Cristopher Leonel Sedena Sedena

Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
522/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Cristopher Leonel Sedena Sedena

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, a través del cual en cumplimiento a la solicitud formulada en proveído de trece de octubre actual, informa que mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por recibida y aceptada la competencia planteada por este juzgado de la demanda de amparo promovida por Cristopher Leonel Sedena Sedena, por su propio derecho; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de trece de octubre actual este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en Turno, con residencia Celaya, y como se advierte del comunicado de cuenta el Juzgado Octavo de aquél Distrito, asumió el conocimiento del líbelo constitucional de que se trata; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 21, inciso b), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DEL TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE Visto el estado de autos del presente juicio, y la certificación de cuenta, se desprende que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del término legal concedido para tal efecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, en el sentido de que este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente únicamente por lo que ve a las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda. Ahora, de la demanda de amparo presentada por Cristopher Leonel Sedena Sedena, se advierte que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a los Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato y otras autoridades. INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La posible orden de detención o de privación de mi libertad, sin ser notificado o enterado en debida forma sobre proceso legal alguno o querella que obre en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables.". De la transcripción que antecede se desprende que el peticionario de amparo atribuyó a las autoridades responsables los actos siguientes: Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. La posible orden de detención o de privación de mi libertad, sin ser notificado o enterado en debida forma sobre proceso legal alguno o querella que obre en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. En suma la quejosa reclama genéricamente de las autoridades responsables indicadas con residencia en Celaya, Guanajuato, los actos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La posible orden de detención o de privación de mi libertad, sin ser notificado o enterado en debida forma sobre proceso legal alguno o querella que obre en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables.". Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución, lo anterior, en razón de que las autoridades señaladas por la quejosa como responsables, tienen su residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Lo anterior se sostiene en virtud de que en el escrito de demanda de amparo se pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa es: la posible orden de detención o de privación de la libertad, sin ser notificado o enterado en debida forma sobre proceso legal alguno por las autoridades señaladas como responsables, así como la ejecución de cualquiera de las órdenes descritas; los cuales fueron atribuidos a autoridades ejecutoras que se ubican fuera del lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. No se soslaya que la parte quejosa refirió en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes, lo siguiente: "Que en estos últimos días me entere que personal de la Fiscalía General de la República, adscrito a la Delegación Celaya de la Fiscalía General de la República, con sede en Celaya, Guanajuato, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal dependientes de dicha Fiscalía con sede en Celaya, Guanajuato, han estado indagando respecto del paradero del suscrito, por lo cual tengo el temor fundado de que se pretende privarme de mi libertad para llevar a cabo una investigación a lo cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, no se me ha notificado o enterado al respecto del inicio de alguna causa en mi contra y me inquieta del porqué de tanta insistencia en mi localización.". Esto es, conforme al planteamiento realizado por el solicitante del amparo, tales actos aparentemente tendrían su ejecución en un lugar donde no ejerce jurisdicción este juzgado. De ahí que, este órgano jurisdiccional dio la oportunidad a la parte quejosa a fin de que aclarara su demanda en el sentido de que hiciera el señalamiento correspondiente de alguna autoridad ejecutora en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, sin que hubiese realizado manifestación alguna. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Ahora, en el caso que nos ocupa no fue señalada ninguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial, y por ello no es posible que el acto reclamado sea cumplimentado materialmente en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito, esto, toda vez que las autoridades responsables señaladas por el quejoso tienen sus domicilios en la ciudad de Celaya, Guanajuato; por lo que deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de las autoridades responsables señaladas -Celaya, Guanajuato-, en virtud de que de existir tal orden, ninguna de ellas podrá cumplimentar lícitamente el mandato que señala como acto reclamado en el ámbito territorial en el que no tiene imperio para ejercer sus funciones. Por tanto, la competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, toda vez que éstos ejercen jurisdicción en la ciudad del mismo nombre, y por las razones siguientes: Dentro de su jurisdicción, radican las autoridades señaladas como responsables. La peticionaria de amparo en su demanda no señaló autoridades responsables ejecutoras de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. La quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que autoridades con sede en Celaya, Guanajuato -lugar en el que este juzgado no ejerce jurisdicción-, han estado indagando sobre el paradero del aquí quejoso. No es óbice, que el quejoso presentara su demanda en este juzgado, pues, estimarlo de otro modo implicaría, dejar al arbitrio del peticionario la elección del Juez de Distrito competente lo que es inadmisible. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en Turno, con residencia Celaya, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Por otro lado, y contrario a lo expuesto por la parte quejosa, no es factible pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en el caso se actualiza la regla prevista en el primero párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, además de que, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DEL VEINTIUNO DEL SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Cristopher Leonel Sedena Sedena, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 522/2021. Consideraciones previas. A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, precisa tener en cuenta que del análisis del ocurso de demanda se desprende que el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La posible orden de detención o de privación de mi libertad, sin ser notificado o enterado en debida forma sobre proceso legal alguno o querella que obre en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables.". Esto es, la orden de detención o privación de la libertad, decretada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. En principio, el quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato. Asimismo, el quejoso no indica domicilio alguno ubicado en el territorio en el cual este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, únicamente, se desprende del capítulo de antecedentes lo siguiente: 1. Que en estos últimos días me entere que personal de la Fiscalía General de la República adscrito a la Delegación de Celaya de la Fiscalía General de la República, con sede en Celaya, Guanajuato, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal dependientes de dicha Fiscalía con sede en Celaya, Guanajuato, han estado indagando respecto del paradero del suscrito, por lo cual tengo el temor fundado de que se pretende privarme de mi libertad para llevar a cabo una investigación a lo cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, no se me ha notificado o enterado respecto del inicio de alguna causa en mi contra, y me inquieta del porqué de tanta insistencia en mi localización. 2. Es así que siendo, el suscrito una persona dedicada a mi trabajo, diario tengo el temor de ser privado de mi libertad y que con ello se proceda en contra del suscrito sin tener una adecuada información para poder llevar una defensa sobre quien o quienes pretenden justiciarme o incriminarme. 3. Razones estas las anteriores por las cuales ocurro ante este H. Tribunal Federal a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, no con la finalidad de sustraerme de la acción de la justicia sino más bien para preservar los derechos que la propia Carta Magna de Nuestro país consagra a favor del suscrito en cuanto a los principios de la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso." Sin embargo es omisa, la parte quejosa, en señalar si existe alguna autoridad ejecutora con residencia en algún lugar perteneciente al Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Motivos por los cuales se impone la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con base en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a), requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. Manifieste si señala alguna autoridad responsable ejecutora con residencia en este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y de ser así indique de qué autoridad se trata. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención dictada en el plazo y condiciones indicadas, este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente únicamente por lo que ve a los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda. Domicilio procesal y autorizados. Ahora bien, el quejoso señala como dispositivo para oír y recibir notificaciones el correo electrónico luismendoza00720@gmail.com, empero, el mismo únicamente se le tiene por indicado para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, a fin de establecer contacto en algún momento de la secuela procesal. Por tanto, en razón de que no se cuenta con algún otro domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se señalan los estrados de este Juzgado, tal circunstancia faculta a este Órgano Jurisdiccional para ordenar que las notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Hágase saber a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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