Cristóbal Vitela Maldonado
Expediente 1048/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cristóbal Vitela Maldonado
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución de seis de noviembre del año en curso, dictada en el recurso de queja 318/2019, del que se advierte que ese órgano colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO: Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas, acúsese recibo y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, en acatamiento al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido Acuerdo General Conjunto, procédase a su destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja, el cual quedó registrado bajo el número 318/2019.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, acompañándole el original y copia del escrito del recurso, así como copia del juicio de amparo 1048/2019-Il. Finalmente, dados los motivos del desechamiento a consideración de este órgano de control constitucional el recurso de queja en trato deberá de ser sustanciado por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, en atención a la jurisprudencia número 2a./J. 52/2019 (10a.) en materia común, publicada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO POR ESTIMAR QUE LA DEMANDADA NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Por regla general los conflictos competenciales por razón de la materia se .."
- Principal
REGISTRO Vista la demanda de amparo que promueven ...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1048/2019-II. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, SAPASE (O.P.D. S.A.P.A.S.E) y/o Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, (O.P.D. S.A.P.A.S.E.). La omisión, el desacato e incumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de enero y sentencia interlocutoria de dos de mayo, ambas de dos mil diecinueve, dictadas por la Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del expediente 2035/2018, de su índice, promovido por Cristóbal Vitela Maldonado, en contra del organismo en cita. DESECHAMIENTO Este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues al Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, SAPASE (O.P.D. S.A.P.A.S.E) y/o Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, (O.P.D. S.A.P.A.S.E.), no le recae el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Del primer precepto referido se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando la propia legislación de la materia así lo disponga. Por su parte, las diversas porciones normativas indican que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la interpretación en sentido contrario del dispositivo señalado en párrafos precedentes se aprecia que si a un ente del Estado no le recae el carácter de autoridad responsable bajo los lineamientos señalados por la Ley de Amparo, la acción constitucional es improcedente porque precisamente el objeto del juicio biinstancial es el análisis de actos de autoridad para resolver controversias que se susciten por ellos. En el caso, la moral impetrante de amparo reclama del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, SAPASE (O.P.D. S.A.P.A.S.E) y/o Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, (O.P.D. S.A.P.A.S.E.), -parte demandada en el contradictorio de origen- la omisión, el desacato e incumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de enero y sentencia interlocutoria de dos de mayo, ambas de dos mil diecinueve, dictadas por la Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del expediente 2035/2018, de su índice, promovido por Cristóbal Vitela Maldonado, en contra del organismo en cita, en contra del organismo en cita; empero, como se adelantó, dicho ente de derecho público carece del carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo por ser la parte demandada en el expediente de origen y, por ende, actuar en un plano de coordinación con la parte quejosa. En efecto, en su actuar, el Estado puede atender a relaciones de supra ordinación, de supra a subordinación y de coordinación. Las primeras son las establecidas entre los órganos del Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose por el derecho público. Las de supra a subordinación son las que entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; también se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, lo cual trae consigo que la propia autoridad u otras facultadas para ello cuenten con los medios para vencer cualquier residencia que pudiera implicar el no cumplimiento voluntario al mandato de autoridad. Las terceras, es decir, las relaciones de coordinación, son las entabladas ente sujetos que actúan en un plano de igualdad y su nota distintiva consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir las diferencia que surjan, actuando en juicio en un plano de igualdad, y sometiéndose a la imposición coactiva de la determinación asumida en el fallo judicial. Sentado lo anterior, debe precisarse que la omisión atribuida al organismo público responsable no implica la realización de actos susceptibles de combatirse a través de este medio de control constitucional, ni siquiera equiparables a los que emiten las autoridades del estado, ya que no actúa provisto de imperio -no actúa con potestad pública-. Esto es porque el marco normativo que regula el procedimiento de origen -Código de Comercio- cuenta con una gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de la sentencia, lo que supone que ubica al referido ayuntamiento en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones particulares, lo que implica que el ayuntamiento demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación de coordinación frente a la aquí quejosa. No se soslaya que el ordinal 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, conforme a su numeral 1063, disponga que nunca podrá dictarse contra las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y que estarán exentos de prestar las garantías que ese código exija de las partes. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, estableció que cuando la norma prevé un procedimiento específico para dar ejecución a los fallos dictados en un contradictorio, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes, conlleva en sí mismo el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación y, por ende, la falta de cumplimiento de una sentencia por parte de la demandada no se reconoce como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los contendientes se ubican en un plano de coordinación y la igualdad procesal que se prolonga al ámbito de la ejecución; es decir, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación de coordinación. La razón que se dio encuentra soporte en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), la cual se considera aplicable al caso concreto aun cuando el tópico se haya referido a un laudo dictado en un juicio laboral, pues lo cierto es que de ella se obtiene el criterio diferenciador para establecer cuándo involucra un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo el incumplimiento a una sentencia en la que figuró una dependencia municipal como parte demandada. Así, a pesar de que, como quedó apuntado, existe disposición que prohíbe despachar en contra de municipios mandamiento de ejecución y providencia de embargo, si en el marco normativo que rige los juicios mercantiles existen medios eficaces que permitan la ejecución en su contra, tal situación significa que en la etapa ejecutiva subsiste el plano de coordinación e igualdad procesal imperante entre las partes en los procedimientos mercantiles. En ese orden de ideas, el Código de Comercio en sus artículos 1346, 1347, 1397, 1400 y 1410 á 1413, prevé el procedimiento que deberá seguir el juez natural para lograr la ejecución de una sentencia. Una característica central en la regulación de la etapa de ejecución la constituye la posibilidad de que frente a la ausencia en el cumplimiento de la sentencia correspondiente por parte de la autoridad que hubiera sido señalada como demandada, ésta puede ser forzosamente ejecutada mediante el embargo y remate de sus bienes (privados), mecanismos eficaces y de inmediata ejecución para lograr el cumplimiento del fallo. Así, el cumplimiento a una sentencia por un ente particular señalado como demandado en un juicio ordinario mercantil, se desarrolla por el tránsito de un procedimiento concreto, de acuerdo a los términos y condiciones que prevé el ordenamiento relativo antes citado, el cual, como se vio, puede ser forzosamente ejecutado mediante el embargo y remate de sus bienes; bajo esta perspectiva, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza a las partes procesales en el proceso mercantil de origen y la igualdad de éstas se extiende también al ámbito de la ejecución de las sentencias, en el que su incumplimiento por parte de la autoridad demandada (Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, SAPASE (O.P.D. S.A.P.A.S.E) y/o Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, (O.P.D. S.A.P.A.S.E.), puede ser vencido a través del embargo y remate de sus bienes. De manera que el organismo demandado en la etapa de ejecución del contradictorio primigenio, no actúa en un esquema de supra a subordinación como condición para la categorización de un acto de autoridad, sino en todo momento dentro de una relación de igualdad o bilateralidad con el particular actor; dicho de otro modo, el vínculo entre las partes es de coordinación y no de supra a subordinación, habida cuenta que actúa como un ente de derecho privado. Por consiguiente, el incumplimiento por parte del indicado organismo a las sentencias dictadas en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que, como se sostuvo, conforme a la normativa que rige el acto, el particular aquí moral quejosa, cuenta con los instrumentos y mecanismos legales que proporciona la ley de materia para lograr el cumplimiento y ejecución del fallo. Bajo estas consideraciones, resulta inconcuso que el plano de coordinación y la igualdad procesal que subyace entre las partes procesales en el proceso ordinario mercantil también es aplicable en la etapa de ejecución. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.II.C. J/4 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, que estipula: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, definió que cuando la parte demandada en un juicio sea una autoridad debe analizarse el marco legal aplicable en el contradictorio para verificar la existencia o no de un procedimiento de ejecución en su contra, donde incluso pueda llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes; ahora, bajo esas premisas, si en los juicios mercantiles en los que los Municipios del Estado de México fueron parte demandada sí se cumplen dichas exigencias pues por una parte, en el artículo 1347 del Código de Comercio es dable que en los juicios mercantiles en periodo de ejecución de sentencia se proceda al embargo de bienes para lograr el cumplimiento a una condena, amén de que en los artículos del 764 al 773 del Código Civil Federal, y del 12 al 30 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, se evidencia que los Municipios del Estado de México cuentan con bienes muebles del dominio privado susceptibles de embargo, se concluye que la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en su contra no constituye un acto de autoridad susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al derivar esa obligación de un procedimiento judicial en el que intervinieron en una relación de coordinación (y no de supra a subordinación), subsistiendo esta condición incluso en la etapa de ejecución." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa invoca los siguientes criterios: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENE EL CARÁCTER DE, EL ÓRGANO DEL ESTADO, QUE INTERVIENE COMO PARTE FORMAL EN EL PROCEDIMIENTO NATURAL Y, QUE EN ETAPA DE EJECUCIÓN, OMITE ACATAR LA SENTENCIA DE CONDENA." "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." "SENTENCIAS. FORMA DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DICTADAS CONTRA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." No obstante este juzgador, como quedó expuesto, considera que contrario a lo que estima la moral quejosa, la omisión atribuida al organismo responsable no implica la realización de actos susceptibles de combatirse a través de este medio de control constitucional, ni siquiera equiparables a los que emiten las autoridad del Estado; ya que no actúa provisto de imperio -no actúa con potestad pública-; y, por ende dichas ejecutorias no resultan aplicables al caso concreto. En consecuencia, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones de su parte, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así señalarlo para tales efectos. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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