Cruz García González
Expediente 1718/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1718/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/08/2019
Partes del expediente
- Cruz García González
Actuaciones
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- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 89 a 92), el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tecuala, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 94), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que indicaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 69 a 75), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.)la autoridad responsable: a) Deje insubsistente el proveído reclamado; y b) emita otra en la que, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, resuelva lo que conforme a derecho proceda en relación con el incidente de levantamiento de medida cautelar planteado en autos.". Resolución que causó ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 84 a 85). Ante ello, a través de oficio y anexo recibidos el once de junio de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 89 a 92), el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tecuala, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de mayo del presente año (fojas 91 a 92), en el que: Dejó insubsistente el proveído de tres de julio de dos mil dieciocho dentro del juicio 211/2017 de su índice, únicamente respecto de lo determinado con relación a la promoción del incidente de levantamiento de medida cautelar promovido por el aquí quejoso. Emitió uno diverso tomando en consideración los artículos 621 y 630 de la ley adjetiva civil del Estado de Nayarit, por lo que determinó admitir el incidente de levantamiento de medida cautelar solicitado por Cruz García González en el contradictorio de origen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar provisional y definitiva se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que déjese por separado para tales efectos. Finalmente, devuélvase a la responsable un legajo de constancias que a su informe justificado, toda vez que su retención resulta innecesaria. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tecuala, Nayarit y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de mérito, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tecuala, Nayarit y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de mérito, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintinueve de marzo de la presente anualidad (fojas 69 a 75), en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el cómputo de dicho término para la responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tecuala, Nayarit, en virtud de que ésta es un órgano jurisdiccional y, por tanto, carece de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XVIII, Julio de 2003, novena época, página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tecuala, Nayarit, para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice de este proveído, acate en sus términos el fallo protector de que se trata Y una vez que lo haya realizado, informe de inmediato sobre su cumplimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. **
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