Cristofer David Medina Oviedo

Expediente 3211/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3211/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Cristofer David Medina Oviedo
  • Representante Local del Instituto Nacional de Migración

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ********************, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de ******************** sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito de Guillermo de la Garza Garza, por el cual hace del conocimiento que salió de la estación migratoria en la que se encontraba, por lo que solicita se sobresea el presente juicio. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías que se promovió a favor de Cristofer David Medina Oviedo, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de primero de diciembre del año en curso. Resultando inecesario pronunciarse sobre las contancias actuariales que obran dentro de la presente causa. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y dése noticia de ello en la estadística. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de diciembre de dos mil veintidos. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Guillermo de la Garza Garza a favor de Cristofer David Medina Oviedo, de nacionalidad colombiana, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 3211/2022-4, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. De la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Ante ello, se precisa que solo se tendrá como responsable al Representante Local de la dependencia antes señalada, por ser hecho notorio que es la autoridad encargada del alojamiento de migrantes en esta localidad, sin perjuicio de que el interesado insista en incluir más autoridades como parte en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto que de no existir causa legal que lo impida, la autoridad migratoria se abstenga de incomunicar, deportar, rechazar, expulsar o devolver al directo quejoso a su país de origen. De igual manera, deberá instruirse la inmediata libertad de Cristofer David Medina Oviedo, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, mediante la satisfacción ante la autoridad responsable de los supuestos siguientes: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá, del que no deberá ausentarse sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Sin que se le requiera garantía alguna, dada la calidad de migrante. Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenido por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si el quejoso, una vez liberado, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se compromete a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplió con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente haya sido sorprendido intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportado por autoridades migratorias de ese país. Cabe precisar, que si el quejoso fue privado de la libertad por la comisión de delito, la suspensión de plano decretada, será para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éste. De existir flagrancia o urgencia, el efecto de esta suspensión será para que sin exceder de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que el justiciable fue puesto a su disposición, se ordene su libertad o sea puesto a disposición de las autoridades competentes. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. Se previene a la autoridad, que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, y se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. Se instruye al Actuario adscrito para que se constituya en la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, o en diverso lugar de albergue de extranjeros, para verificar la estancia del directo agraviado, a fin de notificarle personalmente el presente proveído, con asistencia de traductor en caso necesario, certificando el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que el quejoso directo no sea localizado como recluido o albergado en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; debiendo requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentre, y en tal supuesto, proceder a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Desde ahora, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios de este órgano jurisdiccional para que actúen en horas y días inhábiles si fuere necesario. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, además, conforme a la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que el directo quejoso no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares, o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Se tiene al promovente, señalando en su demanda domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como autorizados legales. Además, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, para los efectos que indica, con el nombre de usuario GUILLERMO77, por lo que se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico SISE), para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

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