Cristopher Garcés Godinez

Expediente 29/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
29/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Cristopher Garcés Godinez
  • Juez 56° Penal En el Distrito Federal

Actuaciones

  1. Principal

    mesa"5" Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, con fundamento en el antepenúltimo y último párrafos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, remite los autos originales del juicio de amparo 105/2017 de su índice y dos anexos del mismo. Con ello solicita a la suscrita se pronuncie respecto de la competencia que por razón de turno plantea, toda vez que se encuentra relacionado con el presente sumario constitucional. En atención a su contenido y tomando en consideración que como lo manifiesta el Juzgado oficiante, el presente juicio de amparo se encuentra estrechamente relacionado con el diverso 29/2016-5 registrado ante esta autoridad, en el entendido de que el acto reclamado tiene relación con la demanda de amparo presentada por el quejoso el trece de enero de dos mil dieciséis; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 46 del acuerdo citado líneas precedentes, se hace del conocimiento de la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de esta ciudad que la suscrita acepta la competencia planteada. En ese sentido, remítase el juicio de amparo 105/2017 de la homóloga federal de referencia y los dos anexos del mismo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que realice el turno de dicho expediente. Solicitándole al Jefe de la citada Oficina de Correspondencia Común, que el asunto que se le remite lo turne a este Juzgado de Distrito, lo anterior en razón de que el acto reclamado en el mismo, se encuentra estrechamente relacionado con el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA"5" Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita que de no haber inconveniente alguno, le sean remitidas copias certificadas de:  Papeleta de Turno.  Demanda de amparo.  Auto admisorio.  Informes Justificados de las autoridades que hayan aceptado el acto reclamado; y,  En su caso, de la sentencia que se haya dictado en el juicio y el auto en que haya causado ejecutoria. En ese tenor, remítanse copias certificadas de la papeleta de Oficialía de Correspondencia común; de la demanda de garantías; del auto admisorio; de la sentencia dictada en el juicio, así como del auto en que causó ejecutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa "5" México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito suscrito por el quejoso; atento a su contenido, se tiene al promovente desahogando el requerimiento formulado mediante proveído de catorce de enero del año en curso. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior las siguientes consideraciones. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que por regla el plazo para presentar la demanda es de 15 días, con la excepción, entre otras, de que podrá ser promovido en cualquier tiempo si el acto reclamado implica lo siguiente: - Peligro de privación de la vida. - Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Incomunicación. - Deportación o expulsión. - Proscripción o destierro. - Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. - Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el auto de formal prisión que reclama la parte quejosa, no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para poder sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Es así porque el quejoso se encuentra sujeto a la causa penal 180/2015, del índice del Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal. De lo que se obtiene que el auto de formal prisión reclamado fue dictado dentro del procedimiento que se le instruye al quejoso por el delito de secuestro agravado. Por ende, aun cuando dicho acto reclamado ataque la libertad personal del solicitante de amparo, no puede considerarse que fue emitido fuera de procedimiento. Bajo esas condiciones, para la promoción del amparo, el peticionario constitucional debió sujetarse al término de 15 días referido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no ocurrió, como más adelante se verá. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. Ahora, el mencionado precepto establece que el término de quince días a que se refiere, entre otros supuestos, contará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. Esta regla se actualiza cuando el quejoso manifiesta la fecha en que se ostentó sabedor del acto reclamado (situación que ocurre en la especie). En ese contexto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el libelo que se atiende, que tuvo conocimiento del auto de plazo constitucional reclamado el dos de diciembre de dos mil quince. De lo anterior de colige que en la citada fecha la parte quejosa tuvo conocimiento del acto aquí reclamado (auto de plazo constitucional de dos de diciembre de dos mil quince). Lo anterior es así porque la manifestación vertida por el quejoso en el escrito de cuenta, tiene valor probatorio de confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación al caso concreto la tesis visible en la página 857 del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, diciembre de 1993, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes. "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Precisado lo anterior, la resolución reclamada emana de un proceso penal radicado en un juzgado penal de esta ciudad. En consecuencia, dicho acto se rige por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que el cómputo del término correspondiente, debe realizarse con base en las reglas establecidas en dicha codificación. En ese sentido, el artículo 57 del ordenamiento legal mencionado establece que los plazos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación. Por tanto, atento al aludido artículo 57 de mencionado código, el término de quince días establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda, transcurrió para el quejoso Cristopher Garcés Godínez, del tres al veintitrés, ambos de diciembre de dos mil quince, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte, todos del mismo mes y año, por haber sido días inhábiles, como se verá en los siguientes cuadros de resumen. Diciembre de dos mil quince LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 Quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado 3 Primer día 4 Segundo día 5 6 7 Tercer día 8 Cuarto día 9 Quinto día 10 Sexto día 11 Séptimo día 12 13 14 Octavo día 15 Noveno día 16 Décimo día 17 Undécimo día 18 Duodécimo día 19 20 21 Decimotercer día 22 Decimocuarto día 23 Último día para la promoción del juicio de amparo 24 25 26 27 28 29 30 31 Enero de dos mil dieciséis LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Promoción del juicio de amparo 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, trece de enero de dos mil dieciséis (según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal); el término de quince días a que alude el artículo 18 de la Ley de la Materia, transcurrió en exceso. Atento a lo anterior, el peticionario de amparo consintió tácitamente el acto que ahora reclama, en tanto que esta demanda de amparo fue promovida fuera del término legal de quince días aludido; actualizándose la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo I, Décima época, mayo de 2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En razón de lo expuesto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Es así porque se actualiza en forma manifiesta e indudable la referida causal de improcedencia, y bajo ese contexto, ningún sentido tendría llevar a cabo la substanciación del juicio y llegar la fecha de la audiencia constitucional, porque el resultado sería el mismo, es decir, de cualquier manera se actualizaría dicha causal de improcedencia, para lo cual sólo bastaba con recibir las constancias que sirvieron de apoyo para la emisión del acto reclamado pues el quejoso ya no podrá exhibir, ni en el trámite del juicio ni en la propia audiencia, prueba alguna que tenga la fuerza suficiente para desestimar esa causal de improcedencia. Ello es así, dado que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y el juicio se promueve fuera del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia o que se haga nugatorio su derecho a una adecuada defensa, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos. Con base en lo anterior, se estima que de dar tramite a la petición de amparo de mérito, celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la inexistencia de los actos reclamados. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa "52 México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por CRISTOPHER GARCÉS GODINEZ, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 29/2016-5 y fórmese el expediente correspondiente. Prevención. Con fundamento en los artículos 112, 114 y 108 fracción V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, informe a esta juzgadora federal, bajo protesta de decir verdad, el día en que fue notificado del auto de plazo constitucional de fecha dos de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 180/2015. Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que la suscrita esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio: una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Es aplicable la jurisprudencia P./J.36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y nueve, Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se apercibe a la parte quejosa que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal; por tanto, en términos de la fracción I inciso a) del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 constitucionales en vigor, se ordena que todas las notificaciones que deriven del presente juicio constitucional, se realicen de manera personal en dicho centro preventivo de reclusión. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Adrián Echeverría Flores que autoriza y da fe.

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