Cruz Perez Rivera

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Cruz Perez Rivera
  • Claudia Verónica Lara Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 759/2021 de su índice. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable. Se hace la indicación que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 18, fracción I, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 839/2021-VII e informa que requirió a la Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que le remita el toca 62/2021 y el expediente 456/2019 del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl; lo anterior, para estar en condiciones de determinar lo procedente respecto a la incompetencia declarada por este juzgado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado incompetencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se declinó competencia de la demanda de amparo promovida por Claudia Verónica Lara Murillo, por propio derecho; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se envía incompetencia En consecuencia, en cumplimiento a la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, remítase el presente expediente y anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto y resuelva lo pertinente. Se reserva su archivo Se reserva ordenar el archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad que conozca del asunto, informe respecto de la competencia declinada. Finalmente, agréguese el escrito signado por Héctor Luis Delgado González, mediante el cual solicita información del estado en que se encuentra el presente juicio, por tanto, dígase al promovente que debe estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Claudia Verónica Lara Murillo por su propio derecho, contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 839/2021-VI. Actos reclamados Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de derechos, se advierte que la quejosa señala en esencia, los siguientes actos: a) De la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, de su índice, a través de la cual, analizó la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva. Del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, la sentencia dictada el quince febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 456/2019, de su índice, relativo al juicio de división de bien común. Del Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, la omisión, deficiencias e inaplicación de sus subordinados de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 5 del citado ordenamiento. Del Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la omisión del principio de excelencia consistente en que el Defensor Público, en el cumplimiento de sus funciones, deberá esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño apegado a los estándares de calidad y el principio de diligencia; esto es, que el servicio se prestará con el cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía o errónea, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Del Titular Asistente Jurídico adscrito al Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, la omisión del principio de excelencia consistente en que el Defensor Público, en el cumplimiento de sus funciones, deberá esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño apegado a los estándares de calidad y el principio de diligencia; esto es, que el servicio se prestará con el cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía o errónea, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Se desecha de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, respecto de los actos y autoridades precisados en los incisos c) d) y e); atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Bajo esa óptica, cabe señalar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, que promueve la parte inconforme, deriva precisamente de que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Titular Asistente Jurídico adscrito al Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, de quienes reclama las omisiones, deficiencias e inaplicación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala; así como, el principio de excelencia del Defensor Público en el cumplimiento de sus funciones, de esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño apegado a los estándares de calidad y el principio de diligencia, cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía o errónea, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al no tener el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Titular Asistente Jurídico adscrito al Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Al respecto, las disposiciones señaladas, en lo conducente, establecen: Artículo 61. De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. Al respecto, la teoría general del derecho prevé la existencia de tres tipos de relaciones, a saber: De coordinación, son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De supra a subordinación, son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. De supraordinación, son aquellas relaciones que se entablan entre órganos del Estado. En ese contexto, para que pueda estimarse que una persona, u órgano tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta indispensable que actúe con base en alguna atribución que le confiera la ley, en un plano de superioridad frente al particular, que le permita imponer unilateralmente su voluntad, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. De igual forma, el párrafo segundo del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece que los particulares podrán tener el carácter de autoridad responsable en los casos en que realicen actos equivalentes a los de autoridad, en ejercicio de atribuciones o funciones que se encuentren previstas en una norma de carácter general. En ese orden, una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado o a un particular el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. En concordancia con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público o el particular señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; IV. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis siguientes: Con base en lo anterior, el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Titular Asistente Jurídico adscrito al Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, no se consideran autoridades responsables para efectos del amparo, y por ello, dichos actos no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, toda vez que el origen de las omisiones, deficiencias e inaplicación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala; así como, el principio de excelencia del Defensor Público en el cumplimiento de sus funciones, de esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño apegado a los estándares de calidad y el principio de diligencia, cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía o errónea, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, constituyen una inactividad durante el procedimiento o la indebida actividad del mismo, los cuales no son actos que se puedan atribuir a dichas autoridades que puedan repararse en el juicio de garantías, en todo caso, podría ser motivo de responsabilidad. Lo anterior pone de manifiesto que la relación jurídica existente entre el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Titular Asistente Jurídico adscrito al Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala y la quejosa, es de coordinación y, por ende, no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación); por lo que la circunstancia de que no tengan el carácter de autoridades, trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta ilustrativa, la tesis XI.2o.20K, Tomo XV, Junio de 2002, página 650, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: DEFENSOR DE OFICIO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En igual sentido, resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo X, Octubre de 1992, página 311, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: DEFENSORES, INDEBIDA ACTUACION DE LOS. NO REPARABLE EN AMPARO. Y la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Volumen 16-174, Sexta Parte, página 146, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "ROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. No escapa a la vista que pudiera pensarse que no es el momento idóneo para pronunciarse sobre la procedencia del amparo, como lo señala la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, por resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de Solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la propia Segunda Sala aclaró el rubro de esa jurisprudencia en los términos siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De tal manera, se debe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció que, en todos los casos, el juez de Distrito, en el auto inicial, no podría examinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sino lo que estableció fue que, tratándose de los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el Acuerdo de fijación de tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, el juez de Distrito, en el auto inicial, no estarían en condiciones jurídicas y materiales para estudiar ese acto en específico, con el propósito de resolver si constituye o no un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; tan es así, que en la referida solicitud de modificación de jurisprudencia se estableció: En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con la consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en "dilucidar si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo", no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación, los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante. Sino por el contrario, lo que se advierte es que en todo momento se delimitó dicho punto de divergencia, tanto en la ejecutoria como en el texto de la jurisprudencia respectiva, a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis, esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con tal acto, que el Juez Federal en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, no está en condiciones jurídicas y materiales, para llevar a efecto el estudio de ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Además, tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, empero, en el caso, contrario a ello, el pronunciamiento correspondiente, exigió un análisis exhaustivo; entonces era claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo. De ahí que la mencionada Jurisprudencia no sea aplicable al caso que se analiza, pues los actos reclamados en el presente caso en modo alguno son jurídicamente análogos, ni en lo substancial, al que en esa ocasión analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues mientras que el más Alto Tribunal del País estudió el Acuerdo que autorizó la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, en el caso justiciable, se trata de las omisiones, deficiencias e inaplicación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala; así como, el principio de excelencia del Defensor Público en el cumplimiento de sus funciones, de esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño apegado a los estándares de calidad y el principio de diligencia, cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía o errónea, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala; de ahí lo ineficaz del primer motivo de agravio, pues contrario a lo que aduce el inconforme la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vedó a los operadores jurídicos la posibilidad de analizar en el primer auto la calidad de autoridad responsable atribuida a un ente o un particular al promover una demanda de amparo. En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver la queja 214/2019, de su índice, cuyos razonamientos comparte el suscrito juzgador. Se declina competencia a Tribunal Colegiado. Por otra parte, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), consistentes en la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de la cual, analizó la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva. En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre el fondo de la demanda de amparo. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente como actos reclamados la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de la cual, analizó la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva Lo anterior revela que la resolución reclamada de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, que analizó la diversa de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, constituye una resolución que pone fin a la vía promovida; de ahí que en su contra es procedente el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34 y 170 de la ley de la materia, que dicen: "Artículo 34. Artículo 170. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. En efecto, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo directo procede, entre otras resoluciones, contra aquellas que pongan fin al juicio; de ahí que si la resolución reclamada analizó la diversa en la que se dictó sentencia definitiva en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, promovido por Cruz Pérez Rivera, en contra de Claudia Verónica Lara Murillo; es por lo que, en su contra es procedente el juicio constitucional en la vía directa. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. En este sentido, es claro que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que analizó la diversa de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva, lo da por concluido. Desde esta perspectiva, es evidente que contra la resolución reclamada, es procedente el juicio de amparo en la vía directa, pues puso fin al juicio de protección constitucional y fue emitido por un Tribunal judicial en términos de los artículos 34 y 170 de la ley de la materia; consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Establecido lo anterior, resulta de importancia aludir lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito judicial, en el recurso de revisión 82/2016, el cual se invoca como un evidente hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se estableció lo siguiente: QUINTO. En acatamiento al artículo 44 de la Ley de Amparo, este Tribunal debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del juicio de amparo en la vía directa. En efecto, en el precepto invocado se establece lo siguiente: "Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito. Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa." Conforme al numeral transcrito, el tribunal colegiado de circuito, cuando conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del asunto en la vía directa. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada 1a. XXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008316, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, Materia Común, página 771, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Esta Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 62/2009, interpretó el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito resolvieran un recurso de revisión en el que se analizara una sentencia dictada por un juez de distrito que debió emitirse en un juicio de amparo directo, aquellos órganos debían, por una parte, declarar insubsistente la sentencia recurrida y, por otra, tenían dos opciones para subsanar la incompetencia del juez de distrito y enderezar la vía procesal: 1) remitir el asunto a un tribunal colegiado de circuito; o, 2) avocarse al conocimiento del amparo. Así, esta Primera Sala estimó que la opción 1) sería aplicable en aquellos casos en que hubiera dos o más tribunales colegiados en el mismo circuito, en cuyo caso, el del conocimiento debía enviar los autos a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez, lo remitiría al tribunal colegiado de circuito que corresponda, de conformidad con el turno o las reglas establecidas en el Acuerdo General 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2001. En consecuencia, la opción 2), esto es, avocarse al conocimiento del asunto, sólo sería aplicable cuando hubiera un único tribunal colegiado en el circuito de que se tratara. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, cambió el tratamiento que debe aplicarse, pues proporciona una regla específica en su artículo 44 para resolver el problema, que ya no establece una alternativa. En efecto, del citado precepto se colige que cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca del recurso de revisión de que se trata, advierta que la sentencia que se recurre deriva de un juicio de amparo indirecto y estime que dicho juicio debió tramitarse en la vía directa, será el propio tribunal colegiado de circuito quien declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento de la demanda, debiendo darle trámite en la vía directa. Esto es, por disposición del citado artículo 44, existe el imperativo legal de que los tribunales referidos, en dicho supuesto, cumplan con dos obligaciones jurisdiccionales: declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa. Sin que para ello sea obstáculo la jurisprudencia citada, pues como fue explicado, lo señalado en ese criterio fue emitido a partir de lo que disponía el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, el cual permitía esa interpretación, que ya no admite la ley vigente y, por tanto, se encuentra superada, en los términos del artículo sexto transitorio de la ley vigente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"." En ese sentido, también conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido del precepto citado: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la especie se advierte que el acto reclamado precisado, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo constituye la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, de su índice, a través de la cual, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, analizó la diversa de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva, lo que constituye, una resolución que pone fin al juicio, por consiguiente, se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, respectivo, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Consecuentemente, bajo la línea argumentativa expuesta se concluye que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación número 62/2021, de su índice, a través de la cual, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, analizó la diversa de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el expediente 456/2019, relativo al juicio de división de bien común, en la que se dictó sentencia definitiva, es impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, no así en amparo indirecto según el artículo 107, de la ley de la materia; de ahí que en el caso, el suscrito se declara legalmente incompetente para resolver sobre la resolución impugnada. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, número 2a./J. 5/91, Página: 47, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Administrativa, de rubro y texto: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable." Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, una vez que cause estado este acuerdo, remítase de inmediato el presente expediente, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que se pronuncie respecto de si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en su escrito de demanda. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Luis Delgado González, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza usuario para consulta de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "HECTORLUIS", toda vez que se encuentra registrada, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Habilitan días y horas inhábiles Integración de expediente electrónico Supresión de datos

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