Cristopher Alexis Rodríguez Santillán

Expediente 1167/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1167/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Cristopher Alexis Rodríguez Santillán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    1. Informe justificado y vista. Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional.

  2. Incidental

    1. Promoción. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Ciudad Acuña, mediante el cual rinde su informe previo. 1.1 Acuerdo. Sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento, toda vez que el mismo ya obra en este expediente, y mediante interlocutoria de veintitrés de los actuales, se resolvió la suspensión definitiva respecto a los actos reclamados a dicha autoridad.

  3. Incidental

    1. Promoción. Agréguense a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. 1.1 Acuerdo. Téngase a la autoridad responsable informando haber dado cumplimiento a la suspensión dictada en este asunto, por lo que dejó sin efecto la prisión preventiva que venía guardando el aquí quejoso Cristopher ...desde el nueve de noviembre de este año, y en su lugar impuso diversas medidas cautelares; de lo que este juzgado queda enterado, para los efectos legales correspondientes. 1.2 Prueba videograbación. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la mencionada autoridad el archivo electrónico enviado a través del enlace electrónico relativo a la audiencia de juicio oral celebrada en la causa penal 518/2023, que se le instruye por el delito de robo de cuantía menor. 1.3 Análisis de la calidad del archivo digital. Este órgano de justicia ha examinado en su totalidad, el archivo digital correspondiente y encuentra que es apto para ser examinado por las partes en este incidente de suspensión, así como para ser valorado en la etapa procesal conclusiva, para los efectos legales que haya lugar. 1.4 Certificación de la videograbación y orden cronológico. Al respecto, la autoridad responsable remitió un archivo digital relativo a la causa penal NIC-0518/2023; sin embargo, el mismo no contiene certificación de la responsable, ni se acompaña el índice cronológico relativo. No obstante, se estima innecesario requerir dichas documentales, tomando en consideración que del propio comunicado de cuenta se advierte que la autoridad responsable en cita, ordenó la remisión de la audiencia de trato e índice cronológico correspondiente por la vía física. 1.5 Correo electrónico. Se tiene a la autoridad responsable proporcionando como correo electrónico el que señala en su informe, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    1. Proemio. En Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, siendo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE), DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, encontrándose en audiencia pública Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del licenciado José Manuel Monsiváis Meza, Secretario del Juzgado, declaró abierta la audiencia del incidente de suspensión del juicio de amparo 1167/2023. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo se determina lo siguiente: 2. Promoción. El Secretario da cuenta con el informe previo que rinde la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Ciudad Acuña, registrado con el número de control interno 14291. 2.1 Acuerdo. Se tiene a la citada autoridad rindiendo su informe previo. 3. Informe no rendido. La Secretaría señala que la diversa autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe previo, sin que se estime necesario contar con el mismo, dados los motivos que enseguida se exponen. 3.1 Acuerdo. En razón de lo anterior, realícese el pronunciamiento que legalmente proceda en la etapa correspondiente. 4. Pruebas. El Secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. 4.1 Acuerdo. Se tiene por perdido el derecho para ofrecer pruebas. 5. Alegatos. El Secretario certifica la inexistencia de alegatos 5.1 Acuerdo. Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo.Este Juzgado resuelve en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1167/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se concede a *****************, la suspensión definitiva que solicita respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, y Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 518/2023, que se le instruye por el delito de robo de cuantía menor. ARGUMENTOS LEGALES 1. Acto reclamado. La parte quejosa manifestó como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 518/2023, que se le instruye por el delito de robo de cuantía menor. 2. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado para el efecto que de que se le conceda con efectos restitutorios a fin de que la responsable deje sin efectos la prisión preventiva justificada y convoque a una audiencia en la que imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada. 3. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, al momento de rendir su informe previo, admitió la existencia del acto reclamado. Por consiguiente, también debe tenerse por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, no obstante que aún no obra su informe previo; al haberlo aceptado la autoridad ordenadora, invariablemente dicha autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene la obligación de dar cumplimiento a lo que se le ordena, es decir, intervenir en la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. 3.1 Jurisprudencia. Tiene aplicación a esta resolución interlocutoria, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 239008. 4. Interés suspensional. El quejoso lo justifica toda vez que en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la causa penal 518/2023, índice de la autoridad responsable se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 5. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, parte del fundamento constitucional previsto en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Federal. El análisis de la apariencia del buen derecho tiene como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de una autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En atención a lo expuesto, cabe enfatizar en principio que la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la medida cautelar no ocasionaría perjuicios al interés social ni contravendría disposiciones de orden público. En ese sentido, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que lo es la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el procedimiento penal de origen, se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de esa medida cautelar. En efecto, primeramente, en uso de la apariencia del buen derecho, que conlleva un estudio preliminar y superficial del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y, de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado -prisión preventiva justificada- tiene matices de poder resultar inconstitucional. Porque al constituir la prisión preventiva una privación de la libertad que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, son insuficientes para satisfacer el fin procesal, ya que conforme al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. Lo que deberá ponderarse atendiendo a los principios de mínima intervención y proporcionalidad que rigen la imposición de medidas cautelares, exponiéndose porqué otras medidas eran insuficientes para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, pues, de no ser así, como se indicó, la prisión preventiva será desproporcionada. Lo anterior así se determinó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs México. También lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 315/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintidós, al señalar, en lo que interesa que el principio de proporcionalidad requiere antes de imponer la prisión preventiva, las autoridades consideren la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, ya que La prisión preventiva se impondrá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin. 6. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, esto, en el aspecto sustantivo, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal y se permitiría la continuación de los efectos del acto reclamado. Por otro lado, en cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que, si a pesar de tener matices de inconstitucionalidad, no se suspende con efectos restitutorios, podrían consumarse irreparablemente las violaciones producidas a causa de dicho acto, el cual se consuma de instante en instante, mientras el peticionario permanezca privado de la libertad. 7. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social. 8. Inobservancia de normas de orden público. Es importante señalar que, si bien el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala que, entre otros supuestos, no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, lo cierto es que esta disposición no es absoluta. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, acotó que la porción normativa contemplada en el artículo 128 de la Ley de Amparo, relativa a que la suspensión no procede contra medidas cautelares dictadas por una autoridad jurisdiccional en procedimientos del orden penal, no podía leerse como una regla irrestricta, sino que admitía excepciones. Por lo que correspondía a las personas juzgadoras de amparo, en cada caso concreto, realizar un estudio de ponderación entre la no afectación al interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho al tenor de las manifestaciones de la parte quejosa en la demanda constitucional, con el objeto de determinar la procedencia de la suspensión contra medidas cautelares dictadas en el proceso penal. En efecto, entre las diversas consideraciones plasmadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la resolución antes invocada, mencionó que la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, en tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no sólo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. De modo que, excepcionalmente sí puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de la no afectación al interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho como en este caso de ha venido desarrollando. 9. Tutela jurisdiccional efectiva. La institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo debe contextualizarse dentro del marco del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 397/2016, sostuvo que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso, se encuentran las medidas cautelares como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, la cual tiene como finalidad conservar la materia de dicho medio de control constitucional y evitar la consumación de daños irreparables o difícilmente reparables, sobre la esfera jurídica del quejoso. Bajo esta noción, la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto reclamado, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo, por lo que no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto de afectación se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión respecto de actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad, como lo es la prisión preventiva justificada, la libertad del quejoso no queda a disposición de la autoridad responsable, sino bajo la jurisdicción del órgano jurisdiccional de amparo. Al respecto, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, en la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), determinó que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Para determinar si existen o no elementos que permitan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a sus intereses y, en tal supuesto, establecer las condiciones, circunstancias o modalidades en que su libertad quedará afectada en tanto se determina lo conducente sobre la suspensión definitiva; o bien, de ser el caso, mientras que cause estado lo que haya de resolverse en lo principal del controvertido constitucional. Ejercicio que responde a que la suspensión instrumentaliza al juicio de amparo como un recurso efectivo capaz de tutelar derechos fundamentales, incluso de manera anticipada pues, de no ser así, los efectos de la suspensión respecto actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad (como la prisión preventiva justificada) serían nugatorios e ilusorios, pues aunque la libertad del quejoso quede bajo la potestad del juzgador de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que, al dictarse sentencia de fondo, pueda declararse inconstitucional. En otras palabras, ningún fin útil y práctico tiene, para los derechos del quejoso, el hecho de que se le otorgue la suspensión para que quede, por cuanto a su libertad, a disposición del órgano de amparo, cuya principal misión es proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales del que el país sea parte, si no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien desde un inicio le asiste razón; según el principio general relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Considerar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita, restrictiva e injustificada del derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que es incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona tutelado en el artículo 1° constitucional, que como se dijo, ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Entonces, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, se colige que como efecto de la suspensión respecto de la prisión preventiva justificada, la libertad del quejoso queda bajo disposición del órgano de amparo y esto brinda la posibilidad de que se pueda realizar un juicio preliminar para determinar si es factible otorgar la suspensión, además, con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada). En esa tesitura, el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Por lo que, se estima que en este caso, se satisfacen los elementos que se han referido en este acuerdo. 10. Concesión de la suspensión definitiva. En mérito de lo expuesto, como la solicita la parte quejosa, concatenado a que se hace patente la apariencia del buen derecho, se justifica el peligro en la demora y su concesión no conlleva una afectación al interés social ni contraviene disposiciones de orden público; con fundamento en los artículos 128, 138, 139, 147 y 163 de la Ley de Amparo, en el caso procede conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, para los efectos que más adelante se precisarán, hasta en tanto se resuelva el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Lo cual cumple con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. Esta determinación se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sostiene lo anterior, porque conforme al criterio transcrito, cuando se concede la suspensión con efectos restitutorios, se entenderá que la materia del juicio de amparo subsistirá si eventualmente el juicio de amparo se resuelve de forma adversa a la parte quejosa y las consecuencias de esa suspensión puedan retrotraerse; por el contrario, se dejaría sin materia el juicio, si con la concesión de la suspensión los efectos del acto no pudieren ser revocados ni siquiera en el supuesto de que se niegue el amparo. 10.1 Efectos de la suspensión definitiva. La suspensión definitiva que se concede en este acuerdo, es para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, dentro de la causa penal 518/2023, que se instruye al quejoso Cristopher Alexis Rodríguez Santillán, por el delito de robo de cuantía menor, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, realice lo siguiente: i) Cite a audiencia a las partes, donde deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso Cristopher Alexis Rodríguez Santillán; ii) Dé intervención a las mismas partes para que debatan, expongan y acrediten lo que en derecho estimen pertinente; y, iii) Hecho lo anterior, atendiendo a los principios de mínima intervención y proporcionalidad que rigen la imposición de medidas cautelares, determine lo que legalmente proceda, para lo cual deberá analizar: a) La finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) La medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) Sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Resulte estrictamente proporcional; y e) Dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. iv) Suspensión que surte sus efectos de manera inmediata y hasta en tanto este juzgado de Distrito resuelva lo conducente en definitiva. No surtiendo efectos respecto de hechos, actos o autoridades distintas a las señaladas como responsables. 10.2 Requisitos de efectividad. Se precisa que para que surta efectos la suspensión definitiva concedida no resulta necesario requerir a la parte quejosa la exhibición de alguna garantía como requisito de efectividad en términos de lo establecido en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo. 10.3 Criterio de Pleno Regional. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con registro digital 2026999, la cual es de observancia obligatoria para este órgano de justicia y el juzgado responsable. 11. Conclusión. En atención a lo anteriormente expuesto, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión definitiva solicitada. 12. Notifíquese en términos de ley.13. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que la promoción de cuenta y esta resolución se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. 14. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Certifico y doy fe.

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