Cristóbal Rodríguez Barrientos

Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
721/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Cristóbal Rodríguez Barrientos

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    SÍNTESIS: Acapulco, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Cristóbal Rodríguez Barrientos, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero y otra. Regístrese en el libro de gobierno con el número 721/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Del escrito de demanda y de desahogo, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: . . . Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; con fundamento en el artículo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. . . . Notifíquese personalmente

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE veintitrés de junio de dos mil veintiuno, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Cristóbal Rodríguez Barrientos, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero y otra. Regístrese en el libro de gobierno con el número 721/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Del escrito de demanda y de desahogo, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: - La diligencia de notificación y emplazamiento emitida dentro de los autos del juicio ejecutivo 28/2020-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero. Asimismo, en el apartado de hechos, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: Que el catorce de junio de este año, se trasladó a las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a solicitar copias certificadas del inmueble de su propiedad, por lo que se percató que el mismo contaba con un gravamen. 2. Que el quince de junio del año en curso, acudió a las instalaciones del Juzgado responsable a consultar las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 28/2020-II, siendo en ese momento cuando tuvo conocimiento de todo lo actuado en el referido sumario. 3. Que el estado procesal en que se encuentra el juicio natural, es la citación para dictar sentencia. Lo aducido con antelación da cuenta de que el aquí quejoso tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio incoado en su contra; circunstancias que son aptas para considerar que carece del carácter de tercero extraño a juicio -por equiparación-; a partir de lo cual está en aptitud de integrarse a la relación procesal e interponer los recursos previstos por la legislación que rige aquél para impugnar la legalidad de los actos que aquí reclama. En efecto, es necesario dejar claro que el carácter de tercero extraño, no deviene de una consideración potestativa o la auto denominación de quien acude al juicio de amparo ostentándose con ese carácter, sino que ello es producto del análisis de su especial circunstancia frente al proceso o procedimiento del que deriven los actos reclamados. A partir de lo anterior, en el caso concreto, este juzgador advierte oficiosamente que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa en contra de los actos reclamados debió agotar los recursos previstos en la legislación que rige el procedimiento de origen previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. En ese sentido, el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 ha establecido que aun cuando se pretenden impugnar actos que tengan una ejecución de imposible reparación, será necesario que previamente se agoten los recursos ordinarios a fin de observar el principio de definitividad. En efecto dicho criterio se encuentra visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, es de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En este contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la diligencia de notificación y emplazamiento emitida dentro de los autos del juicio ejecutivo 28/2020-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 1,068 Bis, 1,394 y 1,395, en relación con los artículos 1,345, fracción VI, 1,349, 1,414 del Código de Comercio, la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y emplazamiento, puede ser impugnada mediante el incidente correspondiente, cuando el afectado estime que la actuación del funcionario que ejecutó esa diligencia no se ajustó a lo previsto por la ley. Los artículos 1,068 Bis, 1,393, 1,394, 1,345, fracción V, del Código de Comercio disponen: "Artículo 1,068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. (.)" "Artículo. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado." "Artículo. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; (.)" "Artículo 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano." De ahí que, conforme al marco legal establecido es incuestionable que la parte quejosa estaba en condiciones de impugnar las referidas diligencias a través del incidente de nulidad de actuaciones, pues a través de la referida vía incidental que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, puede nulificarse la actuación procesal impugnada. Tiene aplicación a lo expuesto, lo sostenido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 422, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, al ser parte en sentido formal (demandado); de ahí que, debió agotar los recursos ordinarios a que se ha hecho mención; máxime que no debe perderse de vista que tratándose del derecho de impugnación, se parte de dos condiciones torales, tales como que el interesado se encuentre legitimado para interponer el recurso y que la resolución le perjudique, lo que en el caso acontece; además de que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal y de que la procedencia del citado recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que la parte quejosa, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Sin que resulten aplicables los criterios jurisprudenciales que invoca toda vez que en ellos se establece claramente que se actualizan cuando ha emitido la sentencia definitiva en el juicio de origen, lo que no ocurre en el caso concreto, pues el mismo quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el juicio se encuentra citado para oír sentencia, de manera que aún está en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones de referencia. Por otro lado, si bien los actos reclamados podrían tener una ejecución de imposible reparación, no obstante, como se dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; con fundamento en el artículo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Parían, número 35, local 2, Colonia Centro, en esta ciudad, código postal 39300; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Roberto Jesús Pérez Díaz, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Daniel Fuentes Nájera por no cumplir con el requisito anterior. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales, se tienen como datos de contacto el correo electrónico y teléfonos proporcionados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a la quejosa que de acuerdo a los artículos 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020 y 37/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020, que reformó en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial el Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente

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