Cruz Elena Herrera Rosales
Expediente 437/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cruz Elena Herrera Rosales
Actuaciones
- Principal
MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de nueve de junio pasado (foja 51), que tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA V. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrieron los cinco días otorgados en auto de veinticuatro de mayo pasado (fojas 43 a 48), para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA V. . Vista la demanda de amparo presentada por Israel Raül Ramírez Juárez, en representación de Cruz Elena Herrera Rosales, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, dependiente de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 437/2017-V-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el soslayar acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera. Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, entre ellos, el señalamiento del nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan el segundo de los supuestos señalados. Sobre esa base, es conveniente traer a contexto las fracciones III y IV, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" De los preceptos transcritos, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado a la autoridad responsable. Ahora bien, del capítulo de autoridades responsables se advierte que la parte quejosa señala como tal a: Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, dependiente de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. En el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta: ".en mayo de dos mil diecisiete se le informo a través de sus abogados que existía un oficio signado por la responsable.en la cual se ordenó asegurar su propiedad." Lo anterior, sin precisar en qué día tuvo conocimiento del acto reclamado. Aspecto que se estima imprescindible, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de determinar la oportunidad de presentación del escrito constitucional y en vía de consecuencia, la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto. Por otro lado, la interpretación sistemática de las porciones normativas anteriormente transcritas, se conoce la obligación del promovente del amparo de acreditar con documento idóneo, la representación con la cual intenta el ejercicio de la acción constitucional, y la correlativa del Juez de Distrito de prevenir al impetrante para que exhiba tal medio de convicción o complete el presentado, cuando éste sea insuficiente para colmar el requisito precisado, a fin de garantizar el goce del derecho de impartición de justicia a favor del gobernado. Actuar en sentido contrario, esto es, omitiendo proveer las medidas conducentes a fin de que la parte afectada subsane las anomalías detectadas, la actuación del Juzgador Federal sería contraria a las normas del procedimiento. Es aplicable a lo que precede la jurisprudencia 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, Novena Época, tomo IV, Julio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 48, de epígrafe y sinopsis siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo anterior, por ser la personalidad un presupuesto procesal de análisis oficioso, que debe ser examinado al recibir la demanda para estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a la admisión de la misma. Sobre esa base, cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Israel Raúl Ramírez Juárez, promueve en representación de Claudia Elena Herrera Rosales; sin embargo, para acreditar tal carácter exhibe copia simple de diversa certificada por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito homólogo, del testimonio notarial 4776, de veintiuno de octubre de dos mil quince, del protocolo de la Notaría Pública número 3 en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. En ese sentido, la copia que exhibe del citado testimonio notarial es insuficiente para tener por demostrado el presupuesto procesal de personalidad, ya que constituye simple indicio. Pues tal documento por sí solo, y dada su naturaleza, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularla con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. Por lo que, el suscrito advierte que el promovente no acompañó a su demanda documento idóneo relativo a su personalidad, esto es, que acredite debidamente la representación del signante; lo que se traduce en una irregularidad de la demanda, pues ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en nombre de otra, excita la actividad jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, IV y V, y 114, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con copia de su escrito aclaratorio, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Precise el día en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Acredite la personalidad con la que se ostenta, exhibiendo la documental idónea que corrobore su dicho. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda. Cobra vigencia la jurisprudencia 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, visible en la página 348, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1079, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Aaydee Guadalupe Hernández Alvarado, Humberto Terrazas Habana y Víctor Martínez Ramírez; en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial. Asimismo, se tienen como autorizado en términos del artículo 24 de la ley de la materia a Antonio Rebollar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.
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