Cristobal Vera Reyes
Expediente 826/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cristobal Vera Reyes
- CRISTOBAL VERA REYES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que de la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio, se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Emita un proveído en el cual deje insubsistente el punto TERCERO de la determinación de cuatro de marzo de dos mil trece a través de la cual revocó la libertad caucional del quejoso, así como las consecuencias derivadas del mismo, en lo que interesa, y dado que tal orden de reaprehensión se ejecutó materialmente, deje insubsistente la relativa a hacer efectiva la garantía exhibida por el quejoso para tal fin, por ello también deberá dejar sin efecto el oficio 1847 emitido en atención a tal proveído, de manera que la cantidad que exhibió por tal concepto continúe surtiendo las consecuencias que le son inherentes, debiendo hacer las gestiones que resulten necesarias para ello. 2. En el propio proveído ordene la libertad del quejoso, en tanto su reaprehensión derivó de un acto inconstitucional. 3. De considerar el juez responsable pertinente ejercer sus facultades dentro del procedimiento de origen, lo haga de manera ajustada a derecho, sin reiterar los vicios por los cuales se declaró la inconstitucionalidad del acto reclamado." Ahora bien, de las constancias que el juez responsable adjuntó a su oficio 9928, se desprende que mediante acuerdo de dos de septiembre de este año ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de hacerle saber que la cantidad que exhibió el quejoso seguirá fungiendo como garantía, debiendo hacer el movimiento financiero correspondiente, dejando sin efectos el tercer punto del oficio 1847, requiriéndolo para que dentro del término de tres días acreditara lo ordenado. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, Por tanto, a fin de establecer si el fallo protector fue debidamente acatado por la responsable, resulta procedente requerir al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio que giró al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como de la contestación que dio a su requerimiento contenido en acuerdo de dos de este mes y año. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa , así como de que en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos los oficios y anexo del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, así como del Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, por conducto de la Agente del Ministerio Público; visto su contenido, téngaseles informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y prevéngase a las autoridades responsables JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA y DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA para que MANERA INMEDIATA dé cumplimiento al fallo en ejecución y provea lo relativo a la libertad de XXXX única y exclusivamente por cuanto hace a la causa penal 181/2012 del índice del Juzgado de lo Penal, de Cholula, Puebla respecto del delito de robo calificado, lo cual deberá acreditar ante este juzgado dentro del término de DOCE HORAS contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Ello sin perjuicio de que el Juez responsable dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que quede notificado del presente proveído, emita y acredite ante este juzgado la emisión de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en la temporalidad concedida a todos y cada uno de los requerimientos efectuados en este proveído, se les impondrá, una multa , asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda a fin de que continúe con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad competente; término que se les concede tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto con el cual resultó afectada la libertad personal del quejoso, afectación que se consideró ilegal. Sin que haya lugar a requerir a superior jerárquico de la responsable, dado que en virtud de los principios de autonomía e independencia de los que goza la responsable en la emisión de sus resoluciones, éstos carecen se superiores jerárquicos. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Háganse las anotaciones de estilo correspondiente en los libros de gobierno. Finalmente, remítase al responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 826/2016, y R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnado a este juzgado el día siguiente, CRISTÓBAL VERA REYES, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, así como del Director General de la Agencia Estatal de Investigación y del Fiscal General, todos del Estado de Puebla, al considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Dichos actos los hizo consistir en la orden de reaprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 181/2012 y su ejecución. Segundo. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda como juicio de amparo 826/2016, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la orden de reaprehensión reclamada tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados lo constituyen la orden de reaprehensión de cuatro de marzo de dos mil trece girada en contra del quejoso dentro de la causa penal 181/2012 y su ejecución. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. El Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, mismo con el que se dio vista al impetrante del amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. A pesar de lo anterior, el quejoso no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dicha negativa, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que el acto reclamado a tal autoridad resulte inexistente. Lo que se corrobora porque de autos se advierte que el juez notificó esa orden de reaprehensión únicamente al agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional y no al Fiscal General del Estado de Puebla. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Luego, toda vez que el quejoso omitió ofrecer prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, en relación con la existencia del acto reclamado, emerge la causal de sobreseimiento prevista en la invocada disposición legal, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, respecto a dicha autoridad. Sirve de base para la anterior precisión, la tesis jurisprudencial con datos de localización siguientes: Sexta Época. Registro: 1002350. Instancia: Pleno. Jurisprudencias. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento. Materia: Común. Tesis: 284. Página: 305. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DE ACTOS. Es cierto el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, quién así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con el contenido del duplicado del proceso 181/2012 que remitió, con el que se formó el anexo I de este expediente, documental que tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo 2, por tratarse de actuaciones practicadas por dicho funcionario en ejercicio de sus atribuciones legales. Del anexo citado se advierte que la orden de reaprehensión reclamada obra a fojas 139 vuelta, a 142. Por su parte, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación negó el acto de ejecución que se le atribuyó. Sin embargo, tal negativa se desvirtúa al tomar en consideración que en el acuerdo reclamado, al ordenar el juez la reaprehensión del ahora quejoso, giró oficio al agente del Ministerio Público adscrito dicho a fin de que ordenara su captura a elementos de la corporación a su mando. Y conforme se lee en el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciséis dictado en el expediente generador -foja 211 del anexo-, un elemento ministerial del Centro de Operación Estratégica puso a disposición del juez responsable al procesado, aquí quejoso, en cumplimiento a la orden reclamada en esta vía. Por tanto, al pertenecer dicho elemento a la Dirección de la cual es titular la autoridad ejecutora indicada, resulta evidente la certeza de dicho acto de ejecución, en tanto que fue por conducto de esa responsable que se llevó a cabo su captura, lo cual desvirtúa la negativa expresada por el Director en cita, de ahí la certeza del acto que se le atribuye. Afirmación que encuentra sustento legal en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en cuya fracción XII se prevé como una de las atribuciones de la Agencia Estatal de Investigación la relativa a dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, lo cual permite sostener que, en el caso, la ejecución del mandato reclamado se llevó a cabo a través de la Dirección señalada como responsable. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes no plantearon causales de improcedencia del juicio de amparo ni el suscrito advirtió la actualización de alguna que deba analizar de oficio, por lo que procede el estudio de la cuestión de fondo. Para tal efecto resulta innecesario transcribir el concepto de violación expresado por el quejoso, dado que tal omisión no infringe alguna disposición legal, máxime que el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo únicamente exige su análisis sistemático. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El concepto de violación es fundado, suplido en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto en materia penal y el quejoso tiene la calidad de procesado. El acto reclamado transgrede el derecho humano a la libertad del quejoso, en tanto que para su emisión se tomó en consideración una "constancia" elaborada por una autoridad que no está facultada para emitirla, circunstancia que torna ilegal dicho acto de autoridad, al sustentarse en otro que no es apto para generar consecuencias jurídicas como la reclamada. Para justificar tal afirmación, en lo que interesa, es necesario destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del anexo I que se formó con motivo de este expediente: a) El cuatro de junio de dos mil doce el juez responsable dictó al quejoso -y otros- auto de formal prisión por su probable participación en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 373, 378, 377, 380, fracciones X, XI y XX del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (foja 91 a 104). b) En determinación de dos de julio de dos mil doce, previa solicitud del procesado, aquí quejoso, el juez de la causa fijó montos para que aquel pudiera acceder al beneficio de su libertad bajo caución (foja 107), los cuales reconsideró en diverso proveído de tres de diciembre del mismo año (foja 129 vuelta) c) En esta última fecha se tuvo al aquí inconforme exhibiendo los montos fijados y, en consecuencia, se ordenó su inmediata libertad (foja 132 vuelta), haciéndole en esa misma data las prevenciones a que se refiere el artículo 366 de la legislación adjetiva penal (foja 134). d) El ocho de febrero de dos mil trece el Diligenciario adscrito al juzgado responsable asentó: "Devuelvo sin notificar personalmente al procesado CRISTÓBAL VERA REYEZ toda vez que ha dejado de firmar el libro de procesados. Conste. Cholula, Puebla, a 8 febrero 2013" firma ilegible (foja 139) Si bien la razón en comento no indica quién fue el funcionario que la elaboró, lo cierto es que la firma que aparece al calce de la misma coincide en todos sus rasgos con las que obran en diversas constancias en distintas fojas del expediente generador estampadas por el Diligenciario adscrito a dicho órgano (por ejemplo, las estampadas en las fojas 138 y 138 vuelta) de tal manera que es posible atribuirle su autoría; aunado a que en ella se empleó la expresión "Devuelvo sin notificar.", lo cual es propio de las atribuciones de dicho funcionario. e) Por acuerdo de cuatro de marzo de ese año, entre otras cuestiones, el juez responsable revocó la libertad bajo caución del quejoso, ordenó su reaprehensión y hacer efectiva la garantía que exhibió por concepto de libertad caucional por la cantidad de diez mil quinientos veintitrés pesos, cero centavos, moneda nacional (foja 139 vuelta a 142). En tal determinación se asentó: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 122, 123, 223, 320, 366, 371, 372 y 373 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Socia del Estado, el ciudadano Juez provee: . TERCERO. Finalmente y visto el Estado procesal que guardan los presentes autos y apareciendo de los mismos que el procesado CRISTÓBAL VERA REYES, ha dejado de dar cumplimiento a la prevenciones que le fueron realizadas al momento de obtener su libertad caucional, toda vez que ha dejado de firmar el libro de las personas que gozan de tal beneficio, en consecuencia se revoca la libertad de que disfruta el mencionado procesado, ordenándose su reaprehensión debiéndose girar oficio al Agente del Ministerio Público, a fin de que ordene a elementos de la corporación a su mando, la captura de dicho procesado y lograda que sea lo internen en el Centro de Reinserción Social de eta ciudad, a disposición de esta autoridad bajo los efectos del auto de formal prisión, mientras tanto se da cumplimiento a lo anterior, se suspende el procedimiento en esta causa. Por otra parte, se ordena girar oficio al Director de recursos propios del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que ordene a quien corresponda haga efectiva la cantidad de $10,523.00 que en efectivo otorgó dicho indicado por concepto de libertad caucional, cantidad que ingresó a la institución Bancomer el día 3 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, según fichas de depósito cuyas copias fueron recibidas en este tribunal el día 11 once de enero de 2013 dos mil trece. Haciéndole de su conocimiento que el procesado CRISTÓBAL VERA REYES tiene su domicilio en. Notifíquese y cúmplase." Tal determinación constituye el acto reclamado y transgrede los derechos del quejoso, como enseguida se evidenciará. En principio, cabe destacar que no existe duda en cuanto a que tal proveído se sustentó en la constancia elaborada por el Diligenciario adscrito al juzgado responsable, no obstante que en el mismo no se asentara tal circunstancia, pues como se explicó esa firma coincide en todos sus rasgos con las estampadas por dicho funcionario. Por ende, al sustentarse el acto reclamado en la razón del Diligenciario resulta ilegal, en tanto que entre las atribuciones de tal funcionario no se encuentra la de realizar ese tipo de actos, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la parte relativa, dispone: "CAPÍTULO III DE LOS DILIGENCIARIOS Artículo 79.- Son obligaciones de los Diligenciarios: I.- Asistir diariamente a la oficina durante las horas que les fije la Autoridad de la que dependan; hacer las notificaciones que se les ordene y devolver inmediatamente los expedientes, procesos o tocas; en su caso, asentar en autos la causa de la demora o del incumplimiento; II.- Practicar las diligencias que se les encomienden; III.- Ministrar a la respectiva Secretaría todas las noticias e informes que se les soliciten; y IV.- Las demás que les impongan las leyes." El precepto citado prevé las obligaciones de los diligenciarios; sin embargo, su análisis no permite concluir que estén facultados hacer constar que los procesados hayan dejado de firmar el libro de procesados. Tal circunstancia no puede subsanarse atendiendo al contenido de la fracción IV de tal precepto, en tanto que del análisis de los artículos 350 a 377 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en los que se regula lo atinente a la libertad bajo caución, tampoco se advierte que se faculte al mencionado funcionario judicial para emitir la constancia de mérito, lo que tampoco se advierte del análisis integral de dicha legislación. Por ende, ante la falta de elementos que permitan concluir que la referida certificación este dentro de las atribuciones del diligenciario, se concluye que es ilegal dicha actuación. En ese contexto, si tal funcionario no está facultado legalmente para emitir dicha constancia, es evidente que una actuación de tal naturaleza, al haberse practicado al margen de las previsiones legales, no debe tomarse en consideración para dictar alguna determinación con efectos vinculantes respecto a las partes, pues, ante aquella irregularidad, no es susceptible de generar consecuencias de derecho. Sin embargo, el juez desatendió lo anterior y basándose en la constancia elaborada por dicho funcionario dictó el acto reclamado, de ahí que esa circunstancia trascienda en forma inmediata a su legalidad, en tanto que descansa, sustancialmente, en la actuación de su inferior, la que, como se ha explicado, se hizo al margen de las normas que lo rigen. Por tanto, al quedar demostrado que la actuación de la autoridad responsable trasciende en perjuicio del quejoso, al desatender lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que sin fundamento y motivo alguno, transgrediendo las normas que rigen el procedimiento de origen, generando así inseguridad jurídica al quejoso, revocó la libertad bajo caución de la que el mismo disfrutaba, ordenó su reaprehensión y hacer efectiva la garantía que para tal efecto exhibió, lo que incide en forma actual y directa en su derecho humano a la libertad, pues si bien éste no es un derecho absoluto, únicamente puede restringirse con arreglo a la ley, lo que en el caso, como se ha expuesto, no acontece, dado que lo que condujo al juez a emitir la orden reclamada fue razonado por una autoridad carente de facultades para ello, irregularidad que trasciende a la legalidad del acto reclamado y que no se puede soslayar. Apoya tal consideración, en lo conducente, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 179839 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Penal Tesis: III.2o.P.135 P Página: 1392 ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL SI SE LIBRÓ CON BASE EN LA CONSTANCIA LEVANTADA POR EL NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO, SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL INCULPADO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAJO AL OTORGARSE EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CAUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Es ilegal la orden de reaprehensión que toma como base la constancia levantada por el notificador adscrito al juzgado sobre el incumplimiento del inculpado respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, ya que este servidor carece de facultades legales para levantar ese tipo de actuaciones, en virtud de que ello constituye una atribución exclusiva de los secretarios de Acuerdos, según lo disponen los numerales 354, fracciones I y VII, y 356 de la legislación adjetiva estatal invocada, así como los diversos artículos 112, fracciones III y XI, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y 61, 65, 71 a 73, y 75 a 78 del reglamento de la ley orgánica mencionada, en cuanto establecen que para mandar reaprehender al inculpado se requiere "la respectiva certificación de la secretaría del juzgado", ya que orgánicamente es la facultada para el cuidado y manejo de los libros o boletas de los procesados libres con algún beneficio, amén de que en la citada secretaría radican las obligaciones de controlar las asistencias de los reos libres, vinculados con los procesos, así como de levantar las certificaciones de inasistencia; y en contrapartida de ello, al notificador le asisten, en general, facultades ligadas con el conocimiento a las partes y demás interesados de las decisiones tomadas por el juzgado, pero, se insiste, no las de levantar la certificación requerida para revocar la libertad caucional, pues es de explorado derecho que las autoridades tienen limitada su actuación, en exclusiva, a lo que le ley les permite hacer, porque en el caso de extralimitar sus funciones se quebrantaría la norma. En tales condiciones, procede conceder el amparo solicitado por el quejoso para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso penal 181/2012 de su índice, realice lo siguiente: 1. Emita un proveído en el cual deje insubsistente el punto TERCERO de la determinación de cuatro de marzo de dos mil trece a través de la cual revocó la libertad caucional del quejoso, así como las consecuencias derivadas del mismo, en lo que interesa, y dado que tal orden de reaprehensión se ejecutó materialmente, deje insubsistente la relativa a hacer efectiva la garantía exhibida por el quejoso para tal fin, por ello también deberá dejar sin efecto el oficio 1847 emitido en atención a tal proveído, de manera que la cantidad que exhibió por tal concepto continúe surtiendo las consecuencias que le son inherentes, debiendo hacer las gestiones que resulten necesarias para ello. 2. En el propio proveído ordene la libertad del quejoso, en tanto su reaprehensión derivó de un acto inconstitucional. 3. De considerar el juez responsable pertinente ejercer sus facultades dentro del procedimiento de origen, lo haga de manera ajustada a derecho, sin reiterar los vicios por los cuales se declaró la inconstitucionalidad del acto reclamado. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en tanto que su actuación derivó de un acto considerado inconstitucional. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, conforme a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CRISTÓBAL VERA REYES respecto al acto de ejecución reclamado al Fiscal General del Estado de Puebla, precisado en el considerando segundo de este fallo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando tercero del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a CRISTÓBAL VERA REYES respecto de los actos reclamados al Juez de lo Penal de Cholula y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de la misma. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando séptimo de este fallo.
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