Cristobal Pimentel Ramírez
Expediente 1280/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cristobal Pimentel Ramírez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio enviado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, a través del cual acusa recibo del oficio 68587, e informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal, avocándose al conocimiento del juicio de amparo promovido por Cristóbal Pimentel Ramírez. Así, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad archívese el presente cuaderno de antecedes como asunto totalmente concluido. Este expediente auxiliar es destruible.
- Principal
Notificación por lista al quejoso.-Se tiene al quejoso cumpliendo con el requerimiento formulado en autos, pues señaló, bajo protesta de decir verdad, que desconoce el domicilio del tercero interesado. De la lectura de su escrito de demanda, así como de aquel con que se da cuenta, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Décimo Primero Penal de esta ciudad, y al Juez Segundo Penal de Valle de Santiago, Guanajuato; así mismo, manifestó que, el auto de formal prisión reclamado fue dictado por el juez primeramente señalado, dentro de la causa penal 101/2013-E; quien en virtud del acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de catorce de mayo de dos mil quince, envió el procedimiento al Juez Segundo Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, para que siguiera conociendo del mismo y que fue radicado bajo el número 6/2015. Condiciones bajo las cuales este juzgado debe declararse incompetente para conocer del presente juicio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. El artículo mencionado dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho ordinal contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En la especie, en el libelo constitucional que originó el presente juicio de derechos fundamentales, el quejoso señaló como acto reclamado el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Décimo Segundo Penal de esta ciudad, en la causa penal 101/2013-E, de la que siguió su conociendo el Juez Segundo Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, bajo el proceso 6/2015. Siendo así, de acuerdo con la jurisprudencia 118/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se plasmará a continuación, y dado que los efectos del auto de formal prisión como el que aquí se reclama, se trasladan al proceso, donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido; será competente para conocer del juicio de amparo el juez en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, por considerarse que ahí radica su ejecución. La jurisprudencia citada es del siguiente tenor: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Época: Décima Época; Registro: 160608; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.); Página: 2183). Así, ya que en el caso, el proceso que se sigue al quejoso, y en el que se dictó el auto de formal prisión reclamado, se lleva a cabo ante el Juzgado Segundo Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, pues de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los jueces de distrito con sede en ese lugar, son los que ejercen jurisdicción en Valle de Santiago, Guanajuato, que es en donde residen las autoridades ejecutoras que confesaron tratar de ejecutar la orden de aprehensión que se tilda de inconstitucional. En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente expediente, su tomo de prueba, así como los cuadernillos formados con motivo de la tramitación del incidente de suspensión, al Juez de Distrito en turno, con sede en Irapuato, Guanajuato, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo.
- Principal
Notificación por lista al quejoso.- Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1280/2016-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Siendo así, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, deberá requerirse a la promovente para que mencione el domicilio en el que pueda ser localizado el mencionado tercero interesado, o bien, exprese bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Por lo expuesto, se requiere a la parte quejosa para que dentro de un plazo de cinco días cumpla con lo siguiente: Proporcione el domicilio del tercero interesado Luis Campos Campos (parte ofendida dentro del proceso penal 101/20136-E); o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad desconocerlo. Se apercibe a la parte peticionaria que si no cumple con lo requerido dentro del plazo que se le otorga, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se tiene como lugar para oír notificaciones del quejoso, las listas que se fijan en los estrados de éste Juzgado Federal. Se le tiene nombrando autorizados.
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