Cruz Alberto Martínez Alcaraz

Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
854/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Cruz Alberto Martínez Alcaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, acusa recibió del oficio 14015/2021, con el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que ya se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    sentencia definitiva cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso ***, contra los actos que reclamó del Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, así como del Secretario Actuario adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de los Juzgados Primero y Segundo Mixto de Tecomán, Colima; por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia."

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 854/2020-II, promovido por * * contra los actos del Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación de la demanda y datos del incidente de suspensión. Con fecha diez de diciembre de dos mil veinte, el incidentista promovió juicio de amparo contra las autoridades antes mencionadas y solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, que hizo consistir en la autorización del embargo en los juicios ejecutivos mercantiles 20-0504-120M y 20-505-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, en los que se embargó el salario de la parte demandada María Guadalupe Figueroa Hernández. SEGUNDO. Admisión y trámite. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se formó el incidente de suspensión solicitado, se negó al incidentista la suspensión provisional del acto que reclama; asimismo, en el citado acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, misma que se difirió en cuatro ocasiones y que se llevó a cabo con las formalidades de ley y con el resultado que aparece en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 al 147, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto a suspender, por tanto, del análisis integral del escrito de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La autorización del embargo en los juicios ejecutivos mercantiles 20-0504-120M y 20-505-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, en los que se embargó el salario de la parte demandada María Guadalupe Figueroa Hernández. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil, así como el Secretario Actuario Adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de los Juzgados Primero y Segundo Mixtos, ambos con sede en Tecomán, Colima, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, pues refirieron que los juicios ejecutivos mercantiles 20-0504-120M y 20-505-120M se encuentran radicados en el índice de su juzgado promovidos por Francisco Javier Espinoza Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración de Rafael Galindo Reyna, contra de María Guadalupe Figueroa Hernández, en los que se embargó el excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe la demandada de su fuente laboral. Ahora bien, los artículos 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En consecuencia, respecto al acto reclamado que se hace consistir en la autorización del embargo en los juicios ejecutivos mercantiles 20-0504-120M y 20-505-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, se niega la suspensión definitiva, toda vez que al haber sido emitido dicho acto, adquirió la naturaleza jurídica de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida suspensional que solicita, ya que hacerlo sería darle efectos restitutorios propios de la eventual sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 217665, Tomo Número 60, Diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Además, respecto a las consecuencias del referido acto también se niega la suspensión definitiva, en virtud de que no se reúnen los requisitos a que se refiere la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó, ni presuntivamente, su interés para el otorgamiento de dicha medida, al no exhibir documento o prueba fehaciente con la cual demuestre de manera indiciaria que se le irroga perjuicio alguno con la ejecución del acto reclamado, además, tampoco acredita ser parte dentro de los juicos ejecutivos mercantiles 20-0504-120M y 20- 505-120M. Ilustra lo anterior, la tesis con registro 220917, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, página 262 cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Así como la diversa tesis XXI.4o.17 K, con registro 179724, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX de diciembre de dos mil catorce, materia común, página 1460 que dice: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto." Ahora, el hecho de que la promovente se haya conducido bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes del acto que reclama, tampoco le otorga interés suspensional, esto es, al referir que le asiste derecho con relación al embargo del salario de su cónyuge, pues con ello no acredita el derecho tutelar que le asiste, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, dado que la protesta es un requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pero no es medio de convicción. Resulta aplicable al caso, la tesis visible a foja 328, del Tomo XII-Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente." De igual modo, resulta orientadora la tesis I. 3o. C. 59 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable por el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 446, que a continuación se transcribe: "SUSPENSION, PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. La circunstancia de que todo lo declarado en un juicio de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés jurídico y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, dado que esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico". Además, no es obstáculo el hecho de que las responsables hayan aceptado la existencia del acto reclamado al rendir su informe previo, ya que ello no releva a la parte quejosa de cumplir con las exigencias impuestas en el precepto 128 de la ley de la materia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 321, Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2005, Novena Época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo de las autoridades responsables establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión. En tal virtud, ante la falta de informe previo se debe presumir cierta la realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, aunque sin tomar en cuenta los calificativos sobre ellos, los que en su caso serán materia el juicio en lo principal, sin perjuicio del examen de los requisitos que para otorgar la medida cautelar prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el tenor literal: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA RESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." Con la finalidad de establecer que la parte quejosa indiscutiblemente debe acreditar su interés suspensional, se cita la jurisprudencia 1a./4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, abril de 2009, Novena Época, y jurisprudencia 1a./J.71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación, XVII, enero de 2003, Novena Época, que a la letra dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Se reitera, lo que en el caso no aconteció, ya que en el presente incidente de suspensión la parte quejosa no cumplió con las exigencias del aludido numeral 128, toda vez que no acreditó ni presuntivamente su interés jurídico, pues no exhibió documento o prueba fehaciente con el que demostrara de manera indiciaria le irroga perjuicio alguno con la ejecución del acto reclamado, ni ser parte en el juicio de origen. Cabe destacar que en el caso particular no opera la apariencia del buen derecho, ya que, como se dijo anteriormente, no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128. Siendo aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA NCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario, se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, ya que debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituirlos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se niega la suspensión definitiva a Cruz Alberto Martínez Alcaraz. Sin que pase inadvertido para este juzgado las documentales que la parte quejosa acompañó a s demanda de amparo, consistentes en las copias de traslado relativas a los juicios mercantiles ejecutivos 20-0504-120M y 20-505-120M, del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, así como la certificación del acta de matrimonio 0166, en razón de que al ser valoradas en términos de los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solo acreditan su contenido, esto es, las primeras, que el fedatario adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de los Juzgados Primero y Segundo Mixtos de Tecomán, Colima, el diecinueve de noviembre pasado, emplazó a los referidos juicios a María Guadalupe Figueroa Hernández; mientras que, la última, que el dieciocho de abril de dos mil ocho, se registró el matrimonio celebrado entre el aquí quejoso y la antes nombrada, bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Además, hasta este momento no está evidenciado si Ma. Guadalupe Figueroa Hernández debe dar participación del producto de su trabajo a Cruz Gilberto Martínez Alcaraz -quejoso- y en qué proporción, conforme lo establece el artículo 189, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Colima; por tanto, se insiste, dicho quejoso carece de interés suspensional para el otorgamiento de la medida cautelar. Al margen de lo anterior, tampoco procede otorgar la suspensión definitiva por cuanto hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, debido a que la orden cuestionada por virtud de la cual se embargó el excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe la demandada de su fuente laboral en los juicios mercantiles ejecutivos antes mencionados, deviene de una autoridad judicial competente en ejercicio de sus funciones, la que se presume de legalidad, aunado a que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así lo establece; por lo que, conceder la medida cautelar solicitada sería ir en contra de dicha jurisprudencia. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias: constitucional, laboral y civil, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 712, Décima Época, del tenor literal: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión." Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 125, 128 y 146 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega al incidentista * * la suspensión definitiva del acto que reclama a las autoridades denominadas Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil, así como Secretario Actuario Adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de los Juzgados Primero y Segundo Mixtos, ambos con sede en Tecomán, Colima; por lo precisado en considerativo tercero de la presente interlocutoria.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano