CRISTOPHER ALEXIS CORDOBA GALAVIZ o GALVANIZ

Expediente 465/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
465/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • CRISTOPHER ALEXIS CORDOBA GALAVIZ o GALVANIZ

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la comunicación número 638/2017 de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio de la cual, acepta la competencia planteada por la suscrita mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete y se avoca al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como concluido; acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de alzada. Ahora bien, al tratarse de un asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente y no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN transcurridos cinco años a partir del presente proveído, de conformidad con el punto Vigésimo Primero fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Por otra parte, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Cristopher Alexis Córdoba Galaviz o Cristopher Alexis Córdoba Galvaniz, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla y otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 465/2017-A. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Ahora bien, cabe precisar que los actos que se pretenden combatir en la presente instancia se hacen consistir en la sentencia condenatoria dictada por el 1. Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla el veintinueve de abril de dos mil dieciséis en contra del quejoso Cristopher Alexis Córdoba Galaviz o Cristopher Alexis Córdoba Galvaniz, en la causa penal 180/2013 de su índice, así como la diversa dictada por el 2. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla que confirma la aludida resolución, emitida el ocho de febrero de dos mil diecisiete. Establecido lo anterior, es de indicarse que, la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, por lo que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del mismo y, determina específicamente que su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Los numerales citados disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Así, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. También, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia condenatoria dictada por el 1. Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla el veintinueve de abril de dos mil dieciséis en su contra, en la causa penal 180/2013 de su índice, así como la diversa dictada por el 2. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla que confirma la aludida resolución, emitida el ocho de febrero de dos mil diecisiete. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 465/2017-A, siete copias simples del escrito de inicial de demanda, así como un anexo al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y ya que éstos, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerla señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones y en esas condiciones realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Téngase como autorizados de la parte quejosa, en los términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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