Cruz Eduardo García Cepeda

Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1129/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Cruz Eduardo García Cepeda
  • Luis Alberto Leal Mubarqui Y/O Laura Josefina Narvaez Dragustinovis Y/O Quien Resulte Responsable de la Fuente de Trabajo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación; en tal virtud, se ordena remitirle copia electrónica de la misma, para su cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, a las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1129/2021 promovido por CRUZ EDUARDO GARCÍA CEPEDA, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, asistido de la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hizo relación de las constancias existentes en autos mismas que bajo el principio de economía procesal no habrán de transcribirse cada uno, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto. En apoyo de la anterior consideración, por identidad de razón, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". El Juez acuerda: Se tiene hecha la relación de las constancias por la Secretaria. A continuación se abre el período probatorio, dando nueva cuenta la Secretaria y hace constar que la autoridad responsable, remitió diversas documentales a su informe de ley. Al respecto el Juez acuerda: En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por recibidas y desahogadas las pruebas de referencia, en razón a su propia y especial naturaleza. Se cierra dicha etapa. Se abre la de alegatos, en la que la secretaria hace constar que la parte tercera interesada los formuló, recibidos en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno; atento a ello, en términos del artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados, para los efectos legales respectivos. Se cierra la fase respectiva. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1129/2021, promovido por CRUZ EDUARDO GARCÍA CEPEDA por conducto de su apoderada legal Norma Angélica Montantes Vargas, y Resultando: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, CRUZ EDUARDO GARCÍA CEPEDA por conducto de su apoderada legal, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME FECHA DEL AUTO EN QUE SE RECIBIÓ EL INFORME 1. Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. CIERTO Veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. ACTO RECLAMADO La resolución interlocutoria de catorce de septiembre de dos mil veinte, relativa al incidente de nulidad de actuaciones, emitida en el juicio laboral 205/E03/2016, promovida por LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS, respecto del emplazamiento; la cual, se declaró procedente y por ende, dejar sin efectos todo lo actuado hasta el auto de radicación. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, una vez desahogada la prevención formulada en autos, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1129/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto atribuido a autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Siguiendo los lineamientos que el juzgador de amparo debe observar en términos de lo considerado por el Pleno de nuestro Alto Tribunal, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al enunciar los actos reclamados. En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, atendiendo a la intencionalidad de la parte quejosa, así como a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concluye que reclama de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado.: - La resolución interlocutoria de catorce de septiembre de dos mil veinte, relativa al incidente de nulidad de actuaciones, emitida en el juicio laboral 205/E03/2016, promovida por LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS, respecto del emplazamiento; la cual, se declaró procedente y por ende, dejar sin efectos todo lo actuado hasta el auto de radicación. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado convino con la existencia del acto que se le atribuye. A fin de corroborar lo anterior, la responsable remitió diversas actuaciones integrantes del juicio laboral 205/E03/2016, a las que se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente en términos de su artículo 2°, al ser expedidas por autoridad competente en uso de sus funciones jurisdiccionales. Por ende, se tiene por cierto el acto que se reclama. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción V, del numeral 107 a contrario sentido, 170 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, numerales que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito (.)" Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;." De la fracción V, del artículo 107 transcrito, se colige que podrá pedirse el amparo ante el Juez de Distrito (amparo indirecto) contra actos dictados dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y por consecuencia el amparo directo, procederá contra la resolución que dé por concluido el juicio y en el cual podrá reclamarse aquellos actos dictados dentro de un procedimiento que no sean de imposible reparación. Por regla general, tratándose de violaciones cometidas dentro de procedimiento, resulta procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Cabe precisar que de conformidad con la Ley de Amparo, la expresión relativa a los actos de imposible reparación, expresamente se establecen como: "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por tanto, para ser calificados como irreparables, es menester que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De tal manera, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutelan los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte, o bien, en la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras. Ello, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses de la parte quejosa. Orienta lo anterior, por identidad de razón, la tesis P.L.VII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Atento a lo plasmado con anterioridad, el juicio de amparo solicitado resulta improcedente en virtud de reclamarse una resolución derivada de un incidente de nulidad, interpuesto dentro de un juicio laboral 205/E03/2016, promovida por LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS, respecto del emplazamiento; la cual, se declaró procedente y por ende, dejar sin efectos todo lo actuado hasta el auto de radicación. Juicio laboral en el que la parte quejosa, es parte actora, y quien combate la determinación de la Junta responsable, al declarar procedente la incidencia planteada, y ordenar nuevamente el emplazamiento a la parte demandada, así como haber dejado insubsistente lo actuado, tal y como se desprende de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte (fojas 20 a 26 del expediente electrónico), -notificada el nueve de junio de este año, foja 32-, de conformidad con los resolutivos siguientes: "R E SUE L V E PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, planteado por el Apoderado Legal de la parte demandada el C. LIC. ERASMO AVILA NAVARRO. SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE el Incidente de Nulidad de Actuaciones las consistentes en notificaciones de fechas 20 y 21 de Octubre de 2019, y por ende se deja sin efectos todo lo actuado hasta el auto de radicación a la demanda inicial planteado.- Lo anterior por las razones y consideraciones vertidas en el considerando tercero de la presente Resolución Interlocutoria que se provee. TERCERO.- Se señalan las TRECE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE LEY dentro del Expediente Laboral en que se actúa, apercibiendo a las partes en caso de no comparecer en la hora y fecha señalada por esta Autoridad se les hará efectivo el apercibimiento contenido en los numerales 873, 876, 878, 879, y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Lo que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. Por tanto, es evidente que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, pues refiere cuestiones únicamente procesales, por lo que con ello no se afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, pues el perjuicio procesal que pudiera resentir en el juicio no resulta exorbitante, dado que, no obstante ello podrá obtener una sentencia favorable a sus intereses, y de no ser así, mediante amparo directo en contra de la sentencia definitiva, si se considera trascendió al resultado del fallo, podrá impugnarse vía violación procesal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 170244, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, del tenor siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. De igual manera, en lo conducente la Tesis 2a. L/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1069, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2009477, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". Por tanto, se SOBRESEE en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del numeral 107, aplicado a contrario sentido, con relación a la fracción XXIII, del artículo 61, y artículos 170 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CRUZ EDUARDO GARCÍA CEPEDA por conducto de su apoderada legal, contra la autoridad responsable, y por el acto precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Fabiola Rebeca Machorro Castillo, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 6736, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al oficio 32808/2021, de diez del citado mes y año, remite copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral 205/E03/2016, y con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos que integran el juicio de amparo 1129/2021, promovido por Cruz Eduardo García Cepeda, agréguese a los autos el escrito de la licenciada Elizabeth García Rocha, autorizada de los terceros interesados y con los alegatos vertidos en el ocurso que se provee, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, se advierte que se señalaron las diez horas con diez minutos de la fecha en que se actúa para el verificativo de la audiencia constitucional, sin embargo, este Juzgado no cuenta con las constancias suficientes para valorar fehacientemente el acto que se reclama; lo que impide celebrar la referida audiencia. Se llega a tal conclusión pues la parte quejosa reclama, la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de actuaciones de catorce de septiembre de dos mil veinte dictada dentro del juicio laboral 205/E03/2016. A ese respecto, la autoridad responsable admitió el acto reclamado, asimismo, agregó algunas manifestaciones para justificar la legalidad de su acto, para ello adjuntó las constancias relativas a la incidencia planteada por la parte demandada en el juicio de origen; sin embargo, omitió adjuntar las constancias del supuesto emplazamiento defectuoso con las que se pueda valorar su actuar. En consecuencia, tomando en consideración lo señalado en el párrafo que antecede, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la ley de la materia, que establece que el juzgador de amparo debe recabar de oficio las pruebas necesarias para dictar la sentencia que corresponda y con fundamento en el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último aplicado supletoriamente a la legislación inicialmente invocada, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de su notificación, realice lo siguiente: ? Remita copia certificada de las constancias que obran en el expediente laboral 205/E03/2016 de su índice, a partir del auto de radicación, emplazamiento al demandado, y subsecuentes; documentales que deberán enviar debidamente cotejadas con sus originales, foliadas según el orden cronológico y de manera legible, inclusive de las que permitan advertir el estado procesal que actualmente guarda dicho asunto. ? O bien, en el mismo plazo, deberá manifestar el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo podrá hacerse acreedora a la imposición de la multa de Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con el artículo 260, fracción II de la ley de la materia. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Notifíquese.

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