús Garza Cabello. Relator: José María Truchuelo. Secretario: Alfonso de Silva." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis, que dice: "Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXXII, Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y definitiva, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Además, importa destacar que la existencia de los actos reclamados se debe analizar atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues, de otra manera, la sentencia se tendría que ocupar de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la demanda de amparo. Criterio visible en la jurisprudencia siguiente: "Octava Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994 Página: 15 Tesis: 2a./J. 3/94 Jurisprudencia Materia(s): Común ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso, de la demanda de amparo y constancias que integran el sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, en el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil catorce, por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Monte Mojino, con una superficie de 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa, en la que se incluyen 24,162 hectáreas que constituye la totalidad de las tierras de uso común del ejido Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, Sinaloa; y como consecuencia, la inminente declaratoria como área natural protegida, de la citada región conocida como Monte Mojino, así como cualquier acto, acción u omisión que tenga o pueda tener por efecto privar de manera parcial total, de forma temporal o definitiva al ejido quejoso, del derecho a disfrutar de las citadas tierras. En esa virtud, se estima que el aviso reclamado por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida la región a que se hizo alusión, no afecta la esfera jurídica del ejido quejoso, ni se aprecia que se haya emitido algún acto que le afecte en sus derechos. Es así, toda vez que la emisión del mencionado aviso no constituye un agravio real y definitivo en la esfera jurídica del ejido quejoso, puesto que tal acto únicamente tiene por objeto informar al público en general que está a su disposición el estudio realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida la región conocida como Monte Mojino, con una superficie de 201,279-76-08.73 hectáreas, localizada en los municipios de Rosario y Concordia, en el Estado de Sinaloa; así como poner a su disposición el estudio justificativo en mención. Por tanto, el aviso reclamado no tiene el efecto de privar en sus derechos ni patrimonio al ejido quejoso, dado que a través de éste no se está efectuando una declaratoria de área natural protegida en la que se incluya alguna superficie territorial del poblado solicitante de amparo, ni trae como consecuencia la restricción en sus derechos agrarios, como tampoco se advierte que se haya decretado alguna orden que menoscabe la titularidad de los derechos que defiende. De lo anterior, se desprende que el aviso reclamado, por el momento, no causa un perjuicio real y definitivo a la parte quejosa, pues será, en su caso, cuando se emita el decreto que declare como área natural protegida, la mencionada región conocida como Monte Mojino, siempre y cuando se incluyan en dicha declaratoria tierras del ejido quejoso, siendo entonces, cuando se pudiera afectar, en forma definitiva, la esfera jurídica del poblado peticionario de amparo, no así con la sola publicación del aviso en comento, pues de momento puede continuar el procedimiento para la expedición del decreto declaratorio de área natural protegida en sus etapas correspondientes, sin que se afecte inmediatamente dicha esfera. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, al no generar el acto reclamado en comento, un perjuicio real y definitivo en la esfera del núcleo de población quejoso, por ende, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los diversos actos reclamados que se hicieron consistir en la inminente declaratoria como área natural protegida, de la citada región conocida como Monte Mojino, así como cualquier acto, acción u omisión que tenga o pueda tener por efecto privar de manera parcial total, de forma temporal o definitiva al ejido quejoso, del derecho a disfrutar de las citadas tierras, dado que fueron reclamados en vía de consecuencia, pues su inconstitucionalidad se hace depender del aviso emitido por la ordenadora y no se reclaman por vicios propios. Cabe destacar que aun cuando se celebre la audiencia constitucional, la causa de improcedencia invocada, no podrá ser desvirtuada con prueba alguna. Soporta la anterior consideración por su esencia jurídica la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Registro 184572 Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública, dígase a las partes que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO CRUZ RODRÍGUEZ ONTIVEROS BASTIDA Y OTROS, ASÍ COMO AL TERCERO INTERESADO CONSELVA COSTAS Y COMUNICACIONES ASOCIACION CIVIL, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICEN: Mazatlán, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por el perito oficial Oscar Meza Sánchez, mediante el cual rinde el dictamen pericial en materia de topografía; por tanto, hágase el mismo el conocimiento de las partes y agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Asimismo, requiérase al mencionado perito, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación, ante la presencia judicial ratifique el dictamen en materia de topografía. NOTIFIQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES Y AL PERITO OSCAR MEZA SÁNCHEZ.
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