Cruz Enrique Gomez Morales
Expediente 322/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2019
Partes del expediente
- Cruz Enrique Gomez Morales
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, no obran en autos las constancias de notificación de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, con el que se acredite que fueron notificadas del auto de dieciséis de abril del año en curso, en el que se les requirió el cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. En consecuencia, requiérase al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba el oficio respectivo, se sirva remitir a este Juzgado los acuses de recibo de las piezas postales con registro MA102352878MX, MA102356203MX, MA102356217MX, MA102356225MX y R,118026023MX, recibidas en esa administración, de acuerdo a las facturas cuatro mil novecientos (4900), cuatro mil novecientos dos (4902) y cuatro mil novecientos siete (4907) de ocho, catorce y veintiuno de mayo del año en curso, respectivamente que se anexan al oficio correspondiente, o bien, informe sobre el destino dado a las mismas. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Requerimiento. Atento lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase de nueva cuenta al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California (autoridad responsable), Oficial Mayor (autoridad vinculada), Tesorero (autoridad vinculada) y Sindicatura Municipal (Autoridad vinculada) todos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California y Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California (autoridad responsable), por la vía más expedita con la que se cuente sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria; para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y lo informen a este Juzgado de Distrito, por la vía más rápida a su alcance, o al correo electrónico oficial 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx de este Juzgado de Distrito, o en su defecto, vía fax, al número de teléfono (686) 5598100 extensión 1045 debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Actuaciones a realizar de las autoridades. En virtud de lo anterior, se requiere al: Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, para el efecto de que realice las siguientes acciones: a) Requiera a los integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como a los funcionarios que corresponda, para que adopten las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer las obligaciones contenidas en el laudo; b) De ser necesario, requiera a los integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como a los funcionarios que corresponda, para que incorporen lo resuelto en el laudo -en cuanto a la condena- en el siguiente presupuesto de egresos, a efecto de que sea cumplido; c) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo (referidos en los incisos anteriores), aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se harán acreedores a una multa; y, d) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo, aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público por la comisión del delito de desacato. Se precise además que en términos del artículo 197 de la ley de Amparo todas las autoridades que deban participar en la ejecución de la sentencia de amparo, se encuentran vinculadas a su cumplimiento. e) Informe la resolución dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones del juicio laboral burocrático 28/2014-I, de su índice. f) Informado lo acontecido con la vista otorgada a la parte aquí quejosa Sandra Luz Cano Barrios, por auto de quince de abril de la presente anualidad, que informó a este órgano jurisdiccional por oficio AMP/OF/2517. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que proceda con prontitud a dictar y tomar las medidas necesarias para lograr el total cumplimiento del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 28/2014-I, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; asimismo, informe de manera concreta cuales son los puntos que este Tribunal de Amparo debe requerir al Congreso del Estado de Baja California, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Oficial Mayor y Tesorero del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, lleven a cabo las gestiones necesarias para lograr el pago total del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 28/2014-I, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California que en lo conducente dice: [.] para que pague a la parte actora C. SANDRA LUZ CANO BARRIOS, la cantidad de $160,500.00 pesos m. n. la cual se obtuvo de multiplicar la cantidad de $1,500.00 pesos m. n., por concepto de diferencia de salario por concepto de otras prestaciones, cantidad que da de multiplicar 107 catorcenas que comprenden las catorcenas transcurridas del mes de septiembre del año 2013 a la última catorcena del mes de septiembre del 2017, asimismo se condena a las diferencias que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento al laudo, a razón de $1,500.00 pesos catorcena [.]. Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, informe la fecha en que quedó legalmente notificada del oficio 7809/2019 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve del índice de este Juzgado; y en su caso, remita copia fotostática certificada del acuse de recibo de dicho oficio. Apercibimiento. De no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por doscientos, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y al ser esta la última ocasión, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que de ser omisa en lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional en líneas que preceden, podrá ser objeto de diversa multa, hasta por el equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por mil. Apercibimiento. Así como, de persistir en la dilación injustificada del cumplimiento serán consignados ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículo 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo de dicho numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior, en cumplimiento de la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito de en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, lo anterior con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, radicándola bajo el número de amparo 559/2019. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en términos del numeral vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en el Estado de Baja California, con sede en Tecate; fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno con el número 322/2019. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso, señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto Reclamado: De la autoridad señalada como responsable reclamo la Resolución en Audiencia Pública de fecha 04 de Abril de 2019, en la cual determino negar el beneficio de la Libertad Condicional establecido en el Articulo 136 y 137 del Código Nacional de Ejecución de Penal, conculcando con ello, el Derecho Humano de la libertad, y los principios de Legalidad y seguridad Jurídica y el principio pro-persona contenido en el Artículo 1, 14, 16, 18 y 21 de la Carta Magna del País." Asimismo, de la presente demanda de amparo se advierte que el directo quej**********, manifiesta que se encuentra actualmente privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social denominado "el Hongo 1" en el Municipio de Tecate, Baja California. Por lo que este Juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio. Para avalar esta postura, conviene tener presente lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1). Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2). Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis antes precisadas, se desprende que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, si éste la tiene, operará alguna de las dos primeras reglas, y si carece de ella, se estará en presencia de la última. De ahí que, al verificar la naturaleza del acto reclamado en esta vía, consistente en que la autoridad responsable, determinó negar el beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 136 y 137 del Código Nacional de Ejecución de Penas; luego, dado que si se toma en consideración que el promovente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social denominado "el Hongo 1" en el Municipio de Tecate, Baja California, por tanto, resulta claro que en el caso, no se surte la competencia de este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, para conocer del juicio de amparo de que se trata, puesto que si se toma en consideración que el promovente se encuentra interno en dicho centro de readaptación social y el acto reclamado se hace consistir en la negativa del otorgamiento de alguno de los beneficios de ley; por ende, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada con anterioridad, si el acto reclamado tiene ejecución, y el mismo se ha ejecutado y puede seguir ejecutándose en el lugar donde aquél esté recluido, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario de referencia, que en el caso lo es, el Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Tijuana, Baja California. En esta tesitura, dado que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Apoya lo anterior, por las razones que expresa, la tesis con datos de identificación cuyos datos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Décima Época, con Registro: 2012019, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia Común, Tesis: II.2o.P.16 K (10a.) y Página: 2093." Consecuentemente, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo número 322/2019, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo; solicítese de la manera más atenta informe a este Juzgado Federal si se aceptó o no la competencia planteada. Suspensión del acto reclamado. Lo anterior, sin proveer respecto a la suspensión del acto reclamado, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que además de carecer de competencia legal, en el asunto que nos ocupa los actos de autoridad impugnados no se tratan de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Domicilio. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Notificación por exhorto. Atento a lo anterior, toda vez que el quejoso *********, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social denominado "el Hongo 1" en el Municipio de Tecate, Baja California, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como en el diverso artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana; solicitándole en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar a quien corresponda, para el efecto de que proceda a notificar personalmente al quejoso de mérito en el domicilio anteriormente precisado, a quien deberá notificar el presente auto; se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario; sin que resulte necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, dado que el propio sistema expide el comprobante de su remisión. Habilitación. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario; se solicita el acuse de recibo correspondiente. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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