Cruz Elva Melchol Bernal

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 36 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Cruz Elva Melchol Bernal
  • Director de Recursos Humanos de Oficialia Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación practicada por el Secretario del Juzgado, ha transcurrido el plazo de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad que prevé el diverso 210 del propio ordenamiento, en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo, promovido por ********************en el que se declaró CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho.********************Archivo********************Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido; y, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno......

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta que vía electrónica presenta la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, actuando en representación de Oficialía Mayor, mediante el cual, anexa oficio suscrito en veintisiete de febrero de esta anualidad, por el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, con el que solicitó a la Dirección Contenciosa de la Subconsejería Jurídica del Estado, informara respecto a la viabilidad de entablar una demanda para iniciar un proceso por la vía mercantil contra la moral aseguradora "Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable", por el incumplimiento del contrato administrativo de suministro 32065001- 089-2018-1 y de la póliza de seguro 12 650 01. Derivado de lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de acatar los extremos y alcances de lo determinado en la ejecutoria de amparo, solicita se conceda un plazo de diez días para hacer del conocimiento a ese Juzgado de la viabilidad de iniciar proceso de demanda en la vía mercantil contra la aseguradora en cuestión. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede a la autoridad OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, el término de DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que informe a este juzgado la determinación emitida respecto a la viabilidad de iniciar un proceso de demanda por la vía mercantil en contra de la aseguradora "Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable", por el incumplimiento del contrato administrativo de suministro 32065001-089-2018-1 y de la póliza de seguro 12 650 01, al haber sido celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado, representado por la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor y la citada moral aseguradora. Lo anterior, con el propósito de que se dé cumplimiento al pago del beneficio de seguro de vida del fallecido Sabino Ocegueda Espinoza a la única beneficiaria **********, en cumplimiento al fallo protector. Queda APERCIBIDA, que en caso de omisión a este mandato judicial en el término que para tal efecto se le concede, se hará acreedora a una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se podrá proceder en términos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, en atención a las pretensiones que formula en el libelo de mérito, es pertinente precisarle que este juzgador no comparte la apreciación atinente a que por "enésima" vez se le ha concedido prórroga a las autoridades responsables por el lapso de diez días hábiles, con el fin de que den cabal y total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Lo anterior es así, ya que resulta evidente que de las constancias y actuaciones judiciales conformadas durante la presente fase de ejecución de sentencia, no se han emitido "un número indeterminado de prórrogas a las autoridades responsables" como lo infiere el autorizado de la parte quejosa. Ello, en virtud de que únicamente obran dos concesiones de solicitud de plazo adicional de diez días hábiles, acordadas por esta autoridad jurisdiccional, mediante proveídos de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; situación que se estimó justificada en virtud de que las autoridades responsables han acatado continuamente sendos requerimientos emitidos durante la substanciación de la presente fase de ejecución de sentencia, dentro de los plazos que le han sido exigidos, con el único fin de cumplir cabalmente las disposiciones normativas contempladas en los ordinales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, 192, 193, 196 y 197 de la Ley de Amparo, para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado, verificando que las cosas hayan vuelto al estado en que se encontraban previamente a la afectación de sus derechos, situación que en la especie aún no ha acontecido. En ese tenor, se debe tomar como base que este órgano jurisdiccional ha llevado a cabo todas las medidas necesarias y conducentes para logar el cumplimiento total del fallo protector, puesto que a partir del proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, en el que se agregó a los autos copia certificada del testimonio de resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 52/2022 por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, se han emitido actuaciones y trámites pertinentes a efecto de acatar las precisiones de la Superioridad, específicamente atendiendo a lo siguiente: ".Entonces, si bien los documentos que obran en el juicio de amparo indirecto subyacente, demuestran que han pagado a la quejosa las prestaciones del Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; sin embargo, no evidencian que se haya cubierto el seguro de vida contemplado en la póliza contratada con la moral Aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante, que las propias responsables refirieron tenía derecho a ese pago. En consecuencia, la sentencia de amparo no debió tenerse por cumplida hasta en tanto se demostrara que se pagó a la quejosa el seguro de vida contemplado en la póliza contratada con la moral Aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable, o bien se informara la imposibilidad materia o jurídica para tal efecto. Se precisa que en el caso para que la ejecutoria de amparo se considere cumplida, debe atenderse no sólo a la parte final del último considerando de la sentencia a cumplimentar, sino a la totalidad de las razones que motivaron la concesión del amparo, ya que únicamente de esta manera puede comprender, en toda su amplitud, lo que debe realizar la responsable, que en el caso es la celebración de las dos audiencias que ya han sido especificadas en párrafos precedentes.." En atención a lo anterior, se insiste que en el presente juicio, esta autoridad jurisdiccional ha requerido insistentemente por el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables mediante proveídos de trece y veinticinco de octubre, veintitrés de noviembre, dos, doce y veintiocho de diciembre, todos de dos mil doce, así como el seis, dieciséis, veinticuatro de enero y finalmente el diecisiete de febrero del año en curso. Circunstancia que estimo no debe soslayar el promovente para estimar que esta autoridad jurisdiccional esté postergando el cumplimiento al fallo protector, puesto que el actuar de las responsables para dar cumplimiento al tópico que precisó la Superioridad, el cual fue precisado en párrafos precedentes, de autos se advierte que no han sido contumaces, puesto que éstas han desplegado conforme a las atribuciones que tengan a su alcance, diversas gestiones para obtener el cumplimiento cabal y completo de los efectos concesorios de la sentencia. Máxime que, la última actuación informada a esta autoridad por parte de la responsable, es la relativa a solicitar a la Dirección Contenciosa de la Subconsejería Jurídica del Estado, con residencia en esta ciudad, informe respecto del proceso que se inicie por la vía mercantil en contra de la aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el incumplimiento del contrato administrativo de suministro 32065001-089-2018-1 y la póliza de seguro 12 650 01, toda vez que dicho contrato fue celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado, representado por la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor y la citada moral aseguradora, con el propósito de que se dé cumplimiento al pago del beneficio de seguro vida del fallecido Savino Ocegueda Espinoza a la única beneficiara Cruz Elva Melchor Bernal. En esa tesitura, y dado que en el presente caso se debe de observar la devolución de cantidades por concepto de pago del beneficio de seguro vida por parte de Aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de la quejosa, es necesario realizar un examen de idoneidad del mecanismo que se implemente por parte de la autoridad responsable para demostrar que se pagó a la quejosa el seguro de vida contemplado en la póliza contratada con la moral Aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable, o bien que ésta informe la imposibilidad material o jurídica para tal efecto; situación que, se insiste en la presente fase del juicio no ha acontecido. Finalmente, en atención a lo solicitado por el promovente a efecto de hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos y remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para seguir con el trámite de inejecución de sentencia debe decirse que hasta en tanto atienda la responsable Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, el último requerimiento emitido el diecisiete de febrero del año en curso y esta autoridad tenga conocimiento de la determinación Contenciosa de la Subconsejería Jurídica del Estado, ante la viabilidad de iniciar un proceso de demanda por la vía mercantil en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, Sociedad Anónima de Capital Variable, se proveerá lo conducente. Sirve de sustento a las anteriores consideraciones las siguientes jurisprudencias emitidas por la Primera Sala y Plenos de Circuito, Undécima Época, Materia común, con registros 2025145, 2023896 y 2025144, cuyos rubros y textos indican lo siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE PREVÉN APORTACIONES, Y EN EL FALLO NO SE HAYA ESPECIFICADO LA MANERA EN QUE DEBE REALIZARSE LA ENTREGA, LA DETERMINACIÓN DEL MECANISMO IDÓNEO PARA TAL FIN FORMA PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, si bien coincidieron en cuanto a que en casos en los que se ordena la devolución de una cantidad de dinero a la parte quejosa, la restitución en el goce del derecho vulnerado sólo ocurre cuando se materializa la entrega, sin embargo, llegaron a soluciones discrepantes, en tanto que dos tribunales sostuvieron que la forma idónea de realizar la devolución era una cuestión inherente a los efectos concesorios de las ejecutorias de amparo, mientras que el diverso órgano consideró que el medio a través del cual se realice la entrega de la cantidad debida correspondía a un trámite administrativo que no formaba parte de los lineamientos del fallo protector. Criterio jurídico: El Pleno del Quinto Circuito determina que en los casos en que la sentencia protectora ordena la devolución al agraviado de cierta cantidad de dinero, sin que se haya indicado a la autoridad responsable la forma específica en la cual debe realizarse tal entrega, la determinación del medio idóneo para lograr la devolución es una cuestión que se relaciona directamente con la ejecución del fallo protector. Justificación: En términos de lo previsto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, 192, 193, 196 y 197 de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia protectora de amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado, y su cumplimiento debe realizarse en forma total, sin excesos ni defectos, por lo que los juzgadores federales deben verificar que las cosas hayan vuelto al estado en que se encontraban previamente a la vulneración de derechos. Entonces, el examen de la idoneidad del mecanismo que se implemente por la autoridad responsable para devolver determinada cantidad materia de aportaciones previstas en la norma declarada inconstitucional en el fallo, debe considerarse como parte de la ejecución de la sentencia, aunque en ésta se haya ordenado el reintegro de manera genérica. Esto, porque el medio a través del cual se pretenda acatar lo ordenado en el fallo es un aspecto relacionado con la satisfacción total del deber impuesto a la responsable, lo que a su vez significa la reparación íntegra del derecho vulnerado." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Alain Mitchell André Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. RAAG/AMAJ/diana*. JUEZ SECRETARIO Parte final del acuerdo dictado el día de hoy, veinte de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 555/2021. Conste. Alain Mitchell Andre Jimenez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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