Cruz Alberto Balderas Hernandez

Expediente 343/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
343/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Cruz Alberto Balderas Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en Irapuato, al que adjunta las constancias de diligenciación del exhorto local 169/2018-II, con el que se solicitó la notificación al quejoso *******, del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; consecuentemente, dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual solicita que una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, se le informe al juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Atento a su petición, dígasele que el treinta de abril de dos mil dieciocho, se determinó desechar de plano su demanda de amparo, al considerarse que el acto reclamado no es de imposible reparación; proveído que adquirió firmeza mediante el diverso auto de veinticinco de los actuales. Sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, infórmese lo anterior al juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por cuanto a la designación que hace a favor de ********** y **********, como personas de su confianza, dígasele que no ha lugar a tener estos con tal carácter, al no contemplarse en la Ley de Amparo dicha representación y/o encargo procesal, sino la de autorizados ya sea en términos amplios y/o restringidos, acorde con lo establecido por los artículos 12 y 24 de dicha legislación, aunado a que los nombrados ya se tuvieron como sus autorizados en términos restringidos del primer numeral. Tomando en consideración que el quejoso **********, en su libelo constitucional manifestó que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, en tal virtud, dada la trascendencia del presente proveído, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. al Juez de Distrito de en el estado de Guanajuato, en turno, con sede en Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente auto, inserto en la comunicación de que se habla, y una vez hecho lo anterior, se solicita atentamente al juez exhortado devuelva las constancias de diligenciación por la misma vía.

  3. Principal

    A sus antecedentes el oficio remitido vía en línea, con firma electrónica de la actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, adjunto al cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 134/2018-II. Consecuentemente, dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído por el que este juzgado federal desechó la demanda de amparo promovida por Cruz **********; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años a partir de esta data en que se ordenó su archivo definitivo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo signada por ***********, contra actos del juez Sexto de Distrito residente en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 343/2018-B. Ahora bien, del libelo de cuenta, se advierte que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del juez Sexto de Distrito en el estado Guanajuato, consistente en A).- NO DAR CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD, DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PETICIÓN. DE TRAMITE AL INCIDENTE INOMINADO SOBRE EL SOBRESEIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTOS. 1).- SOBRESEIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA. -Transcripción literal- En ese orden de ideas, debe de precisarse que previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia : DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes : DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta a la promoción presentada el dos de abril de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal ***. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis tesis 2./J. 48/2016 (10a.), que es notoriamente improcedente el interpuesto por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Igualmente, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la omisión de dar respuesta a una solicitud dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio no puede reclamarse de manera autónoma. En este orden y a efecto de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, debe tenerse en consideración lo establecido en los criterios de jurisprudencia 1./J. 7/2015 (10a.) y 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas cuatrocientos ochenta y cuatrocientos setenta y ocho, ambas del Libro diecisiete, abril de dos mil quince, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2008884 y 2008883, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. De lo antes expuesto se desprende que el presente juicio de amparo resulta improcedente por reclamarse una violación a los artículos 8 y 17 constitucionales, dentro del procedimiento de origen. Lo anterior, pues como se indicó por el máximo tribunal en el país, esa violación no puede reclamarse de manera autónoma. Además, si bien conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el particular; también es cierto que, de conformidad con lo dispuesto por el texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo indirecto en contra de los actos u omisiones provenientes de un procedimiento, deben ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho numeral en la parte que nos interesa dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha establecido que, a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tres de abril de dos mil trece), en el numeral 107, fracción V, se ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación. Así, para poder ser calificados como tales, sus consecuencias deben ser de tal manera que impidan el ejercicio actual de un derecho, no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Las anteriores consideraciones fueron expuestas en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y nueve, del Libro siete, Junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2006589, que establece: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual- a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Conforme al referido criterio, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una vulneración directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro del procedimiento, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al juicio de origen en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. De igual forma, nuestro máximo órgano jurisdiccional ha sostenido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. En ese sentido, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las prerrogativas fundamentales reconocidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse, aún obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que llevan por rubro y texto los siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo" . "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio" . Lo que permite concluir que si en el presente asunto, el quejoso se duele de la omisión de la responsable de contestar su petición presentado el dos de abril de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal ***, evidente resulta que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del propio procedimiento (de ejecución) en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo, pues, a criterio de esta potestad, no existe transgresión a un derecho sustantivo o que el acto deje sin defensa a la parte quejosa. Asimismo, si no existiera una norma secundaria que desarrolle de mejor forma la obligación de dar respuesta de las autoridades, esto es, que permita una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de sus derechos previstos en los artículos 8, 14 y 17 constitucionales, y la omisión relativa trae por consecuencia que se afecte materialmente algún derecho sustantivo, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, sí sería procedente el juicio de amparo. Lo que no acontece en la especie, puesto que la legislación secundaria, al caso, el Código Federal de Procedimientos Penales, dispone en su artículo 398 bis: "Artículo 398 Bis.- El recurso de queja procede contra las conductas omisivas de los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señale la ley, o bien, que no cumplan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código. La queja podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la situación que la motiva, y se interpondrá por escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. En las hipótesis previstas en el artículo 142, el recurso lo interpondrá el Ministerio Público. El Tribunal Unitario de Circuito, en el plazo de cuarenta y ocho horas, le dará entrada al recurso y requerirá al Juez de Distrito, cuya conducta omisiva haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del plazo de tres días. Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda. Si se estima fundando el recurso, el Tribunal Unitario requerirá al Juez de Distrito para que cumpla las obligaciones determinadas en la ley. La falta del informe al que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiese ocurrido la omisión." Del ordinal transcrito se aprecia que, además del propio impulso del juicio que con su actuación puede lograr el quejoso, como parte en la controversia de origen, dado el principio de justicia rogada que lo rige, sin que haya manifestación al respecto, la parte quejosa también está en aptitud de acudir ante el Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito en turno, a efecto de que se dicten las medidas necesarias para que se le respete su derecho violado (retraso en la administración de justicia), de ahí que existe una norma secundaria que desarrolla la forma de obligar a dar respuesta a las autoridades jurisdiccionales, lo que a la postre, permite una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de sus derechos previstos en los artículos 8, 14 y 17 constitucionales. Destacándose incluso, que de recurrir el quejoso ante el superior de la autoridad señalada como responsable (Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito en turno) podría ser resuelta su inconformidad en menor tiempo que por la vía del amparo, pues el artículo 115 de la Ley de Amparo, establece que la audiencia constitucional habrá de verificarse (si se reúnen los requisitos) en treinta días hábiles posteriores a la presentación de la demanda, en tanto que el procedimiento regulado por la legislación adjetiva, establece que el Tribunal Unitario acordará la procedencia en cuarenta y ocho horas, requiriendo al juez de origen un informe dentro de tres días, y transcurrido el plazo deberá resolver la alzada, es decir, se estima más eficaz la queja que el juicio de amparo. Esto es, el juicio de amparo indirecto no puede jurídicamente constituirse como el primer medio para lograr el impulso procesal de un juicio o procedimiento que, dada su naturaleza, principios y reglas que lo rigen, admite la propia actuación de las partes o mecanismos ordinarios para lograr ese efecto. Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo, promovida por *************. No obsta resaltar que, entre la fecha que se presentó la promoción ante la responsable -dos de abril de dos mil dieciocho- y la que se promovió la demanda de amparo -veintisiete de abril de dos mil dieciocho-, hayan transcurrido dieciocho días hábiles y conforme lo aseverado por el quejoso no se había emitido acuerdo alguno; sin embargo, debe estimarse que aún cuando conforme al artículo 97 del Código Federal de Procedimientos Penales, la responsable debía acordar su petición en el plazo de cuarenta y ocho horas, no se advierte una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues tales hipótesis se refieren a plazos superados en exceso; por eso, la terminología de que sea una dilación abierta, notoria o evidente, tomando en cuenta el número de expedientes que se tramitan ante la autoridad penal; de ahí que no se esté ante el supuesto de excepción previsto por el Máximo Tribunal para considerar procedente el juicio de amparo. Ello es así, porque para considerar que un proceso es abiertamente dilatado no debe tomarse en cuenta únicamente que la responsable no se sujetó a los términos procesales establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales, sino que para esto es necesario que exista una actitud deliberada y reiterada por parte de la autoridad para retrasar el procedimiento. En este sentido, se estima que en el caso la propia narración de hechos contenida en la demanda de amparo, no evidencia una "abierta dilación", con independencia de que la autoridad responsable haya incurrido en retraso de los términos y plazos a que hace referencia el precepto legal referido en párrafos precedentes. Ello si se toma en cuenta que las actuaciones de los órganos jurisdiccionales deben practicarse en días y horas hábiles; que son días hábiles todos los del año, salvo sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquellos en los que la propia autoridad suspenda labores. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Además de que la procedencia debe examinarse al tenor de las disposiciones de la Ley de Amparo, y si en ésta se prevé un supuesto que denote la improcedencia del juicio en forma notoria y manifiesta (artículo 61), el juzgador de amparo debe desechar la demanda (artículo 113); máxime que, existe jurisprudencia de carácter obligatorio, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, que se ha citado en el presente. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ y ************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Tomando en consideración que el quejoso ************, en su libelo constitucional manifestó que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, en tal virtud, dada la trascendencia del presente proveído, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. al Juez de Distrito de en el estado de Guanajuato, en turno, con sede en Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente auto, inserto en la comunicación de que se habla; así también, y en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, le requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndole que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aún y cuando sean de carácter personal se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; una vez hecho lo anterior, se solicita atentamente al juez exhortado devuelva las constancias de diligenciación por la misma vía. ? Habilitación de días y horas. Como lo dispone el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que se deriven en el juicio en que se actúa, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. ? Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o antes de que cause estado la presente determinación, manifieste si se opone a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación con la supresión de los datos sensibles.

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