Cristobal Melgoza Murguia

Expediente 833/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Cristobal Melgoza Murguia
  • Juez de Control y Enjuiciamiento Región Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, devolviendo el exhorto 94/2021 del índice de este juzgado debidamente diligenciado, sin que se haya enviado el acuse de recibo. En consecuencia, acúsese recibo del exhorto 334/2021 (orden 397/2021), del índice de aquel órgano jurisdiccional, formado con motivo del diverso 94/2021 del índice de este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ??????????????? La licenciada María el Carmen Vieyra Avilés, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 833/2020, pues transcurrió del veintidós de julio al cuatro de agosto del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al encargado del despacho dentro del juicio de amparo 833/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 833/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica únicamente presentó escrito de alegatos la Agente del Ministerio Público Federal, adscrita. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente y por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Cristóbal Melgoza Murguía, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número 833/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Regional de Zamora [Denise Alejandra Medina Jiménez y Erick de Jesús Ruiz Moreno] y de la Asesora jurídica Sandra Elvira Pérez León, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con residencia en Zamora, Michoacán. Asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a Eduardo Rodríguez Servín y se ordenó su emplazamiento. Tercero. Suspensión y reanudación de plazos. El procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. En proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno y toda vez que el quejoso no designó abogado para que lo representara en el juicio de amparo, se ordenó girar oficio al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública para que le designara un defensor; por lo que en diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Encargado del Despacho de la mencionada delegación informando que designó como defensor público a Marco Vidal Agustín. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, el acto reclamado por los quejosos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, es: El auto de vinculación a proceso decretado el trece de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 335/2020 seguida en contra de Cristóbal Melgoza Murguía y otros, por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con el disco versátil digital que contiene la resolución impugnada y copia certificada digital de la causa penal 335/2020 seguida en contra de Cristóbal Melgoza Murguía y otros, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, registro 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo conducente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Consideraciones previas. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para librar un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega que, bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al emitir la determinación de trece de octubre de dos mil veinte dictada dentro de la causa penal 355/2020, por la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso y de otros por el hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) en relación con los diversos 16, 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán; en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín. Lo anterior, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso señala -en esencia- en sus conceptos de violación que la responsable viola en su perjuicio el derecho humano al debido proceso y a la presunción de inocencia; que es errónea su interpretación de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos penales; que la insuficiencia de la investigación por parte del ministerio público, no tiene como consecuencia la obligación de la defensa de investigar ni de ofrecer datos de prueba. Motivos de inconformidad que son infundados, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado [auto de vinculación a proceso emitido el trece de octubre de dos mil veinte], no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explicará en párrafos posteriores, Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Así, a efecto de dar sustento a la calificación de los conceptos de violación, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional. Numerales que, en su orden, establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De los artículos transcritos, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época, Materia Penal, registro digital 160331, la cual el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia del criterio transcrito, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es notoria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Una vez precisado lo anterior, debe precisarse que de las documentales que exhibió la autoridad responsable se aprecia que a las veintiún horas con seis minutos del trece de octubre de dos mil veinte, se vinculó a proceso al quejoso Cristóbal Mendoza Murguía y a otros, por su probable intervención del hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) en relación con los diversos 16, 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán de Ocampo; en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín. Disposiciones legales que, en su orden, son del tenor siguiente: "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión". "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión". "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: [.] b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; [.]". "Artículo 16. Principio de acto El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión". "Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; [.]". "Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: [.] III. Los que lo realicen conjuntamente; [.]". Así mismo se advierte que en audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte, el ministerio público realizó la formulación de imputación a las 11:26:35 horas [requisito 1]. En la misma audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte el quejoso, asesorado por su defensor, ejerció su derecho a NO declarar [requisito 2]. El juez de control se dictó la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas [requisito 3]. También se expresó el delito que le imputo; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución [requisito 4]. El auto de vinculación a proceso se dictó únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación [requisito 5]. Esto es, en la audiencia de trece de octubre de dos mil veinte, el juez de control determinó que los hechos imputados al aquí quejoso eran por el delito de homicidio calificado. Y, de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendieron datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso así como la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [requisito 6]. De la misma forma [el nueve de octubre de dos mil veinte a las 12:22 horas] se decretó a Cristóbal Melgoza Murguía y otros la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que durara el proceso, sin que excediera de dos años, salvo ejercicio de su defensa, en el Centro de Reinserción Social de Zamora, Michoacán. También el nueve de octubre de dos mil veinte a las doce horas con veinte minutos, el juez de control autorizó el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas a Cristóbal Melgoza Murguía y otros; y, se ordenó reanudar la audiencia el trece de octubre de dos mil veinte a las diecinueve horas. En la audiencia celebrada en dicha data [de la reanudación] se aprecia que se fijó como plazo para cierre de investigación dos meses, por lo que su conclusión sería el trece de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, el juez responsable estableció el cuadro fáctico de acuerdo con la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público, en los términos siguientes: [19:50:21] "[.] Que el tres de febrero de dos mil veinte, aproximadamente a la una hora Hugo Adrián Rodríguez Servín estaba en su domicilio ubicado en la esquina que forman las calles Wenceslao Victoria sin número y Benito Quezada de la Colonia Mártires de la Antorcha de la localidad de Tangancícuaro, Michoacán. Ahí se encontraba con su pareja la menor de edad de iniciales M.M.Z.G. y con la señora Marisol Zárate González, madre de ésta y dos menores más. Que en un momento dado llegaron varias personas del sexo masculino a bordo de una camioneta tipo pick up de color roja y comienzan a gritarle a la víctima que abriera, le hacen varios insultos. Víctor Hugo le indica a Marisol y a M.M.Z.G. que era "el diente" y su gente y les indica que se escondieran en el baño del corral, no por el corral, en el baño del corral. Que estas personas que tocaban la puerta ingresan al patio de la casa y de ahí se lo llevan, que uno de ellos abre, entra otro y entre los cinco sacan a la víctima, porque eran cinco personas del sexo masculino las que ingresan en la vivienda y lo tratan de subir a la camioneta en la cual habían llegado. Que Hugo Adrián no deja que lo suban a esta camioneta, comienza a forcejear con ellos y en un instante corre hacia su casa para entrar a ésta y una de estas personas le dispara con una pistola tipo escuadra de color negro mientras otras dos le disparan con armas largas y huyen de inmediato del lugar a bordo de la camioneta en la cual habían llegado. Con estos hechos se producen en la víctima heridas que le provocan la muerte a consecuencia de un shock hipovolémico secundario a penetración de proyectil de arma de fuego en cavidades toráxica y abdominal [.]". En atención a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, precisadas anteriormente, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso conforme a las consideraciones siguientes: [19:44:34] "El primero, se encuentra justificado precisamente que se haya formulado imputación. En el anterior segmento de audiencia, ustedes tres Cristóbal, Gilberto y José escucharon del ministerio público la explicación clara y precisa del por qué sigue una investigación en su contra, también del por qué el hecho de esa investigación constituye un delito en términos de lo que establece el CNPP y también el nombre de las personas que los denuncian y declaran en su contra, eso es la formulación de la imputación, así se los expliqué, por tanto, esto requisito está cumplido. El segundo requisito es que se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar. En la anterior audiencia yo les expliqué inmediatamente después de la formulación de imputación que podían ejercer uno de dos derechos. Que podían primero ejercer su derecho a declarar, es decir, a ser escuchados por mí, como juzgador y también les expliqué detenidamente los alcances y las consecuencias de que ustedes ejercieran ese derecho. Les dije que si ustedes decidían declarar yo tenía que escucharlos completamente, tenía también que analizar toda la información que ustedes proporcionaran y confrontarla con la que existiera en la carpeta de investigación. En ese sentido, también les expliqué que si de lo que ustedes dijeran se advertía o si yo advertía datos que los beneficiaran así los tenía que considerar pero que si yo advertía datos que les generaran imputación obviamente también se tomarían de esa forma. Incluso les dije una expresión que suelo usar mucho en las audiencias "todo lo que ustedes digan puede ser y será usado en su contra" si se sus indicaciones yo advierto un dato que les genere responsabilidad. Una vez que les expliqué esto les pedí que consultaran con la defensa pública que en ese momento los representaba a los tres, a Cristóbal, a Gilberto y José Gabriel y debidamente asesorados, ustedes, cada uno, por separado, pero coincidentemente me dijeron que no iban a declarar, que se reservaban su derecho. Entonces, con entera independencia de que ustedes decidieron no declarar, este requisito está cumplido porque yo les garanticé la oportunidad de hacerlo, de ejercer ese derecho a ser escuchados por el órgano jurisdiccional. El tercer requisito es que de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público en la audiencia se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron de su comisión. Este estudio lo voy a seccionar, primeramente me voy a referir al hecho con apariencia de delito y posteriormente a la probabilidad de que lo cometieron o de que participaron en su comisión. En ese sentido, yo he analizado los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia y las manifestaciones que hicieron tanto la defensa pública como la defensa privada. Esto lo he hecho de conformidad a lo que establecen los artículos 259 y 265 del CNPP de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados. En ese sentido tengo que verificar primero cada dato de prueba en lo individual pero también en su conjunto para verificar que sean congruentes, coherentes, concomitantes y plurales, que me puedan llevar a una conclusión pero también que no existe un contraindicio que los torne en ilógicos y me permita resolver de una forma distinta. En ese sentido, los datos de pruebas que fueron referenciados por el Ministerio Público, uno a uno analizando su contenido, me permiten sostener por justificado primero el hecho siguiente: [. ] [19:53:17] "[.] Este elemento fáctico que propone la fiscalía y que he tenido por justificado dado el contenido de los datos de prueba que presentó y que expuso la fiscalía en audiencia y de los cuales no existió alguno en contra por parte de las defensas, coincido con la fiscalía puede subsumirse en el elemento jurídico que propone para mi calificación como clasificación jurídica preliminar conforme a lo establecido en los artículos 117, 122 y 135 fracción I inciso b del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán de Ocampo. Es decir, este hecho sí es subsumible en lo que se denomina como homicidio calificado. Y esto es así porque de las entrevistas que se hicieran a Eduardo Rodríguez Servín, a Marisol Zárate González y a la menor de iniciales M.M.Z.G. puedo advertir que al menos hasta la una hora del tres de febrero de dos mil veinte Hugo Adrián se encontraba con vida, tan es así que las dos últimas Marisol y M.M.Z.G. indican que se encontraban juntos en el interior de su domicilio ya citado en la esquina que forman las calles Wenceslao Victoria sin número y Benito Quezada de la colonia Mártires de la Antorcha en Tangancícuaro, Michoacán, que incluso expresan el motivo por el cual estaban en el patio, que estaban como ellos lo denominan haciendo una lumbrada porque estaban festejando el día de la candelaria. En ese sentido, ellas dos corroboran que, en ese lugar, a esa hora la víctima fue privada de la vida por una conducta humana ajena y externa a la voluntad del sujeto pasivo del hecho que se constituye como delito. Esto no es un dato aislado, por el contrario, se corrobora con lo referenciado por Eduardo Rodríguez Servín en su entrevista, que señala que él se encontraba durmiendo en su respectivo domicilio y escucha disparos, que no sale hasta después de algún instante y ve corriendo a Marlen, de quien dice es pareja de su hermano; que ella le dijo mataron a Hugo y detrás de ella iban su mamá y el esposo de ésta; que no sabe cómo localizarlos a ellos pero corrobora lo sucedido en ese aspecto. Si bien es cierto él no es testigo presencial de los hechos y que en ese sentido él no da mayor información al respecto, porque esto lo tornaría en un testigo de referencia, que al no estar dentro de las excepciones del CNPP su indicación no me vincularía, pero en ese sentido él es testigo directo por cuanto hace a su indicación que al estar dormido en su domicilio y escuchar algunas detonaciones, algunos disparos como él señala, minutos después sale y ve correr a Marlen quien le informa que mataron a su hermano. Es lógico que él reciba esa información de quien es pareja de su hermano; es lógico que se le informe lo que sucedió y bajo esa circunstancia no puedo yo afirmar que sea un testigo de referencia, no, es testigo directo de lo que está indicando y por ello esto corrobora lo señalado por Marisol y por M.M.Z.G. en cuanto a que ese día a esa hora y en ese lugar la víctima se encontraba con vida y que fue privado de ésta precisamente en la forma en que ya relaté. Esto encuentra concordancia y credibilidad para mí como juzgador porque al respecto existe una noticia criminal en esa misma fecha tres de febrero de dos mil veinte que realiza Sergio Díaz Zepeda, elemento de la policía ministerial treinta minutos después de la hora en que Marisol y M.M.Z.G señalan suceden los hechos. Esto es racional, es creíble si consideramos que como lo dice Eduardo ellas van caminando por la calle, desconozco el rumbo porque en eso no ahondó la representación social; sin embargo, ello no infiere en la decisión que yo tomo incluso no podría influir en el hecho como tal. Pero es racional que si no se quedan en el domicilio y se van tardaran treinta minutos en recibirse esta noticia criminal incluso porque hasta este momento lo único que se sabe es que de la Dirección de Seguridad Pública se les informa que en la calle Wenceslao Victoria de la Colonia Mártires de la Antorcha en Tangancícuaro, Michoacán existe el cuerpo sin vida de una persona, esto dota de credibilidad lo que ellas dos refieren de que la víctima fue muerto ese día a esa hora y en ese lugar. Y esto encuentra concordancia también y soporte valorativo porque la noticia criminal que se recibe por el elemento poliministerial provoca que el grupo interdisciplinario de la fiscalía se traslade al lugar del hecho como fue referenciado por la Fiscalía, tan es así que Ricardo Ruiz Ramírez, perito criminalista de la fiscalía regional de esta localidad de Zamora, Michoacán indicó que se traslada hasta el sitio del evento donde precisa que es la calle Wenceslao Victoria, que encuentra en ese lugar cinco indicios balísticos consistentes en cartuchos percutidos y en la calle Benito Quezada el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino y trece indicios balísticos más, también cartuchos percutidos y precisa los calibres de todos estos. Describe también en base a todos los indicios de importancia criminológica que advierte en este lugar que puede concluir que la víctima tenía de cuatro a seis horas de muerto, es decir, su intérvalo post mortem; que la posición en que lo encontró si es la original e inmediata a la muerte, que el lugar de los hechos sí es el original; que la víctima no realizó maniobras defensivas o forcejeos y que las lesiones que presenta por sus características, son de las producidas por proyectil de arma de fuego. Esto, racionalmente a mí me permite inferir que en ese lugar estaba el cuerpo sin vida, el cadáver valga la expresión de Hugo Adrián como bien lo señaló Mónica [sic] y MMZG pero además es razonable lo que advierto del contenido de los datos de prueba porque son coincidentes con lo referenciado en el informe pericial de levantamiento de cadáver que hace Alejandro Ramos Jiménez quien coincide con Ruiz Ramírez. Ramos Jiménez es un elemento de la policía ministerial, el pretende hacer un informe policial homologado de levantamiento de cadáver al otrora modo de un informe de investigación, describe la actuación de otro servidor público de la fiscalía, él dice que asistió al levantamiento pero el levantamiento como tal lo hace el perito criminalista. Sin embargo, esto encuentra corroboración en cuanto a que sí se hizo esa actividad pericial, esa actuación pericial en el lugar de los hechos, por lo tant,o corrobora lo sostenido por aquel. Pero también porque al respecto hay un informe pericial de necropsia médico legal que realiza José de Jesús Salinas Reyes, perito médico forense de la fiscalía local que describe una a una, como fueron detalladas por el ministerio público en el segmento anterior de audiencia todas las heridas que presentó la víctima incluso indicó que éstas fueron producidas por proyectil de arma de fuego y también en base a los conocimientos científicos que posee en la ciencia de la medicina forense él pudo determinar que Hugo Adrián murió por un shock hipovolémico que le causó una herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante en la región toráxica y abdominal, recordemos que de las diecinueve lesiones que detalló sí hay lesiones en estas zonas toráxica y abdominal. Entonces es creíble bajo esta circunstancia que estas lesiones le provocaran ese shock hipovolémico caracterizado por la pérdida de sangre y que esto a la postre fuera su causa de muerte y más aún porque esto encuentra corroboración con el reconocimiento de cadáver que hacen Eliseo Soto Servín primo y Eduardo Rodríguez Servín hermano de la víctima quienes dieron cuenta de su edad de sus generales y precisamente Eduardo presenta la denuncia correspondiente para que el ministerio público proceda en su función de investigar y perseguir los delitos. En ese sentido estos datos de prueba me permiten corroborar la existencia previa de la vida de Hugo Adrián pero también la privación de ésta en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ya referí. Incluso las entrevistas de Marisol y de MMZG me permiten sostener que esta privación de la vida de la víctima sí se cometió por una conducta humana ajena y externa a la voluntad de la víctima; es decir, él no se mató por sí mismo, él no se causó todas esas lesiones a grado tal de producirse la muerte con entera independencia de que no se hiciera referencia a algún dato de prueba científico que corroborara que él no disparó un arma de fuego, esto lo puedo asumir del contenido de las entrevistas que se hacen a Marisol y a su hija MMZG pareja sentimental de la hoy víctima directa. En ese sentido considero que es el momento en que yo me pronuncie respecto de las indicaciones de la defensa y esto es así, les reconozco credibilidad porque hasta este momento no se justificó con ningún dato de prueba en esta audiencia expuesto bien por las defensas o bien por el ministerio público que estas dos personas Marisol y MMZG fueran inducidas por engaño, por error, por soborno o por coacción para declarar en su entrevista en la forma en que lo hicieron o que tuvieran algún motivo espurio una intención de perjudicarlos a ustedes Cristóbal, José Gabriel y Gilberto señalándolos, no de ninguna manera, hasta este momento considero que no le asiste la razón a las defensas pública y privada porque quien dijo que había ingresado el diente y su gente fue Hugo Adrián, eso es correcto, ella no dicen que es el diente y su gente, ellas señalan coincidentemente que escuchan a una persona gritar a Hugo Adrián que grita "Hugo sal" y le hacen algunos insultos y él supongo, infiero de esta indicación al reconocer la voz pues les dice quiénes son: el diente y su gente. En ese sentido no es curioso como señala la defensa que estuvieran en el patio y que fueran adentro de la casa, si analizamos, si entendemos la entrevista como tal de ellas, no es curioso, ellas indican que se van al interior de la casa porque ya se van a meter y que al estar ingresando, al estar en la casa, dentro, es cuando escuchan este grito y estos insultos y es el momento en que Hugo Adrián les dice que se escondan en el baño que está en el corral no es una decisión que hacen ellas esto obedece a una sugerencia que hace la víctima así lo inmedié y así lo puedo inferir del contenido de estos datos de prueba. Incluso señalan las dos defensas que el informe pericial del lugar del hecho no corrobora la existencia de este baño, que este baño esté cerca del patio. En ese sentido considero respetuosamente que no era la finalidad de ese acto de investigación sino la localización de indicios de tipo criminalístico y realizar el levantamiento de cadáver. Efectivamente lleva inmersa la descripción del lugar de los hechos, precisamente como parte de su dictamen, pero no era el objetivo central. Es claro que sí, el perito criminalista de la fiscalía debió haber hecho una descripción exhaustiva del domicilio pero esto no quiere decir que el hecho de que el perito no lo hubiera realizado genere ya de inmediato la inverosimilitud de las entrevistas de Marisol y su hija, no de ninguna manera, sobre todo porque es necesario aclarar Cristóbal, Gilberto y José Gabriel, de la entrevista de ellos se advierte que el baño no estaba en el patio, que el baño estaba en el corral, por eso no coincido con las defensas en cuanto a que por esta circunstancia se torne en increíble o en inverosímil lo dicho por ellas. Es necesario destacar algo jóvenes, las defensas pública y privada saben que tenían la oportunidad de haber solicitado al Ministerio Público que se citara al perito, a Marisol y eventualmente si hubieran ellos garantizado lo establecido en las reglas del CNPP que se recogen en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia donde intervienen menores de edad para realizar las pruebas de capacidad para rendir testimonio de MMZG, su preparación para rendirlo y el acompañamiento relativo en audiencia, bien, pues ellas pudieron haber sido citadas si es que ellos lo hubieren pedido y esto para qué muchachos? Para que ellos pudieran haber confrontado esa información, incluso de ese ejercicio de litigación que ellos saben pudieron haber realizado pero no lo hicieron, sí, sí se podrían haber obtenido datos que eventualmente justificaran lo que ellos señalan, de que es increíble de que es inverosímil que ellas hagan estas manifestaciones pero no lo hicieron, es decir, la información que ellas proporcionaron hasta este momento permanece intocada y yo tengo que analizarla en una valoración racional de los datos de prueba como lo establecen los artículo 259 y 265 de la norma adjetiva a los cuales ya me referí. Que no refieren si había algo en el patio, entre el patio y el corral que les obstruyera la vista, no estaban obligadas a hacerlo sobremanera porque tal parece de su entrevista que esto no fuera así que no hubiera ningún objeto que les impidiera ver desde el sitio donde se encontraban, aclaro, pero además porque ellos saben que esto, que esta información que ellos dicen que son omisas en indicar, ellos pudieron en un contrainterrogatorio haberlo obtenido del dicho directo de ellas en audiencia, pero no pidieron que las citara, entonces ahí surge una interrogante ¿cómo considerar ilógicos o inverosímiles sus entrevistas si ellos hasta este momento no ofrecieron ni desahogaron datos o medios de prueba para poner esto de manifiesto. Pareciera como lo señala la defensa pública que es ilógico que la distribución de la casa donde sucedieron los hechos y vivían ellas con Hugo Adrián no estuviera distribuida de la forma en que señalan. Con todo respeto hasta este momento la defensa nunca me ha indicado que ellos conocen -en específico la defensa pública- la casa, el lugar donde sucedieron los hechos para poder asumir o afirmar que la distribución de la casa no es así, incluso ni siquiera bajo las máximas de la experiencia yo pudiera afirmar que la casa no está distribuida de esa manera. Ojo, porque al respecto como lo ha sostenido la doctrina, en el caso concreto me permito citar a Rodrigo Alberto Cerda San Martín en su libro "Valoración probatoria y control del juicio fáctico" y "teoría de la sana crítica: Interpretación, valoración y argumentación de la prueba" de Barrios González Boris, ambos de editorial Ubijus, las máximas de la experiencia no son del juez ni tampoco son de las partes, son máximas de la experiencia común y las máximas de la experiencia son hechos perceptibles por los sentidos de un grupo determinado de personas. [.] [20:44:50] Voy a tratar de darme prisa en resolver, también les pido a las partes consideren que se está sintiendo mal para que el debate lo centren en lo toral. Bien, decía bajo este contenido de las bibliografías que he citado, incluso actualmente en el amparo 495/2018 ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre este tema de la valoración racional de la prueba, en este caso, del dato de prueba, al explicar la corte los sistemas de valoración de la prueba como tal de acuerdo a cada sistema de justicia penal. En ese contexto preciso que las máximas de la experiencia común, no es de la experiencia ni de la defensa ni del juzgador ni de la fiscalía ni de la asesoría jurídica victimal en lo particular de cada quien son máximas de la experiencia común de una colectividad definida y esto surge como consecuencia de la reiteración de fenómenos que se producen en una misma circunstancia en condiciones similares que permiten razonablemente establecer de acuerdo a esa experiencia [20:46:34] que se tiene como vivencia pues sí, una máxima, este sucede de esta manera por esta causa, entonces, considero con todo respeto que bajo las máximas de la experiencia común la defensa pública no puede afirmar que la casa de la víctima y las testigos de cargo no estuviera distribuida como ellas lo indican sobremanera porque él no tiene una fuente de información que le permita sostener que no es así y por ello no puede señalar que la omisión de no precisar esas circunstancias les reste credibilidad también en el sentido de que al no dar cuenta ellas de como jalan a la víctima y tratan de subir a la camioneta, es claro que no son personas que hayan visto los hechos. Esto es una consideración subjetiva que hace la defensa porque una persona pueda dar referencia en una declaración de una forma como se le presenta en sus recuerdos, como lo recuerda, valga la expresión, y esto ya lo ha establecido la ciencia, la teoría del testimonio, Si Marisol y MMZG no dieron cuenta de ello, quien realizó su entrevista por parte de la fiscalía tal vez estaba obligado a ahondar al respecto pero también la defensa tenía la posibilidad de pedir que se les citara y contrainterrogarlas y ahondar en este tema si es que se pretendía que esto se considerara como un dato que les reste credibilidad y al no hacerlo yo no puedo considerarlo de esta manera, por ello, no comparto las posiciones de la defensa pública incluso tampoco de la defensa particular porque en lo toral van dirigidas en el mismo sentido en cuanto a la inverosimilitud de las entrevistas de Marisol y MMZG, ya indique que no fueron ellas quienes indicaron que era el dientes sino fue Hugo Adrián. Cuestionan como describen con lujo de detalles como lo hacen en las entrevistas o cuidaban a los niños o veían los hechos, esta es una circunstancia que ni la defensa ni la fiscalía ni la asesoría jurídica, ninguno de los que estamos en esta audiencia podemos contestar, creo al respecto que eran ellas quienes podrían haber dado cuenta de esta interrogante que hace la defensa particular, pero ellas no fueron citadas, no se pidió que se les citara para confrontar la información que ellas dieron. Me señala la defensa particular que los niños se alteran al escuchar disparos, sí pues esto es natural, su corta edad no les permite razonar al respecto y es muy probable que un ruido tan fuerte en reiteradas ocasiones como lo son no uno sino varios disparos de arma de fuego, pudiera espantar a los pequeños pero también es posible que por su corta edad al no tener conciencia de lo que sucede pudiera no espantarles a lo mejor pudiera espantarles más la actitud que asumieran las personas que están a su alrededor que si tienen conciencia de lo que sucede y eventualmente eso pudiera generarles miedo, una alteración emocional y esto reflejarse en los menores pero no lo podemos afirmar porque no estábamos ahí, incluso considero que bajo las máximas de la experiencia no podemos afirmar esa circunstancia, insisto son máximas de la experiencia común. Al menos aquí de los que intervenimos en esta audiencia considero respetuosamente que ninguno de nosotros ha vivenciado un evento de este tipo en reiteradas ocasiones para sostener que la posición de la defensa pueda ser aceptable, al respecto considero que esto no es así y las únicas que podían dar respuesta si estaban cuidando a sus hijos y a la vez viendo pues eran ellas, incluso porque contrario a lo que señala la defensa pública no estaban viendo a través del plástico es decir que el plástico no estuviera transparente, porque incluso desconocemos de qué color, de qué calidad, de qué grosor era ese plástico. Lo cierto es que como atinadamente lo señalo la defensa particular, el licenciado Salvador alcanzan a ver por un orificio por un hoyo de ese plástico que está en el baño del corral, entonces hasta este momento se genera una pregunta de por qué darles o por qué se les debería de reconocer credibilidad, bueno, precisamente porque su información es coincidente, concordante, está robustecida con otros datos de prueba y no hay datos que les generen incongruencia interna pero también incongruencia externa con el resto de los datos de prueba, hasta este momento lo que ellas señalan es verosímil porque no hay un dato de prueba que se oponga a lo que ellas dicen como por ejemplo fuera el hecho de que se hubiera justificado que la casa no está distribuida como ellas lo indicaron, que no existiera ese corral o que existiendo el corral no existiera el baño o que existiendo no fuera de plástico sino que fuera de algún otro material de tal consistencia que efectivamente no les permitiera ver pero de nada de esto se ocupó la defensa más allá de su reflexión a modo de cuestionamiento pero ningún dato de prueba se produjo al respecto para evidenciar tal o cual circunstancia y que esto notoriamente sí impactara en la credibilidad del testimonio de ellas. Por eso considero que el testimonio que ellas generan sí me es vinculante para tener por justificado el hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado porque incluso señala que no podían ver máxime que estaban ocultas y conforme a las máximas de la experiencia una persona que está oculta pues no puede ver, esto señala el licenciado Salvador. No coincido bajo la misma circunstancia de que las máximas de la experiencia son de la experiencia común no de la reflexión que hacemos cada uno de nosotros, porque pudiera suceder que una persona esté oculta pero por algún resquicio del sitio donde se esconde como bien lo puede ser el hoyo que ellas señalan está en el plástico que se encuentra en el baño del corral, pues sí podían ver, no? Eso es lo que está sujeto a cuestionamiento pero ese cuestionamiento, ese argumento de la defensa debe estar soportado en datos de prueba así como la fiscalía soportó sus pretensiones en datos de prueba, de la misma manera tiene que venir este contradictorio, no es solamente de lo que nosotros consideramos el dato de prueba sino del soporte que éstos le dan a nuestras manifestaciones a las argumentaciones que tenemos porque si estos argumentos no encuentran el robustecimiento necesario yo no puedo atenderlos, como no lo hago en este momento. Por tanto, hasta este momento las entrevistas de Marisol y de MMZG sí me permiten tener por cierto que la privación de la vida de la víctima no obedece ni a una causa natural por una enfermedad, tampoco obedece a un accidente o que él mismo se quitara la vida, no de ninguna manera, obedece al actuar directo de cinco personas del sexo masculino que ese día a esa hora ingresan a su domicilio con la intención de sacarlo y subirlo a la camioneta pick up de color rojo en la cual llegaron y que al negarse él, al intentar defenderse y correr hacia su casa comienzan tres de estas personas a disparar en su contra, primero uno con un arma de fuego corta y después otros dos con armas largas causándole heridas que le provocaron lesiones en cavidades toráxica y abdominal, que después éstas le causan un shock hipovolémico que fue su causa de muerte. Entonces hasta este momento esto me permite suponer como señala el artículo 316 del CNPP la existencia de un hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135 fracción I inciso b), incluso respecto de esta circunstancia calificativa del hecho que se considera como delito coincido con el fiscal porque se justifica en la vida jurídica [20:58:18] la hipótesis de la ventaja sobre la cual se comete este hecho en su doble vertiente. Es decir, los sujetos activos del hecho son superiores a la víctima por una parte por el número de personas que intervienen en el hecho, son cinco, contra uno, notoriamente esto les genera esa superioridad y ello evita el riesgo de que ellos sean lesionados o muertos en este evento; minimiza la eventual resistencia que él pudiera oponer a este evento pero también son superiores virtud a las armas empleadas como lo advierto de las entrevistas de Marisol y de MMZG que insisto, no son aisladas, no son contradictorias en su aspecto interno pero tampoco en su aspecto externo porque están corroboradas con dos datos de prueba científicos que son el informe pericial de inspección del lugar del hecho y levantamiento de cadáver donde se localizan los indicios balísticos, dieciocho, si no me equivoco, en las distintas calles donde se ubica el inmueble donde suceden los hechos y donde vivía la víctima pero también con el informe médico de necropsia que detalla las lesiones que presenta y que detalla que estas sí son de las que por sus características sí son de las que se produjeron por penetración de proyectil de arma de fuego, entonces, esto racionalmente me permite sostener que también son superiores los sujetos activos del hecho virtud a las armas empleadas y por tanto se justifica el contenido de la fracción I, inciso b) del artículo 135 del código sustantivo penal de nuestra entidad. [21:00:19] Por lo que ve a la probabilidad de que ustedes Cristóbal, Gilberto y José Gabriel cometieron este hecho también se encuentra justificado porque hasta este momento el señalamiento directo que hacen en contra de ustedes Marisol y MMZG no ha sido controvertido, también porque no advierto contradicciones en ellas ni cuestiones que generen su inverosimilitud que me lleven a negar esta vinculación, este aspecto vinculativo que deviene de la precisión incluso que hace Marisol, porque Marisol al respecto es más contundente. Ella además de indicar que ese día a esa hora cuando se escucha ese grito con insultos para que Hugo salga, él les dice que es el diente y su gente, que se escondieran en el baño del corral y al estar ahí ocultas ella señala que vio a Cristóbal Melgoza Murguía. Cristóbal y esto me genera credibilidad porque ella señala lo conoce porque trabajó en la casa de usted, infiero como empleada doméstica durante algún tiempo, razonablemente esto me permite señalar que sí lo conoce de manera detallada para poder dar su nombre. José Gabriel Palestino Navarro, José Barajas Ortiz, Manuel Cruz Rodríguez quienes lo llevaban, que Martin abre y le da a Gilberto Giovanni, entra sacaron a Hugo para subirlo en una camioneta y que el diente le empieza a disparar, la pulga y el palestino también y precisamente destaca con esos apodos a cada uno de ustedes: Cristóbal, Gilberto y José Gabriel, incluso da cuenta por qué los conoce a cada uno de ustedes, porque son de la localidad ahí pues de Tangancícuaro, son vecinos y al ser vecinos, esto racionalmente si Tangancícuaro como bajo el principio de juez natural puedo reconocer que es una localidad pequeña, pues sí, puede ser creíble y es razonable que las personas se conozcan y esto permite a Marisol señalarlos a ustedes como las personas que cometen este hecho lo que incluso es reiterado por MMZG así me lo indicó al Ministerio Público al indicarme que coincide con el testimonio de su progenitora. En ese sentido insisto la información que ellas proporcionaron no se vio confrontada de ninguna manera por la actividad litigiosa de la defensa en esta audiencia pero tampoco a través de algún dato de prueba que me permitiera reconocer como lo señalan las defensas que es inverosímil lo que ellas dicen incluso tampoco hasta este momento se justifica que ustedes no fueran las personas que ingresaron en ese domicilio en esa fecha y en esa hora y cometieran este hecho, cómo, con datos de prueba o con medios de prueba que se presentaran en esta audiencia. Por tanto, hasta este momento bajo el estándar probatorio que conforme a la Constitución y al Código Nacional tiene esta etapa procesal que es sumamente laxo, es muy bajo este estándar probatorio, pues sí tengo por justificado que ustedes pudieron cometer o participar en la comisión de este hecho. Y por qué lo considero así Cristóbal, Gilberto y José Gabriel porque la Constitución y el CNPP hablan de que esto se justifique en un grado de probabilidad, qué quiere decir esto, que sea probable, en este momento no estoy analizando su plena responsabilidad penal porque no los estoy condenando, eso es en una etapa distinta, sus defensas ya les explicarán cómo es esto, pero hasta este momento a mí la constitución y la ley exigen que se justifique de manera probable que ustedes pudieron cometer este hecho o participar en su comisión y los señalamientos de Marisol y su hija hasta este momento son suficientes porque justifican en grado de probabilidad que sí ustedes pudieron ser tres de estas cinco personas que ingresan en su domicilio sacan a Hugo Adrián y cuando se resiste comienzan a disparar en su contra provocándole las lesiones que a la postre fueran la causa de su muerte. Por tanto, bajo estas consideraciones y estimando que el último requisito también se justifica porque no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito porque ninguna de las partes lo hizo valer en audiencia, pero también porque yo de sus indicaciones no advertí que alguna se configurara como para entrar de oficio en tutela de los derechos fundamentales de ustedes a su análisis. Por tanto, siendo las veintiún horas con seis minutos del trece de octubre de dos mil veinte, dicto en su contra auto de vinculación a proceso Cristóbal Mendoza Murguía, Gilberto Giovanni Vidal Acevedo y José Gabriel Palestino Navarro por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I inciso b) en relación con los diversos 16, 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal Vigente en el Estado de Michoacán de Ocampo en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín". De acuerdo con lo transcrito, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso de Cristóbal Melgoza Murguía, por su probable intervención la comisión del hecho que la ley cataloga como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) en relación con los diversos 16, 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán; en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Servín. Lo anterior, porque el juez precisó de manera detallada, por qué estimó que se cumplían cada uno de los requisitos que exige tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales. También señaló las razones por las cuales, a su juicio, de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público se desprendía que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y que existía la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, se estima legal que el juez de control hubiera considerado al homicidio como calificado en términos de la fracción I, inciso b) del artículo 135 del Código Penal del Estado aplicable, al haber existido ventaja, pues de los datos de prueba se advierte que los sujetos activos, entre los que se encuentra el quejoso, iban armados y eran superiores en número [cinco personas]. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron dos meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa y fundó y motivó su determinación. Más porque -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada su responsabilidad en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra aunado a que todavía tiene dos meses para presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Y como también se estableció en los párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos. En ese sentido, es infundado el concepto de violación en el que se aduce que fue ilegal que el juez de control equivoca la interpretación de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales, pues como correctamente lo precisó el juez, son suficientes los datos de prueba para acreditar que se cometió un hecho que ley señala como delito de homicidio calificado, así como la probabilidad de que el aquí quejoso cometió ese hecho. Ello, porque como se ha reiterado en el cuerpo de esta sentencia, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin que se establezca con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria. Por otra parte, contrario a lo argumentado por el quejoso, no se violó en su perjuicio el derecho humano al debido proceso, ya que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. Ello es así, porque las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra, de probar lo que conviniere a sus intereses, como se advierte de la jurisprudencia 1a/J.11/2014 (10ª) que invoca el quejoso en sus conceptos de violación, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". Lo cual aconteció en el presente, pues como se advierte de las audiencias de nueve y trece de octubre de dos mil veinte, el quejoso estuvo asesorado por los defensores públicos Porfirio Mateo Cortes, José Artemio Romero Pañeda así como por el defensor privado Salvador Gómez Armenia; se le hizo saber quién presentó la acusación en su contra así como los hechos por los cuales se le vinculó a proceso [formulación de imputación nueve de octubre de dos mil veinte a las 11:26:35 horas]; asesorado por su defensor, ejerció su derecho a NO declarar; se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas; y, el juez de control le informó que podía impugnar el auto de vinculación a proceso a través del recurso de apelación o por medio del amparo indirecto, tan es así que promovió el juicio constitucional. También es infundado el concepto de violación en el que el promovente del amparo señala que se viola su derecho fundamental a la presunción de inocencia porque no existen datos de prueba que acrediten su probable responsabilidad, toda vez que los atestes en ningún momento lo pudieron identificar ni de manera fonética ni visual, por lo que el juez de control no debió tener por acreditado que lo conocen con el mote de "el diente" y menos aún que se encontraba en el lugar de los hechos. Lo anterior, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 349/2012 estableció que existen tres vertientes de la presunción de inocencia en sede penal: Como regla de trato procesal. Como regla probatoria; y, Como estándar de prueba. Así, como "regla de trato", exige que toda persona a sea tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, por ello, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Como "regla probatoria", establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. En tanto que, como "estándar de prueba" exige a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Las referidas conceptualizaciones se encuentran contenidas en los criterios jurisprudenciales siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006092 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.) Página: 497 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Época: Décima Época Registro: 2006093 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.) Página: 478 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Época: Décima Época Registro: 2006091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) Página: 476 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar." Bajo dichas consideraciones es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que se viola su derecho a la presunción de inocencia, porque no existen elementos objetivos en los que exista un señalamiento directo en contra, por dos aspectos. El primero, porque no es necesario que en la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, exista un señalamiento directo, sino que es suficiente que se acredite la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en la comisión de un hecho delictivo, sin que se establezca con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria. Y el segundo, porque el principio de presunción de inocencia reposa en la necesidad de garantizar al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente, de forma que, tendrá aplicación, preponderantemente, en las actuaciones del juicio en las que buscará evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva; de ahí que, su aplicación en la etapa procesal de vinculación a proceso se limite a la vertiente de regla de trato, que como ya se dijo, supone la obligación de que el quejoso sea tratado como inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad mediante sentencia condenatoria. Aunado a ello, como correctamente lo refirió el juez de control en la audiencia de trece de octubre de dos mil veinte, de la entrevista efectuada a Marisol Zárate González se advierte [11:49:01 de la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte] "es cuando vio claramente al "diente" del que sabe se llama Cristóbal Melgoza Murguía a quien conoce desde que él estaba chiquito, ya que trabaja haciendo el aseo, ya que trabajó haciendo el aseo en su casa por más de un año [.]"; esto es, hizo una imputación directa en su contra. Incluso se advierte que el ministerio público le preguntó qué por qué alcanzó a ver con claridad a dicha persona, así como a las demás que lo acompañaban el día de los hechos y manifestó que porque en el patio, en la parte de la puerta había un foco que alumbra perfectamente el patio [11:52:23]. Lo cual también reiteró la menor de iniciales M.M.Z.G, que manifestó que su pareja Hugo Adrián Rodríguez Servín, el día de los hechos, cuando las personas que ingresaron a su casa, le comentó que eran Cristóbal alias "el diente", "el Palestino", José, Giovanni, "la pulga" y "el chore" [11:54:54 de la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte]. Datos de prueba que, bajo el estándar probatorio requerido para poder emitir un auto de vinculación a proceso, eran suficientes para que el juez de control responsable lo dictara, pues con ellos -contrario a lo señalado por el quejoso- se justifica de manera probable que fue una de las personas que ingresó al domicilio del hoy occiso y cometió el hecho que la ley identifica como delito de homicidio calificado. Máxime, contrario a lo argumentado por el quejoso y como correctamente lo señaló el juez de control, su defensa si bien no tenía la obligación de investigar ni ofrecer datos de prueba, sí estaba facultado para hacerlo, precisamente para desvirtuar lo declarado por Marisol Zárate González y por la menor de iniciales M.M.Z.G. Ello, con apoyo en el principio de contradicción, contenido en el artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor. Finalmente, también es infundado el concepto de violación en el que señala el quejoso que como el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el ministerio público debe agotar todas las líneas de investigación, era su obligación acreditar que desde el baño era posible observar el lugar de los hechos. Ello, porque como correctamente lo señaló el juez y quedó asentado en líneas anteriores, el ministerio público se apoyó en las entrevistas de Marisol Zárate González y de la menor de iniciales M.M.Z.G., por lo que en todo caso la defensa debió ofrecer datos de prueba precisamente para acreditar, que dada la distribución de la casa, hora y demás condiciones, era imposible que dichas personas hubieran reconocido a las personas que participaron en los hechos. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y toda vez que no se advierte motivo alguno para suplir la queja deficiente, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristóbal Mendoza Murguía, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso sexto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, por medio de cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa que la comunicación oficial 94/2021 del índice de este juzgado, fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en virtud de que por auto de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por recibida la comunicación en cita debidamente diligenciada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano