Cruz Estrella Alonso Luna y Otros.
Expediente 13/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Cruz Estrella Alonso Luna y Otros.
- Cruz Estrella Alonso Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintisiete de noviembre al diez de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Destrucción del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del referido expediente y en su oportunidad, remítase el acta respectiva de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, de los que aparece que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya notificado a través oficio dicha determinación a la tercera interesada ***, representante en suplencia adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese orden de ideas, y en aras de integrar debidamente el presente juicio de amparo, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase a la citada parte procesal copia autorizada de la sentencia emitida el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 13/2020-1, promovido por Leticia Luna Camacho, por sí y en representación de su menor hija de iniciales C.E.A.L., contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad capital, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data; Leticia Luna Camacho, por sí y en representación de su menor hija de iniciales C.E.A.L., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:| "1.- El C. FISCAL GENERAL DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ a través de sus subordinados Agentes del Ministerio Público y Agentes de Policía. 2.- La C. EVANGELINA PANTOJA, en su carácter de TRABAJADORA SOCIAL de la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 3.- El PROCURADOR DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOSCENTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- De las Responsables se reclama la orden y ejecución de sustraer a mi menor hija sin orden judicial que mediara, irrumpiendo en nuestro domicilio a través de la fuerza pública para lograr dicho objetivo y sin que la de la voz estuviera presente, sin que a la fecha la suscrita tenga conocimiento de porque (sic) mi hija fue sustraída de nuestro domicilio y de mis cuidados, ni mucho menos su paradero, así mismo, no se me ha permitido comunicarme con ella en forma alguna, no obstante su corta edad y que soy la única persona a su cuidado, inclusive no se me ha permitido conocer la investigación que pudiera estar relacionada con dichas acciones, no se han hecho de mi conocimiento mis derechos, ni los de mi menor hija y se tiene el temor fundado que la actuación arbitraria de las Responsables permita que se le esté maltratando físicamente, lo que conlleva a la privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos a mi menor hija por conducto de las Responsables.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 19, 20, 21 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. I. Por auto de ocho de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se requirió a las autoridades responsables por la rendición de sus informes justificados. II. En acuerdo emitido el catorce de enero de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda inicial respecto de las diversas autoridades responsables Centro de Asistencia Casa Cuna "Margarita Maza de Juárez", por conducto de su Directora; y Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer; por lo que, se decretó la suspensión de plano respectiva y se pidió informes justificados a las nuevas autoridades designadas. III. En el proveído emitido el veinte de febrero de dos mil veinte se determinó que existía un motivo de diferimiento y se señaló como nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil veinte. IV. El seis de marzo de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días otorgado, manifestara si era su deseo señalar como diverso acto reclamado el acuerdo de entrega de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el que el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ordenó el resguardo de la niña de iniciales C.E.A.L. a su tía materna María Elena Luna Camacho, así como el acta respectiva donde se materializó la entrega de la indicada menor a su familiar, de veinte de febrero de dos mil veinte. V. En la data y hora fijadas, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, esto último no pudo efectuarse ante la contingencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARS CoV-2 y por la suspensión de labores decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tal motivo. VI. Por auto de trece de agosto de dos mil veinte, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la reactivación y continuación del trámite del presente juicio, por tanto, se levantó la suspensión de plazos y términos, de modo que las partes estarían en aptitud de promover lo que a sus intereses conviniese; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VII. En seis de octubre de dos mil veinte, se hizo efectivo a la parte quejosa (Leticia Luna Camacho y la menor C.E.A.L., por conducto de su representante especial María Guadalupe Monsiváis Arredondo) el apercibimiento decretado en acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, ya precisado y se tuvo por no señalando como nuevos actos los antes mencionados, por lo que se ordenó dictar la resolución que en derecho correspondiera, tal como aparece planteada la demanda de amparo inicialmente. VIII. En la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, ninguna de las partes se apersonó a la misma, por lo que su desahogo tuvo verificativo conforme con el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados se ejecutaron en esta ciudad capital, lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo fue promovida dentro del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que la aquí quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el cinco de enero de dos mil veinte. Por tanto, si el libelo constitucional se presentó el ocho de enero de dos mil veinte, es decir, al tercer día siguiente a la fecha de conocimiento, es indudable que se instó dentro del plazo referido; además, que ninguna de las autoridades responsables demostró lo contrario. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, su ampliación, así como de la totalidad de constancias que integran este expediente.... En ese sentido, se advierte que la parte quejosa reclamó los actos de las autoridades responsables que enseguida se precisan: Del Fiscal General del Estado; la Trabajadora Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Centro de Asistencia Casa Cuna "Margarita Maza de Juárez", por conducto de su Directora; y la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer: la orden y ejecución de sustraer a la menor de identidad reservada de iniciales C.E.A.L., del domicilio donde vivía con su madre, sin orden judicial y sin consentimiento de su progenitora, para ser depositada en el Centro de Asistencia "Margarita Maza de Juárez" en esta ciudad. La incomunicación, malos tratos y privación ilegal de la libertad de la mencionada menor. CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos y privación ilegal de la libertad de la menor C.E.A.L., porque aunado a que así lo manifestaron las autoridades responsables Evangelina Pantoja Hernández, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Fiscal General del Estado; Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; y Directora General del Centro de Asistencia Social "Margarita Maza de Juárez", en el Estado, en sus informes de ley, lo cierto es que así se corroboró por los diligenciarios adscritos a este órgano jurisdiccional, tal como hicieron constar en las actas levantadas para tal efecto el ocho de enero de dos mil veinte (foja 21) y catorce de enero de dos mil veinte (foja 85), en las que, respectivamente hicieron constar que: Diligencia de ocho de enero de dos mil veinte. "(.) Una vez que tengo a la vista a la citada menor C.E.A.L., procedo a dar fe de lo que me permiten los sentidos, observando que la citada menor se encuentra estable, tranquila y sonriente, refiriéndome la directora que la menor a su llegada tenía lesiones en su espalda, pero en razón de que en estos momentos la menor se encuentra merendando no pude describirlas, pero que esas lesiones ya no son visibles, así también me refiere la Directora que tenía escabiasis en sus piernitas por falta de higiene, que eran ronchitas, a lo que la Directora en este momento procede a descubrir las piernas de la menor únicamente de la rodilla al pie, observando en la pierna derecha en el chamorro, pequeños granitos blancos, casi invisibles, así como una cicatriz violácea ya seca de aproximadamente un centímetro, procediendo la Directora a cubrir a la menor. Mostrándose en todo momento la menor estable, tranquila y sonriente, se nota que está integrada con sus compañeritos, con quienes platica. Refiriéndome la Directora Ma. Elena Gámez Castro que la menor se encuentra bajo su resguardo en esta institución, ya que como Directora del albergue ella es la tutora y responsable de los menores. Acto seguido, hago constar que se identificó a la menor mediante una dinámica de presentación de los menores, ello con la finalidad de salvaguardar la integridad emocional de la menor C.E.A.L. (.)" Diligencia de catorce de enero de dos mil veinte. "(.) Acto seguido, una vez que me es puesta ante mi presencia la menor buscada, es decir C.E.A.L., el que suscribe hago constar y doy fe, de que efectivamente, dicha menor aún se encuentra físicamente en el Centro de Asistencia Casa Cuna Margarita Maza de Juárez, menor de edad que cuenta con la media filiación aproximada de tez morena, complexión delgada, de cabello largo y lacio, color negro, cara afilada, boca chica y labios delgados, nariz ligeramente ancha, de alrededor de tres a cuatro años de edad. Asimismo, con respecto a su estado físico, a simple vista, el que suscribe hago constar y doy fe que la menor que se encuentra dormida en este instante, se aprecia en buenas condiciones físicas, sin golpes o lesiones a la vista, además de así corroborármelo la enfermera Juana Lilia Moreno, misma que además me indicó que la citada menor está bajo el resguardo de la Directora María Elena Gámez Castro." Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se obtiene que la menor quejosa no fue privada ilegalmente de su libertad, sino que la misma fue extraída del domicilio donde habitada como parte de una medida de protección consistente en el resguardo y albergue provisional decretada en su favor por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer. Medida por la que se mandó depositar a la menor en el Centro de Asistencia Social "Margarita Maza de Juárez", para su resguardo provisional. Lo anterior obedeció a que la menor fue encontrada en el domicilio que habitaba, sola y llorando, la cual se asomaba a la ventana de la puerta principal del cuarto donde se localizaba y porque según lo manifestado por los vecinos del lugar, la mamá de la menor la había dejado sola por tres días para irse a trabajar, que no le daba de comer, ni la bañaba, reportándose que la niña se encontraba llorando y pidiendo que la sacaran del domicilio. De dichas constancias, también se obtiene la existencia de un certificado médico emitido el cinco de enero de dos mil veinte, por la doctora Erika Beatriz Castillo Ipiña, médico de guardia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (foja 38), en el que valoró a la menor, y que en lo que interesa, hizo constar: "(.) NO REFIERE DOLOR O MALESTAR AL MOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN. A la exploración física: PRESENTA HEMATOMAS EN REGION ESCAPULAR IZQUIERDA Y DERECHA, EN REGIÓN DORSAL Y LUMBAR IZQUIERDAS CON AUMENTO DE VOLUMEN Y DOLOR A LA PALPACIÓN Y PRESENTA ESCORIACIONES DERMICAS CON COSTRA Y HEMATOMA NO RECIENTES EN REGION DE MUSLO LATERAL IZQUIERDO, SIN SEÑAS PARTICULARES. ." También obra un resumen médico expedido por el Médico Pediatra Gustavo Andrés Domínguez Aguilera, de nueve de enero de dos mil veinte (foja 118), respecto de la indicada menor, en el que, en lo relevante, hace constar que: "(.) Se trata de preescolar femenino de 3 años 5 meses de edad, quien fue encontrada al parecer abandonada en el interior de una vivienda, se reporta que es extraída de la misma a través de los barrotes de una ventana lo cual le ocasiona lesiones en espalda, Ingresa el día 6 de enero de 2020 a las 02:20 am a la Casa Cuna Margarita Maza de Juárez en malas condiciones de higiene, con marcas de golpes en la espalda, huellas de rascado en miembro inferior izquierdo con lesiones dérmicas que parecer corresponder a escabiasis. Permanecerá en resguardo de esta institución hasta que se resuelva su situación jurídica A la exploración física de ingreso el día 6 de enero del año presente se encuentra femenino íntegra, bien conformada con actitud libremente escogida, retraída pero entabla conversación en forma adecuada para su edad, sin malformaciones congénitas aparentes. Cráneo Normocéfalo, sin endo o exocitosis, cuero cabelludo aparentemente saludable. Cara simétrica, íntegra, conjuntivas normocrómicas, movimientos oculares sin alteraciones, pupilas isocóricas y reactivas a estímulo luminoso y consensual; orofaringe y amígdalas de características normales y sin datos de infección local, mucosas oral y nasal húmedas, paladar íntegro, no se observan caries. Ambas membranas timpánicas normales. Cuello cilíndrico, movilidad conservada, tráquea central sin tumoraciones ni adenopatías. Campos pulmonares con murmullo vesicular generalizado, no se auscultan agregados, buena movilidad torácica. Precordio con revoluciones cardiacas rítmicas, no existen soplos. En región dorsal toracolumbar a nivel de línea media escapular se visualiza equimosis de coloración violácea tenue y dos lesiones aparentemente por rasguño, sin excoriación. Abdomen normal, cicatriz umbilical normal. Genitales Femeninos sin alteraciones. Extremidades superiores e inferiores normales, movilidad conservada. En miembro inferior izquierdo se observan a nivel de muslo lesiones dérmicas pápulas de 1 a 2 mm de diámetro, no confluyentes, pruriginosas, se observan huellas de rascado con excoriación. En mano derecha a nivel de falange media de 1° y 2° dedo se encuentran costras, ella refiere que se machucó con puerta. Se administró tratamiento tópico con benzoato de bencilo en una aplicación, con lo que hubo una mejoría importante en las lesiones en miembro inferior izquierdo descritas previamente. El día de hoy se encuentra en buen estado general, interactuando con sus compañeros de Casa Cuna, acepta dieta a complacencia." Como se ve, la menor no fue privada en forma ilegal de su libertad, no se le incomunicó, ni se le propinó maltrato por parte de las responsables, sino que la extracción del domicilio obedeció a orden dada por autoridad ministerial como medida de protección de la niña y atento a su interés superior, toda vez que estaba en estado de abandono y sin cuidado alguno de un adulto, mientras que las lesiones que la infante presentó se debieron, algunas antiguas (ya cicatrizadas), otras a su estado de salud originado por la falta de higiene en que se encontraba en el hogar familiar y otras más a la mecánica de hechos para lograr extraerla del domicilio donde estaba abandonada (ventana de una habitación), pero no a golpes, palos, azotes o malos tratos por parte de las responsables. De igual modo, es inexistente el diverso acto reclamado relativo a la orden y ejecución de sustraer a la menor de identidad reservada de iniciales C.E.A.L., del domicilio donde vivía con su madre, sin orden judicial y sin consentimiento de su progenitora, para ser depositada en el Centro de Asistencia "Margarita Maza de Juárez" en esta ciudad; sin que se le informara a esta última su paradero ni se le permitiera comunicarse con la referida menor, atribuido al Fiscal General del Estado, pues así lo negó categóricamente en su informe justificado (foja 121), sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario. En ese contexto, ante la inexistencia de los actos reclamados ya referidos, atribuidos a las autoridades mencionadas, en forma respectiva y sin prueba alguna en contrario, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 284, consultable en la página 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común, Primera Parte-SCJN Segunda Sección-improcedencia y sobreseimiento, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de actos. Es cierto el diverso acto reclamado consistente en la orden y ejecución de sustraer a la menor de identidad reservada de iniciales C.E.A.L., del domicilio donde vivía con su madre, sin orden judicial y sin consentimiento de su progenitora, para ser depositada en el Centro de Asistencia "Margarita Maza de Juárez" en esta ciudad, atribuido a las autoridades responsables Evangelina Pantoja Hernández, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; y Directora General del Centro de Asistencia Social "Margarita Maza de Juárez", en el Estado; pues así se desprende de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados. Se invoca al efecto la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." La certeza anterior se corrobora con las documentales remitidas por las indicadas responsables, mismas que quedaron valoradas en párrafos que anteceden. SEXTO. Estudio de procedencia. Previo al análisis de la Litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hagan valer las partes o se advierta de oficio, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.... De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho humano vulnerado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Se destaca que los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Al respecto, se destaca que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.... Antecedentes del caso. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se obtiene lo siguiente: ... Los antecedentes precisados, revelan que el acto reclamado consistente en la orden y ejecución de sustraer a la menor de identidad reservada de iniciales C.E.A.L., del domicilio donde vivía con su madre, sin orden judicial y sin consentimiento de su progenitora, para ser depositada en el Centro de Asistencia "Margarita Maza de Juárez" en esta ciudad, por el simple transcurso del tiempo, se consumó de forma irreparable, porque tal medida de resguardo provisional en dicho centro de asistencia ha concluido, mientras que actualmente la menor se encuentra con su tía materna por disposición emitida por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.... En efecto, la medida de protección urgente decretada por la Representación Social consistente en el ingreso y permanencia de la menor en un centro de asistencia social por el tiempo que determinara el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por virtud de la cual la infante fue extraída del domicilio donde habitaba con su madre y sin el consentimiento de esta última, que reclama la parte quejosa, ha quedado consumado de modo irreparable, dado que ésta surtió todos sus efectos al haber sido ejecutada hasta el veinte de febrero de dos mil veinte, data en la que la menor C.E.A.L. fue entregada a su tía materna en cumplimiento a lo ordenado por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en proveído de diecisiete del mismo mes y año. De manera que, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice vulnerado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrar el tiempo que la menor permaneció alojada en el Centro de Asistencia Social, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Entonces, el acto ha dejado de tener consecuencias jurídicas sobre la parte quejosa, y las violaciones que en su caso hubieran existido al ejecutarse, han quedado irreparablemente extinguidas, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron, y que no pueden retrotraerse por los efectos de una hipotética sentencia amparatoria.... Sin que obste para considerarlo así que se hubiera emitido diversa determinación, posterior a la presentación de la demanda de amparo, en relación con la menor involucrada, en específico, su entrega a un familiar directo, toda vez que como se estableció en párrafos que anteceden, con ese nuevo acto íntimamente ligado al primero, se dio vista a la parte quejosa (tanto a la madre de la infante como a su representante especial) para que dentro del término de quince días que se le concedió, manifestara si era su deseo ampliar la demanda inicial, sin que dicha parte procesal hubiera hecho manifestación alguna, no obstante que se le notificó tal aspecto de forma personal; por lo que, es innegable que ello no forma parte de la Litis constitucional en este sumario, por lo que tal aspecto no puede ser analizado. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia motivo de estudio, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Luna Camacho, por sí y en representación de su menor hija de iniciales C.E.A.L., contra los actos reclamados a las autoridades responsables Evangelina Pantoja Hernández, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Fiscal General del Estado; Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; y Directora General del Centro de Asistencia Social "Margarita Maza de Juárez", en el Estado, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente....
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a, b) y c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa *** y tercero interesada ***, la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Luna Camacho, por sí y en representación de su menor hija de iniciales C.E.A.L., contra los actos reclamados a las autoridades responsables Evangelina Pantoja Hernández, Trabajadora Social adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; Fiscal General del Estado; Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; y Directora General del Centro de Asistencia Social "Margarita Maza de Juárez", en el Estado, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente....
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Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes
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- Cristina Torres Rodríguez909/2017
- Cristofer José Bonilla Suárez1098/2021
- Cristopher Andrei Armendarez Corpi832/2017
- Cristopher Blanco Jurado887/2022
- Cristopher Emmanuel Loyola Salazar1255/2015
- Cruz Renteria Flores208/2018
- Cuauhtémoc Felipe García Ramos201/2023
- Cuauhtemoc Felipe García Ramos499/2023
- Cutberto Rodríguez Vargas503/2016
- Cynthia Angélica Sánchez Sesma1332/2023
- Cynthia Aracely Guillen González1003/2022