Cruz Adrian Dávalos Pérez

Expediente 1433/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1433/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • Cruz Adrian Dávalos Pérez
  • Juzgado Octavo Civil En León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE TESTIMONIO DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN EL RECURSO DE QUEJA CIVIL 5/2018. EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, EN GUANAJUATO, RESOLVIÓ: ÚNICO.- ES INFUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA. ACÚSESE RECIBO. SE DETERMINA DESTRUIR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    SUPERIORIDAD ADMITE RECURSO DE QUEJA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, EN GUANAJUATO, REGISTRADO NÚMERO 5/2018 IV DE SU ÍNDICE. SE TIENE POR RECIBIDA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD OFICIANTE, SE TOMA EL DEBIDO CONOCIMIENTO PARA EFECTOS LEGALES.

  3. Principal

    QUEJOSO INTERPONE RECURSO DE QUEJA. SE DA VISTA A LAS PARTES PARA QUE SEÑALEN CONSTANCIAS , TRASCURRIDO ESE PLAZO SE REMITIRÁN LAS CONSTANCIAS.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguense a los autos el escrito y anexo de cuenta presentados por el quejoso Cruz Adrián Dávalos Pérez, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de quince de noviembre del año en curso, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama la resolución interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 78/2013-M, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad, en la que se denegó la declaración de nulidad de notificación y actuaciones posteriores pretendida por la codemandada Adriana Ramírez Flores. III. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I y 6° del mismo cuerpo de normas invocado, pues el acto combatido no genera en la esfera de derechos del aquí quejoso agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 78/2013-M, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad, en la que se denegó la declaración de nulidad de notificación y actuaciones posteriores pretendida por la codemandada Adriana Ramírez Flores. Luego, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y anexo de cuenta, se advierte lo siguiente: Que Francisco Javier Bernal Salmón, en su carácter de endosatario en procuración de Juan Zamora, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de Cruz Adrián Dávalos Pérez, en su carácter de deudor principal, así como en contra de Adriana Ramírez Flores, en su carácter de aval. En la etapa de ejecución de sentencia, la codemandada Adriana Ramírez Flores promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue declarado improcedente en resolución de doce de octubre de dos mil diecisiete. De la reseña anterior se obtiene que Adriana Ramírez Flores al tener reconocida el carácter de parte en el juicio de origen como codemandada, puede acudir a defender sus derechos, por lo que en modo alguno impactan en la esfera de derechos del peticionario del amparo el acto reclamado consistente en la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por dicha codemandada, por tanto, el impetrante no resiente un perjuicio personal y directo que lo legitime a acudir en reclamo de la protección de la justicia federal; pues como quedó visto, Adriana Ramírez Flores tiene personalidad reconocida en el juicio contradictorio natural por lo que puede comparecer a defender sus derechos por sí misma a través de los medios legales establecidos cuando estime que alguna actuación se dictó en contravención a sus derechos; máxime que dicho acto impugnado únicamente le depara afectación a la directa codemandada no a una persona diversa. No obsta a lo anterior el hecho de que el quejoso haya manifestado que el acto reclamado le causa agravio personal y directo, en virtud de que la codemandada es su esposa y habitaban juntos el inmueble rematado, sin embargo y como ya se dijo, el impetrante es parte en el contradictorio de origen (demandado y deudor principal), y como tal, tiene la oportunidad de ser oído en dicho juicio e inconformarse de las notificaciones que le hayan practicado a él como demandado, y no así las de la codemandada. Además, el acto combatido no se encuentra en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda constitucional, a saber: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover amparo, ni obra probanza alguna en el juicio de origen que acredite que el citado demandado sea menor de edad, o que se encuentre en la hipótesis que establece el artículo 16 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es claro que carece de legitimación para instar la presente queja constitucional por su propio derecho, por no ocasionar afectación o perjuicio los actos reclamados en su esfera de derechos, por no estar dirigidos a su persona. En mérito de todo lo anterior, se actualizan las causales de improcedencia en análisis; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente."

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