Cruz Alejandro Juárez Cajicá
Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cruz Alejandro Juárez Cajicá
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Inexistencia de documentos. No se omite señalar que la parte quejosa no exhibió documentos dentro del presente juicio [la demanda se presentó en línea]. Notifíquese por lista.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio OCCJdo28Cto Tlaxcala vía correo electrónico remitido por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, se le tiene remitiendo la boleta de turno relativa al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. ( Recepción de constancias. Téngase por recibido el oficio 20064/2021, suscito por la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con el que remite el expediente de amparo 681/2021-5 formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *******************, por derecho propio, y anexos que acompaña, dentro de los cuales se advierte que, mediante proveído de diecisiete de agosto del actual, declaró que no le correspondía conocer del asunto por razón de turno, conforme a las razones ahí asentadas, ordenando la remisión de dichos autos a este órgano jurisdiccional. Se acepta competencia y se avoca del conocimiento del presente asunto. En consecuencia, este Juzgado Federal acepta la competencia para conocer del asunto de que se trata, por lo que se avoca del conocimiento de este. Por tanto, acúsese el recibo de estilo al homólogo federal, para los efectos legales correspondientes. Se hace del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Por lo anterior, se ordena girar oficio y anexa una copia de la demanda de amparo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se sirva remitir la boleta de turno y realice la compensación correspondiente. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por derecho propio, contra actos de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, por conducto de su Presidenta; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 700/2021-II. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Consideración previa. Ahora, a pesar de que el quejoso en su escrito de demanda la señala como URGENTE, el acto que aquí se reclama no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; en virtud de que únicamente reclama la determinación de ampliar el término de la suspensión de mandado como Presidente Municipal de Zitlaltépetl de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por parte de la autoridad señalada como responsable. De ahí que este asunto deba tramitarse -de ser procedente-y, en su caso, resolverse de acuerdo con las formalidades y plazos procesales previstos en la Ley de Amparo para los asuntos no urgentes; por lo que, incluso, la solicitud de suspensión de los actos reclamados debe resolverse de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Se desecha la demanda de amparo. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es notoria e indudablemente improcedente, y, por tanto, debe desecharse con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se observa que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en el que se establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)." El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. De esta manera el juicio de amparo se excluye del ámbito político en que surgen las decisiones de una legislatura federal o local, que, sin intervención de otro órgano, ejerce las atribuciones discrecionales que le autoriza el marco constitucional y legal aplicables para nombrar, suspender o remover a un funcionario de elección popular. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ...... MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Ahora bien, en el caso en estudio debe precisarse que los actos reclamados están comprendidos -como lo reconoce el propio justiciable- derivado del procedimiento de suspensión y revocación de mandato instruido en su contra, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, por conducto de su Presidenta. Dicho procedimiento, está regulado, entre otras normas, por lo previsto en los artículos 54 y 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que disponen: "Artículo 54. Son facultades del Congreso [.] VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por alguna de las causas graves que la Ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Estos procedimientos observarán las reglas del juicio político y además, podrá imponerse como sanción la de inhabilitación en los términos que establezca la Ley de la materia." "Artículo 109. El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107. por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el titular de un órgano público autónomo, y." Como puede verse, el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la facultad de suspender o revocar el mandato de algún miembro de los Ayuntamientos por alguna causa grave y siempre que el funcionario haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular alegatos; para lo cual se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. Asimismo, que para la sustanciación de este procedimiento se deberán seguir las reglas del juicio político. De igual forma, de las normas transcritas se observa que para desahogo del juicio político el Congreso del Estado deberá conformar una comisión instructora encargada de formular su acusación y que sus determinaciones deberán se aprobadas por mayoría calificada, siempre que se encuentren presentes las dos terceras partes de sus integrantes. Además, tratándose de juicio de procedencia y desafuero, el Congreso del Estado resolverá en definitiva, mientras que, en juicio político, requerirá de la intervención del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el que fungirá como órgano de sentencia. Debe precisarse que a pesar de que el procedimiento de suspensión o revocación de mandato se debe sustanciar con las reglas del juicio político, la Constitución Política del Estado de Tlaxcala es clara al establecer que la resolución del procedimiento de suspensión o revocación de mandato requiere únicamente la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes; es decir, a diferencia del juicio político, no precisa de la intervención de un órgano diverso al Congreso para resolver sobre la suspensión o revocación de un miembro de algún Ayuntamiento del Estado de Tlaxcala. Sobre la particularidad advertida, conviene tener presente que al resolver el amparo en revisión 324/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció -en relación con la improcedencia del juicio de amparo respecto de actos relacionados con la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente- lo siguiente: "Del análisis a los precedentes antes referidos puede advertirse que si bien esta Segunda Sala sostuvo en un momento que la causal de improcedencia en estudio no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e incluso la sociedad; lo cierto es que posteriormente varió tal criterio, para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En este contexto, debe decirse que los Ministros que actualmente integran esta Segunda Sala consideran que en el presente caso sí se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo vigente) en tanto la parte quejosa reclamó el procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial de Jalisco y, en ese sentido, ni el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. [.] Por ende, si bien la elección de los Magistrados locales está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. [.] Tampoco es óbice que el procedimiento para la elección de Magistrados en el Estado de Jalisco se encuentre regulado en la Constitución local y, por tanto, que se trate de una facultad reglada; es decir, es verdad que se está ante una facultad reglada pues la autoridad para elegir a los Magistrados que forman parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Jalisco está obligada a observar las reglas establecidas en la Constitución del Estado para ese efecto, empero, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del juzgador, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso local; y es este último acto el que demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto que la propia Constitución permite que sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto. Incluso, por lo que hace a lo previsto en el último párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en el sentido de que en igualdad de circunstancias, los nombramientos de Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debe decirse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 87/2011, determinó que dichas aptitudes no son requisitos, sino criterios orientadores para preferir a un candidato respecto de otros en igualdad de circunstancias, de modo que no puede estimarse que tales elementos sean una regla específica que las legislaturas estatales deban cumplir y, en consecuencia, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, como ya se expuso. En consecuencia, como la elección de Magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquellas." Las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponen de relieve que la improcedencia del juicio de amparo respecto de actos relacionados con la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, se surte siempre que la decisión final esté a cargo del Congreso de que se trate y no se requiera la intervención o aprobación de una persona u órgano diferente. Incluso, a pesar de que el procedimiento en el que se susciten los actos reclamados sea reglado, la improcedencia en estudio debe prevalecer siempre que la decisión final recaiga en los integrantes de la legislatura. Las consideraciones apuntadas permiten establecer que si los actos aquí reclamados están circunscritos a un procedimiento de suspensión y revocación de mandato de un miembro de un Ayuntamiento, el juicio de amparo resulta improcedente en tanto que la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece que esa facultad es soberana y discrecional, dado que la resolución final queda a cargo de cada uno de los integrantes del Congreso del Estado. Finalmente, no se soslaya que la parte quejosa acude al juicio de amparo como persona física (propio derecho) y en su carácter de Presidente Municipal de un Ayuntamiento sujeto al procedimiento de suspensión y revocación; toda vez que esa circunstancia no modifica el hecho de que los actos reclamados están circunscritos a un procedimiento soberano cuya naturaleza política excluye la intervención del Poder Judicial de la Federación. En torno a ello, es orientadora la tesis 2a.LXXXIX de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, que dice: ...........COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. A título de abundamiento, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones de los congresos locales, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé que los Estados Parte tienen la obligación de instituir en sus legislaciones internas un recurso judicial efectivo, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido el criterio relativo a que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión planteada. De ahí que la ratio legis del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, consiste en privilegiar la voluntad del legislador local de otorgar al Congreso del Estado, la facultad soberana para resolver sobre la responsabilidad política de los funcionarios públicos, pues al tratarse de una facultad con tal atributo, la decisión que al respecto se emita, es el resultado de la apreciación individual que del asunto adquiere la legislatura local, misma que reside en su fuero interno y no puede ser suplantada por ninguna persona u órgano. Al respecto tiene aplicación la tesis aislada de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "Época: Décima Época Registro: 2018678 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a. CXXVII/2018 (10a.) Página: 601 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." Autorización para acceder al expediente y correo electrónicos para recibir notificaciones. De la misma forma, en términos de artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza al quejoso CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA, la consulta del expediente electrónico con el usuario: "ALEJANDROJCAJICA"; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en este órgano jurisdiccional, para que realice el alta correspondiente en el sistema. Asimismo y por solicitud expresa de la parte quejosa, se ordena que se realice la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes -que no se ordenen por lista- de forma electrónica. Proporciona número telefónico Por otra parte, se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico móvil 2471325505, a través del cual se pueda entablar comunicación como una forma de contacto no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Autorizado en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a JUAN CARLOS TEXIS AGUILAR, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Exhortación a las partes para la realización del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse personalmente, sin embargo, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese electrónicamente al quejoso.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Cristobal Israel Cervantes Contreras600/2023
- Cristobal Ortiz de los Santos102/2019
- Cristobal Preciado Reynaga4/2017
- Cristóbal Rodríguez Juárez27/2016
- Cristobal Teniza García303/2022
- Cruz Alejandro Juárez Cajicá516/2021
- Cruz Alejandro Juárez Cajica999/2022
- Cruz Alejandro Juárez Cajica762/2021
- Cruz Arenas Zamora337/2016
- Cruz Arenas Zamora7/2022
- Cruz Felipe García Garcilazo1210/2016
- Cruz Flores Trinidad1214/2021