Cruz Antonio Valdivia Tepo

Expediente 803/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
803/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Cruz Antonio Valdivia Tepo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, realizando manifestaciones al respecto la parte tercera interesada (foja 131); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós (fojas 77-86 de autos), se concedió el amparo solicitado a ************, para el efecto que la Jueza Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente la resolución de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********; y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva en la que resolviera conforme a derecho procediera la reclamación que interpuso el demandado contra la pensión alimenticia provisional que se decretó a su cargo, pero en la que atienda las consideraciones indicadas en la sentencia Lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando quinto del fallo protector. II) Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 33/2023 recibido en este Juzgado de Distrito el seis de enero del año en curso (foja 105 de autos), la autoridad responsable informó el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió diversas constancias. IV) En acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés (foja 122 de autos), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; lo que así hizo la parte tercera interesada, por escrito presentado el trece de enero actual (foja 131). Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, pues la Juez responsable mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós (foja 106 vuelta), emitida en los autos del juicio ordinario civil **********, de su índice, dejó insubsistente la diversa de siete de julio de dos mil veintidós, misma que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. Asimismo, procedió a resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por quejoso ********, en contra del monto de la pensión alimenticia provisionalmente decretado en dichos autos, considerándolo procedente el recurso de reclamación, bajo las siguientes consideraciones: - Que por cuanto hacía a los derechos alimentarios que solicitaba *********, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *********., sí se encontraban satisfechos los elementos de la acción, en forma provisional, con la copia certificada del acta de nacimiento del citado infante, así como con el acta de matrimonio número ****** de trece de junio de dos mil catorce, de la que se advertía que las partes contendientes contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal y que de esa relación procrearon al menor de referencia. - Que del acervo probatorio que aportó *********, no se podía concluir ni siquiera indiciariamente que la actora se encontrara realizando alguna labor por la que percibiera un sueldo que le permitiera coadyuvar con los alimentos de su hijo y con los propios; y, dado que el artículo 233 del Código Civil para el Estado de Veracruz, le impone sufragar los gatos alimentarios en términos del diverso 239 del citado ordenamiento, el deudor alimentario debía satisfacer las necesidades de subsistencia. - Que la capacidad económica del deudor se encontraba acreditada con la manifestación realizada en su escrito de reclamación, en donde señaló ser empleado de chofer de taxi, el cual es propiedad de *********, percibiendo un salario diario de $*******, por su labor de lunes a viernes, situación que se concatenaba con el escrito de uno de marzo de dos mil veintidós, signado por la propietaria del taxi, lo que adquiría valor probatorio pleno conforme a lo previsto en el artículo 265 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. - Que ninguna de las pruebas del reclamante demostraba sus aseveraciones, en el sentido que su cónyuge obtenía ingresos del producto de su trabajo como dueña y administradora del negocio de actividad económica de carnes rojas, así como que trabajaba en el DIF Municipal de Xico, Veracruz, pues ni indiciariamente acreditaba esa circunstancia, ni tampoco que la actora podía allegarse de sus propios alimentos y coadyuvar con los de su hijo, por lo que ambos padres se encontraban obligados a dar alimentos a los hijos, por lo que le asistía razón, de acuerdo a lo establecido en el artículo 240 del Código Civil del Estado de Veracruz- - Que se advertía que el menor habitaba con la madre, y por ende, era lógico que la actora se encontrara cumpliendo con la parte proporcional de los alimentos que le correspondía, y por cuanto a los pagos inherentes que tenía, no se encontraba acreditado en autos, pues fue omiso en aportar probanza que permitieran al menos identificar sus gastos más apremiantes y que acreditaran que el cumplimiento de la carga alimentaria impuesta lo dejara en completo estado de indefensión económica, por lo que dicho agravio devenía infundado. - Que no pasaba desapercibido lo manifestado por el inconforme, en el sentido que en ningún momento dejó de proporcionarle recursos económicos a la actora, al haberle entregado de forma personal diversas cantidades de dinero, sin embargo, tampoco demostró con medio de convicción idóneo su dicho, y que suponiendo sin conceder que el demandado estuviera proporcionado extrajudicialmente alimentos a sus acreedores, era inexacto que tal circunstancia hiciera improcedente la acción para demandar alimentos en la vía judicial, pues aunque hubiera aportado voluntariamente cantidades de dinero a favor de la actora y en representación de su menor hijo, éstas no debían ser de manera esporádica, pues debía tomarse en cuenta que los alimentos debían ser fijados por el órgano jurisdiccional. - Respecto al agravio del demandado relativo a que la medida provisional de alimentos decretada en su contra era desproporcional a lo que percibía, y que debía considerarse lo establecido por el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y modificar la pensión alimenticia provisional decretada, se tomó en consideración que el quejoso ******* tenía derecho a lo estipulado en el artículo 4, párrafo cuarto Constitucional, aunado a que de acuerdo a la prueba superveniente que exhibió, relativa a la copia certificada del acta de nacimiento número ********, libro *******, de fecha de registro el ******, correspondiente a un infante identificado con las iniciales ********., expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de la Ciudad de Xico, Veracruz, también debía considerarse para resolver en términos de lo dispuesto por el artículo 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al estar acreditado que el inconforme contaba con otro acreedor alimentario, y como consecuencia, se justificaba que tenía otra obligación alimentaria, lo cual evidentemente incidía en su capacidad económica para ministrar alimentos tanto para la actora, así como para el infante de identidad resguardada de iniciales ********., hijo de los contendientes, lo cual se consideró suficiente para regraduar el porcentaje alimentario acorde a la realidad social y jurídica de los justiciables en el procedimiento. - Que en el escrito de reclamación del demandado, argumentó que tenía gastos personales que estaba obligado a cubrir, que si bien, en el mismo fue omiso en describir y acreditar cuales eran, lo cierto era que respecto a la capacidad económica real del reo este acreditó ser empleado, que se desempeña como chofer de taxi, propiedad de ***********, siendo que su salario diario era de $**********., que trabaja en ese taxi de lunes a viernes, con un horario de las siete a las quince horas, así como que su salario era insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, así como para cubrir la pensión alimenticia que se le impuso, lo que acreditó a través de la probanza consistente en la constancia de uno de marzo de dos mil veintidós, suscrita por su patrona, y con la que se tuvo por demostrado la capacidad económica real del demandando para ministrar alimentos a sus acreedores. - Que no pasaba desapercibido que el salario mínimo diario que percibe el reo de su fuente laboral, era inferior al establecido por la ley, pues un salario mínimo diario equivale a la cantidad diaria de $*********., lo cual se tomó en consideración en virtud que no todos los empleadores pagan a sus trabajadores necesariamente el salario mínimo establecido en la ley; y, por tanto, el agravio en el sentido de que la carga alimentaria provisional decretada a su cargo, lo dejaba en estado de indefensión económica en relación a lo que percibía en su fuente laboral, le devenía procedente, y en consecuencia, se consideró que era motivo para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores, modificando lo decretado por auto de inicio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, al acreditar que contaba con un acreedor alimentario más, aunado a que la capacidad económica real del demandado se encontraba acreditada y que se advertía que la carga alimentaria si lo podría dejar en estado de indefensión, lo que resultaba contrario a lo que establece el principio de proporcionalidad. - Por lo que, tomando en consideración que se tenía por acreditada la capacidad económica real del demandado y que percibe de su fuente laboral la cantidad de $********. diarios por retribución del empleo que realiza, se consideró justo y proporcional regraduar dicha carga alimentaria provisional en el cincuenta por ciento del salario que percibe en favor de sus acreedores, en el entendido que el 35% es en favor del menor y 15% restante es a favor de su progenitora. Por ende, se considera que la responsable subsanó las deficiencias que le fueron apuntadas en la ejecutoria de amparo, motivo por el cual debe declararse CUMPLIDA la misma; sin que el sentido de ésta constituya un estudio por parte de este Juzgado, en virtud de haberse otorgado libertad de jurisdicción a la responsable para que una vez subsanadas las deficiencias apuntadas en la sentencia, se resolviera nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario en el expediente de origen. No se inadvierte el hecho que en la resolución que se analiza la autoridad responsable -en la foja veintisiete- afirmó que no estaba acreditado con exactitud a cuánto ascendía el salario que percibía el demandado; sin embargo, se estima que ello se trata de un error en la redacción de la propia resolución, toda vez que a lo largo del desarrollo de la misma e incluso al momento de regraduar el monto de la medida provisional de alimentos, la autoridad responsable hizo énfasis en el hecho que se tenía por acreditada la capacidad económica real del deudor, así como el hecho que percibía de su fuente labora la cantidad de $********* pesos diarios; de ahí que ello no constituya un vicio de la misma. En consecuencia, al haberse subsanado las deficiencias precisadas en la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. MANIFESTACIONES No se inadvierten las manifestaciones de la tercera interesada, sin embargo, como ella lo menciona, atienden al fondo del asunto, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar, pues como se dijo, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que una vez atendidas las violaciones formales que se precisaron en la sentencia, resolviera nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, por lo que en caso de no estar conforme con la misma, tiene expedito su derecho para combatirla a través de los medios ordinarios o extraordinarios que en el caso procedan. DEVOLUCIÓN DE TOMO Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado y con las que se formó un tomo de pruebas, al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, el cuaderno original es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes al fenecimiento de dicho plazo, procédase a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde con lo establecido en el párrafo tercero del artículo invocado. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General invocado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, dentro de los treinta días siguientes al fenecimiento de dicho plazo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Debido a que la parte tercero interesada *********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de veinticuatro de enero del presente año, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, realizando manifestaciones al respecto la parte tercera interesada (foja 131); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós (fojas 77-86 de autos), se concedió el amparo solicitado a ************, para el efecto que la Jueza Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente la resolución de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********; y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva en la que resolviera conforme a derecho procediera la reclamación que interpuso el demandado contra la pensión alimenticia provisional que se decretó a su cargo, pero en la que atienda las consideraciones indicadas en la sentencia Lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando quinto del fallo protector. II) Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 33/2023 recibido en este Juzgado de Distrito el seis de enero del año en curso (foja 105 de autos), la autoridad responsable informó el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió diversas constancias. IV) En acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés (foja 122 de autos), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; lo que así hizo la parte tercera interesada, por escrito presentado el trece de enero actual (foja 131). Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, pues la Juez responsable mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós (foja 106 vuelta), emitida en los autos del juicio ordinario civil **********, de su índice, dejó insubsistente la diversa de siete de julio de dos mil veintidós, misma que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. Asimismo, procedió a resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por quejoso ********, en contra del monto de la pensión alimenticia provisionalmente decretado en dichos autos, considerándolo procedente el recurso de reclamación, bajo las siguientes consideraciones: - Que por cuanto hacía a los derechos alimentarios que solicitaba *********, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *********., sí se encontraban satisfechos los elementos de la acción, en forma provisional, con la copia certificada del acta de nacimiento del citado infante, así como con el acta de matrimonio número ****** de trece de junio de dos mil catorce, de la que se advertía que las partes contendientes contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal y que de esa relación procrearon al menor de referencia. - Que del acervo probatorio que aportó *********, no se podía concluir ni siquiera indiciariamente que la actora se encontrara realizando alguna labor por la que percibiera un sueldo que le permitiera coadyuvar con los alimentos de su hijo y con los propios; y, dado que el artículo 233 del Código Civil para el Estado de Veracruz, le impone sufragar los gatos alimentarios en términos del diverso 239 del citado ordenamiento, el deudor alimentario debía satisfacer las necesidades de subsistencia. - Que la capacidad económica del deudor se encontraba acreditada con la manifestación realizada en su escrito de reclamación, en donde señaló ser empleado de chofer de taxi, el cual es propiedad de *********, percibiendo un salario diario de $*******, por su labor de lunes a viernes, situación que se concatenaba con el escrito de uno de marzo de dos mil veintidós, signado por la propietaria del taxi, lo que adquiría valor probatorio pleno conforme a lo previsto en el artículo 265 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. - Que ninguna de las pruebas del reclamante demostraba sus aseveraciones, en el sentido que su cónyuge obtenía ingresos del producto de su trabajo como dueña y administradora del negocio de actividad económica de carnes rojas, así como que trabajaba en el DIF Municipal de Xico, Veracruz, pues ni indiciariamente acreditaba esa circunstancia, ni tampoco que la actora podía allegarse de sus propios alimentos y coadyuvar con los de su hijo, por lo que ambos padres se encontraban obligados a dar alimentos a los hijos, por lo que le asistía razón, de acuerdo a lo establecido en el artículo 240 del Código Civil del Estado de Veracruz- - Que se advertía que el menor habitaba con la madre, y por ende, era lógico que la actora se encontrara cumpliendo con la parte proporcional de los alimentos que le correspondía, y por cuanto a los pagos inherentes que tenía, no se encontraba acreditado en autos, pues fue omiso en aportar probanza que permitieran al menos identificar sus gastos más apremiantes y que acreditaran que el cumplimiento de la carga alimentaria impuesta lo dejara en completo estado de indefensión económica, por lo que dicho agravio devenía infundado. - Que no pasaba desapercibido lo manifestado por el inconforme, en el sentido que en ningún momento dejó de proporcionarle recursos económicos a la actora, al haberle entregado de forma personal diversas cantidades de dinero, sin embargo, tampoco demostró con medio de convicción idóneo su dicho, y que suponiendo sin conceder que el demandado estuviera proporcionado extrajudicialmente alimentos a sus acreedores, era inexacto que tal circunstancia hiciera improcedente la acción para demandar alimentos en la vía judicial, pues aunque hubiera aportado voluntariamente cantidades de dinero a favor de la actora y en representación de su menor hijo, éstas no debían ser de manera esporádica, pues debía tomarse en cuenta que los alimentos debían ser fijados por el órgano jurisdiccional. - Respecto al agravio del demandado relativo a que la medida provisional de alimentos decretada en su contra era desproporcional a lo que percibía, y que debía considerarse lo establecido por el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y modificar la pensión alimenticia provisional decretada, se tomó en consideración que el quejoso ******* tenía derecho a lo estipulado en el artículo 4, párrafo cuarto Constitucional, aunado a que de acuerdo a la prueba superveniente que exhibió, relativa a la copia certificada del acta de nacimiento número ********, libro *******, de fecha de registro el ******, correspondiente a un infante identificado con las iniciales ********., expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de la Ciudad de Xico, Veracruz, también debía considerarse para resolver en términos de lo dispuesto por el artículo 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al estar acreditado que el inconforme contaba con otro acreedor alimentario, y como consecuencia, se justificaba que tenía otra obligación alimentaria, lo cual evidentemente incidía en su capacidad económica para ministrar alimentos tanto para la actora, así como para el infante de identidad resguardada de iniciales ********., hijo de los contendientes, lo cual se consideró suficiente para regraduar el porcentaje alimentario acorde a la realidad social y jurídica de los justiciables en el procedimiento. - Que en el escrito de reclamación del demandado, argumentó que tenía gastos personales que estaba obligado a cubrir, que si bien, en el mismo fue omiso en describir y acreditar cuales eran, lo cierto era que respecto a la capacidad económica real del reo este acreditó ser empleado, que se desempeña como chofer de taxi, propiedad de ***********, siendo que su salario diario era de $**********., que trabaja en ese taxi de lunes a viernes, con un horario de las siete a las quince horas, así como que su salario era insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, así como para cubrir la pensión alimenticia que se le impuso, lo que acreditó a través de la probanza consistente en la constancia de uno de marzo de dos mil veintidós, suscrita por su patrona, y con la que se tuvo por demostrado la capacidad económica real del demandando para ministrar alimentos a sus acreedores. - Que no pasaba desapercibido que el salario mínimo diario que percibe el reo de su fuente laboral, era inferior al establecido por la ley, pues un salario mínimo diario equivale a la cantidad diaria de $*********., lo cual se tomó en consideración en virtud que no todos los empleadores pagan a sus trabajadores necesariamente el salario mínimo establecido en la ley; y, por tanto, el agravio en el sentido de que la carga alimentaria provisional decretada a su cargo, lo dejaba en estado de indefensión económica en relación a lo que percibía en su fuente laboral, le devenía procedente, y en consecuencia, se consideró que era motivo para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores, modificando lo decretado por auto de inicio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, al acreditar que contaba con un acreedor alimentario más, aunado a que la capacidad económica real del demandado se encontraba acreditada y que se advertía que la carga alimentaria si lo podría dejar en estado de indefensión, lo que resultaba contrario a lo que establece el principio de proporcionalidad. - Por lo que, tomando en consideración que se tenía por acreditada la capacidad económica real del demandado y que percibe de su fuente laboral la cantidad de $********. diarios por retribución del empleo que realiza, se consideró justo y proporcional regraduar dicha carga alimentaria provisional en el cincuenta por ciento del salario que percibe en favor de sus acreedores, en el entendido que el 35% es en favor del menor y 15% restante es a favor de su progenitora. Por ende, se considera que la responsable subsanó las deficiencias que le fueron apuntadas en la ejecutoria de amparo, motivo por el cual debe declararse CUMPLIDA la misma; sin que el sentido de ésta constituya un estudio por parte de este Juzgado, en virtud de haberse otorgado libertad de jurisdicción a la responsable para que una vez subsanadas las deficiencias apuntadas en la sentencia, se resolviera nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario en el expediente de origen. No se inadvierte el hecho que en la resolución que se analiza la autoridad responsable -en la foja veintisiete- afirmó que no estaba acreditado con exactitud a cuánto ascendía el salario que percibía el demandado; sin embargo, se estima que ello se trata de un error en la redacción de la propia resolución, toda vez que a lo largo del desarrollo de la misma e incluso al momento de regraduar el monto de la medida provisional de alimentos, la autoridad responsable hizo énfasis en el hecho que se tenía por acreditada la capacidad económica real del deudor, así como el hecho que percibía de su fuente labora la cantidad de $********* pesos diarios; de ahí que ello no constituya un vicio de la misma. En consecuencia, al haberse subsanado las deficiencias precisadas en la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. MANIFESTACIONES No se inadvierten las manifestaciones de la tercera interesada, sin embargo, como ella lo menciona, atienden al fondo del asunto, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar, pues como se dijo, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que una vez atendidas las violaciones formales que se precisaron en la sentencia, resolviera nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, por lo que en caso de no estar conforme con la misma, tiene expedito su derecho para combatirla a través de los medios ordinarios o extraordinarios que en el caso procedan. DEVOLUCIÓN DE TOMO Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado y con las que se formó un tomo de pruebas, al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la parte tercera interesada y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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