Cristobal Tomas Romero Hernandez

Expediente 1547/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1547/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Cristobal Tomas Romero Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México a tres de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra el auto de treinta y uno de octubre pasado (fojas 80 a 85), en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. 3.- El original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa son susceptibles de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 4.- El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de destrucción (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvanse las constancias que anexo como complemento a su informe justificado el representante social responsable, solicitándole para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de éste proveído, acuse el recibo correspondiente, de conformidad en lo previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad con que cuenta el Actuario de la adscripción para notificar a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de octubre pasado, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En virtud de la imposibilidad para realizar la notificación de mérito, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la determinación de treinta y uno de octubre pasado, así como el presente, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese y por lista al quejoso. Acuerdo: V. Toluca, Estado de México a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibidas las razones de cuenta, por medio de las cuales, el fedatario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad de remitir los oficios dirigidos a los AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE TENANCINGO Y TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, en virtud de que dichas autoridades no existen con tal denominación. Por tanto, se tienen por hechas tales aseveraciones del funcionario judicial para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página 265, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 1995, Tomo IV, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado el agraviado en auto de quince del presente mes y año (fojas 10 a 15); por lo que se dejan de tener con el carácter de responsables a las autoridades citadas. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo se promovió por Cristóbal Tomás Romero Hernández contra los siguientes autos y autoridades: Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL TURNO ÚNICO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O COMPARECENCIA EMITIDA EN CONTRA DEL QUEJOSO Y SU EJECUCIÓN CIERTO 70 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO NO EXISTE 79 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO NO EXISTE 79 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO NIEGA 60 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDNECIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEXICO CIERTO 63 FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO NIEGA 15 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACION NIEGA 16 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN NO EXISTE 52 y 53 Cabe precisar que no se hará pronunciamiento alguno para las autoridades inexistentes, en el presente auto. En consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, del estudio de las constancias y discos que remitió al rendir su informe justificado la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México se advierte que en relación al acto reclamado consistente en la orden de detención y/o aprehensión y/o comparecencia emitida en contra del quejoso y su ejecución; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" [Énfasis añadido]. De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, destacando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, entendiendo que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el juicio penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de actos previos, como en el particular acontece. De las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso promovió su demanda de amparo el once de octubre del año en curso, señalando como acto reclamado la orden de detención y/o aprehensión y/o comparecencia emitida en contra del quejoso y su ejecución. En tanto que de los oficios remitidos por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, se aprecia que el diecisiete de los cursantes, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristóbal Tomás Romero Hernández, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haberse causado la muerte), en autos de la carpeta administrativa 1353/2018. Lo que además se corrobora con el anexo que adjuntó a su informe justificado. Atento a lo anterior, si el quejoso promovió juicio de amparo en contra de la orden de detención y/o aprehensión y/o comparecencia emitida en contra del quejoso y su ejecución, y, del anexo que remitió la responsable se advierte que el diecisiete de los cursantes, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristóbal Tomás Romero Hernández, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haberse causado la muerte), en autos de la carpeta administrativa 1353/2018; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos de los incisos señalados en párrafos precedentes. Lo anterior es así toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emitió una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de los actos que reclamó en el amparo. Por lo cual, si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en este juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que sea óbice a lo anterior, que a la fecha no se haya emplazado a quienes les recaiga el carácter de terceros interesados, pues al decretarse el cambio de situación jurídica del agraviado, este representa una causal de improcedencia del juicio en que se actúa, la cual es de orden público y estudio preferente, por lo que al advertir tal situación, este juzgador está obligado a sobreseer el presente asunto, máxime que la presente determinación no les depara perjuicio. Encuentra apoyo lo anterior por identidad de razón, en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2008, Tomo XXVII, visible en la página 270, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN: Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." La autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango Del Valle, Estado de México al rendir su informe justificado, negó los actos a ella reclamados, no obstante como se ve en párrafos precedentes, el acto si existe, pero fue emitido por diversa autoridad. En tal virtud, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de la misma ley, interpretado contrario sensu, en virtud de que estas autoridades no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron los actos, que como se verá en párrafos siguientes, si existen pero fueron emitidos por diversas autoridades. El presente sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman a las autoridades señaladas como ejecutoras por el agraviado ( Fiscal General de Justicia y Coordinador General de la Policía de Investigación, ambos del Estado de México), ello atendiendo a que si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutoras, cuando a éstas no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 647 visible en la página 434, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que literalmente establece: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cinco minutos del doce de noviembre de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.". Notifíquese.

  3. Incidental

    V. Toluca, Estado de México a siete de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón de cuenta, por medio de la cual, el fedatario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad de remitir el oficio dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, en virtud de que dicha autoridad no existe con tal denominación. Por tanto, se tienen por hechas tales aseveraciones del funcionario judicial para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página 265, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 1995, Tomo IV, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado el agraviado en auto de quince de octubre pasado (fojas 10 a 15); por lo que se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad citada. Atento a lo anterior, se estima que en este incidente de suspensión no existe materia para pronunciarse respecto de los actos atribuidos a las autoridades que se tuvieron por inexistentes en este auto, así como en el diverso de treinta y uno de octubre pasado; consecuentemente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, es decir, las nueve horas con veinte minutos de esta data. Notifíquese.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón de cuenta, por medio de la cual, el fedatario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad de remitir el oficio dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, en virtud de que dicha autoridad no existe con tal denominación. Por tanto, se tienen por hechas tales aseveraciones del funcionario judicial para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página 265, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 1995, Tomo IV, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado el agraviado en auto de quince del presente mes y año (fojas 10 a 15); por lo que se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad citada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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