Cruz Moreno Ramírez

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Cruz Moreno Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrita a coordinación regional en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Vehiculos robados en esta ciudad y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de vehículos robados; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando como delegados a los profesionistas que refiere, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.

  3. Incidental

    SENTENCIA INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 9/2019-I-2, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de enero de dos mil diecinueve, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Vehiculos robados en esta ciudad y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de vehículos robados, a quienes les reclamó el aseguramiento de dos vehículos que aduce son de su propiedad, ordenado en la carpeta de investigación *******, así como la negativa de devolverle dichos vehículos. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de nueve de enero del año en curso, se proveyó en el incidente de suspensión respecto de la demanda, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a la coordinación regional en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, del Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Vehículos robados en esta ciudad y del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de vehículos robados, al rendir su informe previo aceptó que los vehículos marca ******* línea ******* *******, color *******, modelo aproximado ******* sin número de serie, con placas de circulación ******* y marca ******* línea ******* *******, color *******, modelo *******, con número de serie ******* fueron asegurados con motivo de los hechos ocurridos el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que dieron inicio a la carpeta de investigación ******* por el delito de posesión de vehículos con reporte de robo y elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores y que se encuentra aún en investigación, por lo que, se tienen como ciertos los actos reclamados de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. El artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, considera, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. De ahí que de lo narrado por el quejoso ******* en su demanda de amparo y en lo manifestado por las autoridades responsables se desprende que el aseguramiento se realizó dentro de la carpeta de investigación ******* por el delito de posesión de vehículos con reporte de robo y elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores y que se encuentra aún en investigación por quien constitucionalmente se encuentra facultada para asegurar bienes dentro de la etapa de investigación desformalizada; asimismo, se desprende que los vehículos materia de este juicio de amparo se encuentran relacionados con el delito de posesión de vehículo con reporte de robo y elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores. Por ende, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva en los términos solicitados, ya que el interés general se afectaría si se dificultara la averiguación de los delitos, dado que la sociedad está interesada en el esclarecimiento de los hechos delictuosos, atento a que la prosecución de un procedimiento penal, para la investigación de delitos, como en el caso, comenzó desde que la autoridad ministerial haya tenido conocimiento del ilícito y continuado su investigación; de ahí, que en el caso resulte clara la imposibilidad de conceder la suspensión definitiva, dado que de hacerlo dicha medida pudiera traer el entorpecimiento en el esclarecimiento del ilícito respectivo, cuestión ésta que la sociedad y el Estado están interesados y es preponderante al interés individual, y por tanto, se contravendrían el orden público y el interés social. Lo anterior, sin dejar de considerar en sus justos términos la naturaleza de la violación alegada, en términos de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, toda vez que de lo narrado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierten circunstancias que pudieron servirle de fundamento a la responsable para decretar el aseguramiento reclamado, sin que en el caso se requiera que deba estar acreditado con prueba fehaciente que el bien mueble de referencia es instrumento, objeto o producto de algún delito. Tiene aplicación al caso, en lo que interesa, la Jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, del Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público. Además, de la lectura de los autos que integran este incidente, se advierte que en el caso no se acreditó que la verosimilitud del derecho que amerite la suspensión solicitada; pues resulta incuestionable, que el Tribunal Pleno estableció que para el otorgamiento de la medida suspensional el Juez de Distrito debe atender a la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que deberá considerar la esencia y propiedades características, tanto del acto de autoridad materia de impugnación, como del derecho subjetivo que se dice conculcado con dicho acto, para lo cual deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante (apariencia del buen derecho). Para un mejor entendimiento de ese extremo (verosimilitud o apariencia del buen derecho) que se exige para poder otorgar la medida suspensiva solicitada por la parte quejosa, resulta pertinente transcribir la ejecutoria que dio origen a la diversa jurisprudencia 15/96 que sustentó el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, del Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, del rubro siguiente: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Así pues, del anterior criterio, puede concluirse que como presupuestos para el otorgamiento excepcional de la medida suspensiva solicitada por la parte quejosa debe de acreditarse la verosimilitud o apariencia del buen derecho y peligro en la demora, basándose el primero de ellos en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, que aplicada a la suspensión del acto reclamado, implica que, la concesión de la medida requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa; de tal modo, que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, para lo cual debe de advertirse a simple vista la ilegalidad de los actos reclamados, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, sobre la base de un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. De ahí, que si en el caso no puede advertirse la ilegalidad del aseguramiento reclamado, por tanto, no se acredita el presupuesto de verosimilitud o apariencia del buen derecho, ya que por esos motivos con un cálculo de probabilidades no es posible concluir que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; sin que se óbice a lo anterior que el quejoso haya señalado que el representante social ya no formuló imputación en su contra; sin embargo, no existe constancia que robustezca esa afirmación e, incluso, del informe previo de las autoridades responsables se desprende que el delito se encuentra aún en investigación. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo, que quizá no sea favorable a la quejosa, por lo tanto, de otorgarse la medida cautelar sufriría perjuicio la sociedad, y se prejuzgaría precisamente sobre el fondo, lo que hace que no concurran los requisitos exigidos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 8/2019-I-2. Toda vez que la parte quejosa solicitó la suspensión de la negativa reclamada, se ordena tramitar el incidente de suspensión por separado y duplicado. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con treinta minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Respecto a las pruebas documentales que anexa consistentes en a) impresión con firma autógrafa del oficio ******* de catorce de diciembre de dos mil dieciocho signado por la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Robo de Vehículos y b) impresión con firmas autógrafa del escrito signado por el quejoso de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se tiene por admitidas y desahogadas dado que así lo permite su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de considerarlos en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la citada legislación. Respecto a la testimonial que anuncia no se tiene por admitida en virtud de que no se exhibió original ni copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, ni proporcionó el nombre y en su caso el domicilio, en términos de lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a las profesionistas que refiere, toda vez que se encontraron inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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