Cruz Mandujano Navarro

Expediente 784/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
784/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Cruz Mandujano Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las documentales remitidos por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, en apoyo su informe justificado, las cuales fueron agregadas mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud, de ser innecesarias en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente proveído. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial Federal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en esta localidad, mediante el cual comunica que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los razonamientos y fundamentos vertidos en la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por tanto, en cumplimiento a la determinación de la Superioridad, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por CRUZ MANDUJANO NAVARRO, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta localidad. Se ordena formar el expediente respectivo y realizar su registro en el Libro Uno de Juzgado, con el número de expediente 784/2018-5A. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de demanda, al advertir el suscrito juzgador un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se trata. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (a contrario sensu), de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De las constancias existentes en el presente juicio de amparo, valoradas en el considerando cuarto de este fallo, se advierte que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dictó un acuerdo el diez de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 72/2018-IV, donde declaró incompetencia y declinó competencia para conocer del asunto en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. En esa virtud, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, por no ser definitivo, lo anterior se considera de tal manera, toda vez que la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo, acontecería si la segunda autoridad aceptara la competencia declinada a su favor, determinación contra la cual procedería el juicio de amparo, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada VI.2o.T.1 K (10a.), visible en la página 1940, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006404, cuyo contenido y rubro son: COMPETENCIA. LA SOLA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA DECLINA ES INSUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE VULNERE DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO. El hecho de que el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, disponga que el juicio de amparo indirecto procede contra la determinación de una autoridad en la que inhibe o declina la competencia, o el conocimiento de un asunto, no implica que deba imperar su sentido gramatical; por el contrario, debe interpretarse sistemáticamente con la regla general de procedencia de amparo indirecto del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción V del artículo 107 de la propia Ley de Amparo, los cuales fijan el supuesto general de procedencia para actos dentro del juicio, cuya condición necesaria es que sean de imposible reparación; es decir, cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos. En esa medida, si una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado declina su competencia para conocer de un asunto a favor del Tribunal de Arbitraje del Estado, ese acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el tribunal de arbitraje al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta y al margen de que puede darse el caso de que éste estime que tampoco sea competente o, incluso, también podría generarse un conflicto competencial entre ambas autoridades laborales; de ello se sigue que el acto reclamado consistente en la declaratoria de incompetencia de una Junta local no es un acto de imposible reparación, al no establecerse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Por lo anterior, se concluye que la sola determinación de incompetencia no vulnera los derechos fundamentales del gobernado." Por tanto, la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dependerá de que éstos sean definitivos, lo que no acontece en el caso, pues de las constancias de autos no se advierte la existencia de un acuerdo donde la junta a la que se declinó la competencia la haya aceptado, sino únicamente que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ordenó remitir el aludido expediente laboral a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para su conocimiento. De lo cual, no se desprende que esta última haya aceptado la competencia que se le planteó; consecuentemente, el acto reclamado no es definitivo, por ende, no se ajusta a las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia; de ahí que, se considere un acto que no es de ejecución irreparable. En consecuencia, al quedar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, en términos del artículo 113, de la propia ley. DOMICILIO DE QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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