Cruz Pascual Montiel Espinoza

Expediente 1613/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1613/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Cruz Pascual Montiel Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    ...veintidós. ACUSE RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, así como los autos originales del juicio de amparo 1613/2021-I. De igual modo, la autoridad oficiante informa que radicó el asunto bajo el número 30/2022; y que desechó por improcedente el referido medio de impugnación. .-. M-I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de enero de dos mil veintidós. RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene a Alejandro Gómez Escamilla, autorizado del quejoso Cruz Pascual Montiel Espinoza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de revisión contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo: 1. Envíense el juicio en que se actúa y el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para la decisión del recurso interpuesto. 2. Fórmese cuaderno de antecedentes..M-I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I

  4. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Cruz Pascual Montiel Espinoza, contra un acto de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1613/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Así, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Lucia Flores Miranda V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Es importante mencionar que la Ley de Amparo, en la fracción V del artículo 107 establece un concepto preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, lo que ocurriría por ejemplo si quien tiene interés en una controversia no es llamado a juicio, pues de facto se negaría su derecho fundamental de audiencia y, por consiguiente, se vería imposibilitado a ejercer su derecho a defenderse. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la legislación de la materia. Por las razones que la sustentan se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la resolución de once de noviembre del dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 411/2021 del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se declaró improcedente la recusación planteada por el quejoso Cruz Pascual Montiel Espinoza contra el juez del proceso, al considerar que actuó en forma imparcial al designar perito. De los antecedentes que, bajo protesta decir verdad, narra el promovente en la demanda, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que: ? Que el quejoso Cruz Pascual Montiel Espinoza tiene el carácter de demandado dentro del expediente número 201/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Pachuca de Soto, Hidalgo. ? El doce de julio de dos mil veintiuno el juez de origen designó como perito tercero en discordia a Carlos Teodoro Sánchez Téllez. ? El quejoso interpuso recusación contra el juzgador al considerar que su actuación, al designar al referido profesionista, es imparcial y tiene como finalidad beneficiar a su contraparte. La recusación fue radicada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo bajo el número 411/2011. ? El once de noviembre de dos mil veintiuno, la sala responsable declaró improcedente la recusación. Acto que constituye el recamado en el presente juicio. Como se advierte, el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no vulnera los derechos sustantivos del accionante; sino que, sus efectos, en su caso, sólo se traducen en violaciones procesales, susceptibles de ser reparadas al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a sus intereses y, en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlas a través del juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones X y XII1, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación, no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio. Sostener lo contrario, traería como consecuencia que el juicio de amparo indirecto se promueva tantas veces como violaciones procesales se cometieran en juicio, lo cual, en el caso que nos ocupa, implicaría la obstaculización de su curso natural. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.J/344, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, página 555, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo 1 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución de once de noviembre del dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 411/2021 del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se declaró improcedente la recusación planteada por el quejoso Cruz Pascual Montiel Espinoza respecto del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, no es acto de imposible reparación en contra del cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el juez de la causa civil, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, registro digital 2023342, de rubro y texto siguientes: RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda promovida por Cruz Pascual Montiel Espinoza. DOMICILIO Y AUTORIZADO DEL QUEJOSO. Se tiene como tal el ubicado en calle de ingenieros Mineros número 308, colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Gómez Jiménez y Alejandro Gómez Escamilla. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico 7711372933 y el correo electrónico alexescamilla13@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo.-. M-I

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano