Cruz Manuel del Ángel Pérez
Expediente 1132/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2021
Partes del expediente
- Cruz Manuel del Ángel Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó el presente asunto; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables y de la dependencia tercero interesada (foránea) con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, habida cuenta que respecto a las primeras (autoridades responsables), conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie; mientras que, en cuanto a la segunda (tercera interesada), de acuerdo al dispositivo 82 de la legislación en comento, al haber obtenido resolución favorable únicamente podría adherirse a la revisión interpuesta por la parte quejosa, lo que no sucedió. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2a./J.6/2017, (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, visible a página 556, del libro 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de febrero de 2017, tomo I, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De igual forma, se cita la tesis I.6º.T.119.L, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Laboral, Décima Época, visible a página 3001, del libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de noviembre de 2014, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. La sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en la que el Juez de Distrito resolvió negar el amparo solicitado, no afecta en su esfera jurídica a la parte tercera interesada; por lo tanto, si ésta interpone el recurso de revisión en contra de aquélla, debe desecharse por improcedente, toda vez que la resolución dictada por el a quo, no le irroga perjuicio alguno." Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en las fracciones II y IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento ; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio principal, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se negó y se concedió la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. Por lo que, se deberán conservar todas las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Por lo que respecta al duplicado de este cuaderno, se determina que la fecha para su destrucción lo es a partir del ocho de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1132/2021-II, promovido por Cruz Manuel Del Ángel Pérez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en este órgano de control constitucional en esa misma data, Cruz Manuel Del Ángel Pérez, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Juez Primero de Primera Instancia Civil. 2. Juez Segundo de Primera Instancia Civil. Ambas con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "La falta de emplazamiento, la sentencia, su ejecución y el lanzamiento y en general todo acto tendiente a desposeerme del bien inmueble de mi propiedad del que soy propietario y poseedor jurídico." (Sic). SEGUNDO. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno con el número 1132/2021-II, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se ordenó emplazar al tercero interesado (foja 23); en su oportunidad, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, en razón de que el acto reclamado lo constituye una resolución de la autoridad responsable que tiene ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se establecerá cuál es el acto objeto del análisis constitucional. Así, tanto de la transcripción del acto reclamado, como del contenido de los antecedentes de los mismos y los conceptos de violación, se evidencia que el quejoso reclama: La falta de emplazamiento al juicio hipotecario número 46/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y, como consecuencia de esa irregularidad, también reclama todo lo actuado con posterioridad dentro de dicho juicio. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero de Primera Instancia Civil con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, y al no haberse desvirtuado tal aspecto, debe tenerse por inexistente la actuación que se le atribuye, aunado a que la quejosa no acreditó que la disposición citada se haya individualizado en su perjuicio. El quejoso no desvirtuó esa negativa, ni existe medio de convicción alguno que se contraponga a la misma; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de dicha autoridad aludida en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil; el Secretario de su adscripción; y, el Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, todos con sede en esta localidad, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que les reclamó la parte quejosa, lo que se acredita con las copias certificadas que remitió la primera de ellas, como complemento a su informe, a las cuales se les otorga el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo en vigor; consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados a las autoridades en cita. Cobra aplicación, en la especie, la jurisprudencia número 278, visible a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa existencia se constata, ya que al informe justificado se adjuntó copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo de este asunto, lo conducente es analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Sentado lo anterior, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". Dicha causal de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de un juicio constitucional, como el que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o material alguno, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cesación de los efectos del actos reclamados), no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto. En el caso, lo que se reclama a través del juicio constitucional en que se actúa, lo constituye la falta de emplazamiento al juicio hipotecario número 46/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y, como consecuencia de esa irregularidad, también reclama todo lo actuado con posterioridad dentro de dicho juicio. Ahora bien, de las constancias allegadas por la responsable, se advierten los antecedentes del acto reclamado, de los cuales merece destacar lo siguiente: 1. Por ocurso presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de su apoderado Alfredo Yair Salinas Salinas, promovió juicio hipotecario en contra de Cruz Manuel Del Ángel Pérez(fojas 33 a 39). 2. Por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, el juez responsable radicó bajo el número 46/2020, el cual admitió a trámite la vía especial hipotecaria intentada, ordenándose emplazar a la parte demandada (fojas 107 y 108). 3. Seguido el juicio en rebeldía, el dos de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se resolvió lo siguiente: "Primero. No ha procedido el juicio hipotecario promovido por el licenciado Alfredo Yair Salinas Salinas y continuado por la licenciada María Amelia Moreno Alemán, ambos en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores "INFONAVIT", en contra de CRUZ MANUEL DEL ÁNGEL PÉREZ, toda vez que la parte actora no justificó los elementos constitutivos de su acción. Segundo. Se absuelve a la parte demandada CRUZ MANUEL DEL ÁNGEL PÉREZ, de todas y cada una de las prestaciones que le reclama la parte actora en el presente juicio. TERCERO. No es procedente condenar a la parte actora al pago de las costas procesales, al no haber comparecido la parte demandada a hacer gestiones dentro del presente juicio (.) [fojas 146 a 154] 4. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito (foja 170). Por lo tanto, si como se dijo con anterioridad, el acto que en esta instancia se reclama, lo constituye la falta de emplazamiento al juicio hipotecario número 46/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y, como consecuencia de esa irregularidad, también reclama todo lo actuado con posterioridad dentro de dicho juicio, resulta evidente que el acto aquí reclamado, no le causa perjuicio a la parte quejosa puesto que el juez responsable resolvió que no precedió el juicio hipotecario promovido por el licenciado Alfredo Yair Salinas Salinas y continuado por la licenciada María Amelia Moreno Alemán, ambos en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores "INFONAVIT", en contra de Cruz Manuel Del Ángel Pérez, toda vez que la parte actora no justificó los elementos constitutivos de su acción, dentro del expediente 46/2020, de su estadística; a su vez, absolvió a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó la parte actora en el aludido juicio . Por ende, aún y cuando subsista el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, es decir la falta de emplazamiento que aquí reclama el agraviado, lo cierto es que el mismo ya no surtiría efecto legal o material alguno en la persona de la quejosa Cruz Manuel Del Ángel Pérez, toda vez que los efectos del acto de autoridad impugnado no dejan huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, en virtud de lo resuelto por el juez responsable, el pasado dos de febrero del año en curso, en que resolvió que no precedió el juicio hipotecario y absolvió al aquí quejoso de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Luego entonces, se sostiene que concurre en el presente caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y siendo esto así, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de garantías. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el número de registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este contexto y al decretarse el sobreseimiento en este juicio por los motivos expuestos, ello impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo; lo anterior de acuerdo a la tesis 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, Materia Común, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción II, 62, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Cruz Manuel Del Ángel Pérez, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo constitucional. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Coordinador General Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora, el informe justificado con que se da cuenta en este auto, es evidente que no fue recibido con la anticipación de ocho días al de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, las partes no tuvieron el tiempo suficiente para imponerse del contenido de los mismos, ni de hacer valer lo que a sus intereses convenga. En consecuencia de lo expuesto, se cita a la audiencia constitucional, misma que tendrá verificativo a las diez horas con treinta y ocho minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
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