Crucita Yolanda Ramirez Ramirez

Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
418/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Crucita Yolanda Ramirez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    previo aviso...Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo [artículo 20, fracción II, inciso a)]. b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, del estado de los autos se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 902681, que ampara la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mismo que sirvió para garantizar la suspensión provisional concedida en el presente incidente; en consecuencia, hágase del conocimiento de la quejosa Crucita Yolanda Ramírez Ramírez, que cuenta con el plazo de dos años, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, para que se presente ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, a recoger el citado billete; en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado, bajo apercibimiento que de no acudir a recogerlo en el plazo indicado, este Tribunal decretará su prescripción, aplicando su importe a favor del Erario Federal. Es importante precisar que el citado billete de depósito únicamente se devolverá a la directa impetrante, o bien, de conformidad con los artículos 2553, 2554 y 2587, fracción VII, del Código Civil Federal, podrá otorgar poder especial para que en su representación sea entregado a determinada persona. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 6/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA RECOGER EL TÍTULO DE CRÉDITO EXPEDIDO A NOMBRE DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron vía recurso de queja, de las decisiones adoptadas por los Jueces de Distrito a quienes, respectivamente, se les formuló solicitud para que el autorizado en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo pudiera recoger el título de crédito (cheque) que la autoridad responsable expidió a favor del directo quejoso, llegando a posturas opuestas, pues uno concluyó que el recurso planteado es fundado pues fue incorrecto que el juzgador negara la entrega de ese documento valor, mientras que el otro confirmó la resolución judicial que no acordó de conformidad la petición. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que ante la ausencia de disposición expresa en la Ley de Amparo resulta necesario acudir al Código Civil Federal que regula la figura jurídica del mandato y de cuyo contenido se obtiene que la persona facultada por el quejoso, deberá contar con poder general para pleitos y cobranzas que establezca que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna y con ello, en representación del directo quejoso, pueda recibir el título de crédito. Justificación: La autorización a que se refiere la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo ha sido definida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como una mera autorización a cualquier persona con capacidad legal, que no representación, para intervenir en el juicio en el que se le autoriza y cuyas facultades procesales se circunscriben al trámite y a la resolución de dicho proceso, es decir, únicamente se le confieren facultades para la realización de los actos procesales tendientes a lograr una adecuada defensa en el proceso judicial correspondiente, lo que se corrobora con el impedimento que tiene para formular la ampliación de la demanda o para desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo. Por tanto, si con motivo de la concesión del amparo se expide un título de crédito o valor en favor del impetrante, en su caso, el titular del derecho humano restituido deberá comparecer a recibirlo, o bien, de conformidad con los artículos 2553, 2554 y 2587, fracción VII, del Código Civil Federal, podrá otorgar poder especial para que en su representación sea entregado a determinada persona; lo anterior, con independencia de que en términos del artículo 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cheque contenga la leyenda "para abono en cuenta". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo [artículo 20, fracción II, inciso a)]. b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, del estado de los autos se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 902681, que ampara la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mismo que sirvió para garantizar la suspensión provisional concedida en el presente incidente; en consecuencia, hágase del conocimiento de la quejosa Crucita Yolanda Ramírez Ramírez, que cuenta con el plazo de dos años, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, para que se presente ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, a recoger el citado billete; en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado, bajo apercibimiento que de no acudir a recogerlo en el plazo indicado, este Tribunal decretará su prescripción, aplicando su importe a favor del Erario Federal. Es importante precisar que el citado billete de depósito únicamente se devolverá a la directa impetrante, o bien, de conformidad con los artículos 2553, 2554 y 2587, fracción VII, del Código Civil Federal, podrá otorgar poder especial para que en su representación sea entregado a determinada persona. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 6/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA RECOGER EL TÍTULO DE CRÉDITO EXPEDIDO A NOMBRE DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron vía recurso de queja, de las decisiones adoptadas por los Jueces de Distrito a quienes, respectivamente, se les formuló solicitud para que el autorizado en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo pudiera recoger el título de crédito (cheque) que la autoridad responsable expidió a favor del directo quejoso, llegando a posturas opuestas, pues uno concluyó que el recurso planteado es fundado pues fue incorrecto que el juzgador negara la entrega de ese documento valor, mientras que el otro confirmó la resolución judicial que no acordó de conformidad la petición. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que ante la ausencia de disposición expresa en la Ley de Amparo resulta necesario acudir al Código Civil Federal que regula la figura jurídica del mandato y de cuyo contenido se obtiene que la persona facultada por el quejoso, deberá contar con poder general para pleitos y cobranzas que establezca que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna y con ello, en representación del directo quejoso, pueda recibir el título de crédito. Justificación: La autorización a que se refiere la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo ha sido definida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como una mera autorización a cualquier persona con capacidad legal, que no representación, para intervenir en el juicio en el que se le autoriza y cuyas facultades procesales se circunscriben al trámite y a la resolución de dicho proceso, es decir, únicamente se le confieren facultades para la realización de los actos procesales tendientes a lograr una adecuada defensa en el proceso judicial correspondiente, lo que se corrobora con el impedimento que tiene para formular la ampliación de la demanda o para desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo. Por tanto, si con motivo de la concesión del amparo se expide un título de crédito o valor en favor del impetrante, en su caso, el titular del derecho humano restituido deberá comparecer a recibirlo, o bien, de conformidad con los artículos 2553, 2554 y 2587, fracción VII, del Código Civil Federal, podrá otorgar poder especial para que en su representación sea entregado a determinada persona; lo anterior, con independencia de que en términos del artículo 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cheque contenga la leyenda "para abono en cuenta". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 418/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Crucita Yolanda Ramírez Ramírez, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente Municipal y Comisariado Ejidal de San Martín Mexicapam, consistentes en: la orden verbal o escrita para despojarla de la posesión de un predio ubicado en el paraje "Tierra Negra" hoy colonia Estado de Oaxaca, actos que estimó violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- En proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO. En contra del mencionado proveído (auto de admisión), Jacinto Eusebio Castellanos Valencia, Sylvia Olga Valencia Jiménez y Juan Esteban Hernández López, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de San Martín Mexicapan, Oaxaca, interpusieron recurso de queja; y en ejecutoria de siete de octubre de este año, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, declaró fundado el recurso de queja 226/2021. CUARTO. En auto de dieciocho de octubre del año en curso, en acatamiento a lo ordenado por el citado tribunal colegiado, este juzgado Federal ordenó dejar sin efecto el auto de veintidós de abril de este año, en su parte recurrida, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 108, fracción III, con apoyo en el arábigo 113, todos de la Ley de Amparo, se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías en relación al citado Comisariado Ejidal; y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales; 1º., 6º., 107, 108 y 124 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO.- El Agente Municipal de San Martín Mexicapam, autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías 418/2021, promovido por Crucita Yolanda Ramírez Ramírez. NOTIFÍQUESE.

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