Cristopher Otzhiry Moron Díaz de León

Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
781/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Cristopher Otzhiry Moron Díaz de León

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio de amparo, por el que se desechó de plano la demanda de garantía con que se formó este expediente 781/202-V; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Asimismo, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que por proveído de quince de octubre del presente año, se le tuvo a la Jefa de la Administración de Correos de México, por informando que los acuses de recibo con guías RM119541028MX y RM119541031MX, fueron despachadas en tiempo y forma y, que las oficinas postales de destino Administraciones Postales Zaragoza y Palacio Postal en la Ciudad de México, realizaron las entregas de los envíos a sus destinatarios. Asimismo, solicitó a los Jefes de las referidas Administraciones dar cumplimiento al proceso operativo postal, realizar la retroalimentación de los acuses de recibo de los oficios 36689/2019 y 36690/2019 girados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en la Ciudad de México y, remitir los originales en el término de setenta y dos horas. Asimismo, que ya transcurrió el periodo de setenta y dos horas, que informó la Jefa de la Administración de Correos de México, para que remitieran los mismos. Requerimiento Administrador Local de Correos. Por tanto, requiérase al Administrador Local de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, a fin de que dentro del término de tres días, que se le conceden con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se sirva remitir a este Juzgado la pieza postal del oficio 36689/2019 y 36690/2019 girados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, a las cuales les correspondieron las series RM119541028MX y RM119541031MX, en la factura 4196 recibida por dicho Administrador el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, o manifieste el impedimento que tiene para hacerlo. Ello para integrar debidamente el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, éste a su vez en representación del Presidente de la República. Apercibimiento. Apercíbase al Administrador Local de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve *********, contra actos de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y fórmese el expediente de amparo bajo el consecutivo 781/2020-V. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que la quejosa reclama el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 493/2020, en donde se fijaron las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. Sobre el particular, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Dicho artículo dice: Marco Jurídico. "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". El precepto transcrito establece como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en los plazos previstos; sobre el tema, los arábigos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la derogada Ley de Amparo -cuyos términos contextuales son similares y, por ende, su aplicación es posible de conformidad con el artículo sexto transitorio-; en el que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral 493/2020, en donde se fijaron las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Determinación que el quejoso bajo protesta de decir verdad refiere que le fue notificada el veinticuatro de septiembre del año en curso. Entonces, el término para presentar la demanda de amparo respecto de ese acto, comenzó a computarse a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación, conforme al artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, el veintiocho de septiembre de este año (en el supuesto que dicha notificación no se hubiere practicado personalmente, y que en todo caso sería más benéfico para el quejoso, en comparación con la notificación personal, mismas que surten efecto el día y hora en que se practiquen). Por lo tanto, el término para promover la demanda de amparo trascurrió del veintiocho de septiembre al diecinueve de octubre de dos mil veinte; sin contar los días tres, cuatro, diez, once, doce, diecisiete y dieciocho de octubre de este año, por ser inhábiles. De la papeleta de turno de demanda, se advierte que el escrito que generó este asunto fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad el veintiocho de octubre de dos mil veinte, después de que venció el término para promover la demanda de amparo. Entonces, si a la parte se le notificó el auto reclamado desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y se sigue que la demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de octubre de dos mil veinte, es inconcuso que su presentación es notoriamente extemporánea, por haberla hecho después de los quince días hábiles a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo que justifica la actualización de la causa de improcedencia que se señaló. Además, el acto que aquí se reclama no se encuentra en los supuestos de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo, en tanto que no es una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente."

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