Cruz Alejandro Flores Salazar
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cruz Alejandro Flores Salazar
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
León, Guanajuato, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Autoridad remite documentales. Agréguese el oficio signado por el Juez Suplente Primero Civil de Partido de San Francisco del Rincón, Guanajuato mediante el cual en atención a los diversos requerimientos formulados, remite copia certificada del escrito y anexo presentado por el Notario Público número 15 de ese Partido Judicial, esto es, copia certificada de la escritura pública número ocho mil doscientos cuarenta y cinco (8,245) de fecha de veintiséis de noviembre de dos mil ocho, así como copia certificada de la sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil ocho. Sin embargo, en razón de que la autoridad oficiante no remitió la totalidad de las constancias que integran el expediente sobre Diligencias de Información Testimonial Ad- Perpetuam número C687/2006, requiérasele por última ocasión al citado fedatario público a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la presente notificación, acredite a este órgano jurisdiccional haber remitido el referido juicio al Juzgado Primero Civil de Partido en esa ciudad, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello II. Se requieren constancias. No obstante, requiérase al titular del citado órgano jurisdiccional para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, informe a este juzgado de Distrito si el aludido notario público cumplió el requerimiento realizado en diversas ocasiones en relación con la remisión de constancias. Apercibido el fedatario judicial y la autoridad que de no cumplir con lo solicitado, o en su caso, omitan informar la imposibilidad legal que tengan para ello, se les podrá imponer una multa por el equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización, determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía , cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación ; de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Alexandra Peña Becerra, secretaria que da fe. Doy fe
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 897/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que aquellos consisten en: El acta de infracción con número de folio T-6472134, de cuatro de agosto de dos mil veintidós; y sus consecuencias, que se traducen en la retención de la licencia de conducir a nombre del quejoso. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, contra actos del Director de Policía Vial de esta ciudad, y otras autoridades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes que rigen ese medio de defensa se suspendan los efectos de dichos actos, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. De lo que sigue que, toda vez que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, entonces, es imperativo para el agraviado que acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En el caso, el peticionario controvierte el acta de infracción con número de folio T-6472134, de cuatro de agosto de dos mil veintidós; y sus consecuencias, que se traducen en la retención de su licencia de conducir. Por tanto, el peticionario, previo a promover el juicio de amparo, debió impugnar la referida acta de infracción por medio de la cual le fue retenida la licencia aludida, a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el procedimiento contencioso administrativo. Se explica. De inicio, se precisa que en el acta de infracción se le hizo saber la forma en que se podría recurrir, a saber: "El presente documento podrá ser recurrido ante la Dirección General de Tránsito Municipal de León, Guanajuato, dentro de los 15 días siguientes en que surta efectos su notificación o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, o dentro de los 30 días siguientes ante los Juzgados Administrativos Municipales de León, o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 228 y 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato." Ahora, de conformidad con el numeral 273, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la aludida boleta de infracción es susceptible de controvertirse en sede administrativa ya que los actos y resoluciones administrativas dictadas por las autoridades estatales y municipales, podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando afecten intereses de los particulares. De dicho precepto, en la parte que interesa, se advierte que el proceso administrativo seguido ante los Juzgados Municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se regirán por los procesos previstos en el mencionado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ahora, los artículos 226, 227, 228, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. Artículo 228. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad administrativa que emitió, ejecutó o trate de ejecutar el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos su notificación o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo. También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos. La presentación por los medios electrónicos se sujetará a la conformidad del particular y a lo dispuesto por la Ley de la materia. En caso de que el acto o resolución que origine la inconformidad lo hubiese emitido un órgano que no se encuentre sujeto a relación de jerarquía, el recurso se tramitará y resolverá por él mismo. Es indelegable la facultad de resolver los recursos. Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Se admita el recurso; No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." De lo trascrito se advierte que los artículos 226 a 228 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el trámite del recurso de inconformidad, mientras que el numeral 234 de la citada codificación prevé la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. En efecto, acorde con lo dispuesto por el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, lo que puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud puede promoverse mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual manera, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, como también acontece en el juicio de amparo, deben garantizarse los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo, tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente, dicho requisito es similar. Ahora, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, una vez cubiertos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; salvo que se trate del caso excepcional que autoriza a proveer respecto de la suspensión, previo a tener por admitida la demanda, en los supuestos descritos en los párrafos primero y segundo del artículo 126 de la Ley de Amparo,4 con lo que se evita la ejecución de los actos prohibidos descritos en esos numerales. Por otra parte, el numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato establece: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y V. Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." De tal dispositivo, en la parte que interesa, fracciones I y II, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares; así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos. Adicionalmente, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo. Mientras que el numeral 263 del mencionado ordenamiento prevé la forma de la presentación de la demanda administrativa en la vía ordinaria. Por su parte, los numerales 304 A a 304 N del mencionado código regulan la vía sumaria en el procedimiento administrativo. Ya sea en el procedimiento ordinario o sumario ante los juzgados municipales o tribunal contencioso, de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, la cual podrá solicitarse en la demanda por escrito o en juicio en línea, o en cualquier momento del proceso, aunado a que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para la quejosa que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento, concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, se estima que ninguna de las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o procedimientos contenciosos administrativos-, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. De lo que se sigue que, en atención a lo que señala la aludida fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, previo a promover el juicio de amparo contra la retención de su licencia de conducir con motivo del acta de infracción con número de folio T-6472134, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, el quejoso debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Incluso, como se adelantó, en la parte final de la referida acta de infracción, se hizo del conocimiento del quejoso que era susceptible de impugnarse en los términos precisados. Para dar sustento a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008891, de rubro y texto siguientes: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." No se soslaya que el quejoso reclame la falta de fundamentación y motivación de los actos reclamados y que por ello se ubique en la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues basta con imponerse del acta de infracción para advertir que la autoridad responsable sustentó su actuación en los preceptos legales ahí plasmados por las razones en ella señaladas. De ahí que existe pleno conocimiento de los fundamentos plasmados en el mencionado acto que le permite impugnarlo, a través de los recursos o medios ordinarios de defensa. En consecuencia, al operar la hipótesis de en estudio se impone desechar la demanda de amparo, conforme lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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