Cristobal Marquez Frasco
Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/06/2021
Partes del expediente
- Cristobal Marquez Frasco
- Instituto de Deporte y la Cultura Física de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de junio de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que puede advertirse que transcurrió para la parte quejosa, el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. Sin que en el presente asunto se hubiere solicitado la apertura del incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; Y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el viernes once de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, recibido ese mismo día en este Juzgado Sexto de Distrito, Cristóbal Márquez Frasco, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 838 y 940 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito. Entonces, mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se ordenó su registro bajo el número de juicio 946/2020, se tuvo por admitida la demanda de amparo, motivo por el cual quedaron señaladas hora y fecha para la audiencia constitucional, solicitándose el informe justificado correspondiente, ordenándose el emplazamiento de los terceros interesados y, dándose la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia constitucional y legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es constitucional y legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, carecen de ejecución por ser de carácter omisivo y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, que es del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en el presente juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que dicha parte quejosa exponga en torno a la inconstitucionalidad directa o no, de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de la Junta señalada como responsable, consistente en no dictar acuerdo al escrito presentado por la aquí quejosa en data quince de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 487/2017-2. El retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, dentro de los autos del juicio laboral burocrático 487/2017-2, en la etapa de ejecución del laudo dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, al no llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que éste se cumpla, dentro de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, lo procedente es examinar la existencia de los de trato, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en principio y al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado relativo a la falta de respuesta al ocurso presentado por el aquí quejoso en data quince de septiembre de dos mil veinte, puesto que, en tres de febrero de dos mil veintiuno, acordó lo conducente y, para evidenciar lo anterior remitió copia certificada del citado acuerdo, mismo que a continuación se inserta: En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado consistente en la omisión atribuida a la Junta responsable, relativo a la falta de acuerdo a la promoción de quince de septiembre de dos mil veinte, este juzgador determina que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, relativa a la falta de acuerdo a su promoción presentada el quince de septiembre de dos mil veinte, sin embargo, tal cual se advierte del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, cuya inserción se dejó establecida en apartados precedentes, el escrito de referencia ya fue acordado por la Junta responsable, por tanto, es inconcuso que, los efectos de la omisión reclamada han cesado. Lo anterior se afirma dado que, como se indicó, la Junta responsable remitió constancia certificada continente del auto en comentario, documental que, por cierto, tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo y, de la cual se advierte, se reitera, que la responsable dictó el auto en cuestión proveyendo así el escrito que le fue presentado el quince de septiembre de dos mil veinte. Por lo tanto, es evidente que, con el citado de ese proveído, la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y, respecto de la omisión reclamada que, de forma destacada se precisó en este considerando, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. CUARTO. Ahora bien, en lo que respecta al diverso acto reclamado, consistente en el retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, dentro de los autos del juicio laboral burocrático 487/2017-2, en la etapa de ejecución del laudo dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, al no llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que éste se cumpla, dentro de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, la citada autoridad responsable, al remitir a este Juzgado diverso oficio 612/2021, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, enviado en alcance a su informa justificado, manifestó que son ciertos los actos reclamados, lo cual, evidencia una confesión expresa que hace prueba plena en los términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del ordinal 2 de dicha ley. Sin embargo y no obstante lo anteriormente dicho, este órgano jurisdiccional advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil veinte), en realidad no existían los actos omisivos reclamados en forma destacada a la autoridad señalada como responsable de que se trata, consistente en la omisión de llevar a cabo todas y cada una de las acciones respectivas a fin de dar cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dictado en autos del juicio laboral de origen 487/2017-2. Respecto a la afirmación antes realizada y atendiendo a las razones que a continuación se vierten en esta resolución, es que en la hipótesis se sostiene que aun ante la aseveración hecha por parte de las responsables de trato, respecto de la certeza del acto reclamado, este debe tenerse por inexistente. Cobra aplicación a lo antes dicho y en vía de orientación para este juzgador y, por las razones que le informan, el criterio de jurisprudencia que a continuación se cita: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 198320. Aislada. Materias(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VI, Julio de 1997. Tesis: VII.1o.C.4 K. Página: 433. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 445/96. Víctor Enrique Bonilla García. 15 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretario: Alberto Quinto Camacho. En efecto, el referido juicio de origen inicialmente fue instaurado por el ahora quejoso en contra del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California y otros. En ese orden de ideas, se obtiene que, la autoridad señalada como responsable, en acato a la ejecutoria dictada en autos del juicio de amparo 405/2018, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictó laudo, condenando al Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California, a cubrir las prestaciones que en dicho laudo quedaron determinadas, ello por un lado, y por el otro en esa misma determinación absolvió al citado demandada, así como al resto de ellos, de cubrir al ahora quejosa las prestaciones que les reclamó. Posterior a ello, mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, el aquí quejosos peticionó a la Junta responsable, que toda vez que había pasado el término para que la parte demandada cumpliera con el laudo condenatorio dictado en su contra, por tal motivo, debía comisionarse al Actuario adscrito a la ahora autoridad responsable para que, procediera a requerir la ejecución forzosa de ese lado. Así, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta procedió a dictar acuerdo proveyendo lo conducente respecto de lo peticionado por la hoy parte quejosa, auto que en lo que interesa dice: ". SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTEACUERDA: Agréguese a los autos los escritos a efecto de que obren como legalmente corresponda en autos; y en cuanto al primero de ellos se le tiene por autorizando a los CC. HELENE UNICE ROMERO ELIZONDO, JAIME ANÍBAL LUNA Y, FERNANDA AYLlN TOSCANO OROPEZA, única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones toda vez que no cumple con los requisitos del 692 de la Ley Federal del Trabajo; y en cuanto escrito y como lo solicita el promovente, proceda la C. Secretaria de Acuerdos a certificar si se ha dado cumplimiento a la resolución dictada en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, y en su caso, proceda a hacer el cómputo de las prestaciones a que la misma condena, hecho que sea, dese cuenta para proveer lo que en derecho correspondo a su solicitud, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 951 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo." Luego, hecha que fue la certificación en comentario, se determinó que la cantidad total que debía ser cubierta en favor del ahora quejoso, ascendía a la suma de $116,869.19 (Ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y nueve pesos 19/100 moneda nacional). Así las cosas, en aquella misma data, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable despachó ejecución en contra del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja california, a fin de que, cubriera a favor del actor, hoy quejoso, la cantidad antes descrita. La diligencia antes referida se llevó a cabo el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve y, en data treinta de ese mismo mes y año, compareció, ante la Junta responsable, la apoderada legal de las demandadas INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE BAJA CALIFORNIA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE BAJA CALIFORNIA Y, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE BAJA CALIFORNIA, lo anterior con la finalidad de depositar mediante título de crédito número 0027227, de la cuenta 65502585924, a cargo de "Santander" como pago total del laudo. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, previa petición del aquí quejoso, la Junta responsable ordenó hacerle entrega del susodicho título de crédito. Posterior a ello, mediante escrito de siete de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó a la Junta responsable que, en términos de tal ocurso y toda vez que en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago para requerir a la parte demandada, empero, agregó que ésta no cumplió con todo lo condenado, sobre todo lo atinente a las prestaciones reclamadas en los incisos (A, B, C, D, L), de su demanda y que precisados quedaron en el laudo condenatorio, razón por la cual, solicitaba se requiriese de nuevo a la demandada para que cubriera o cumpliera con esas prestaciones a las que fue condenada. A lo antes solicitado, la Junta acordó de forma favorable, mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, y, por ende, ordenó requerir a la demandada, hoy tercero interesada, por el cumplimiento de esas prestaciones, para la cual le giró el oficio 2152 de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Luego, mediante escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la parte hoy quejosa, le solicitó a la responsable girara oficio recordatorio a la demandada a fin de que cumplimentara la condena que le fue impuesta, dado que hasta esa data no la había hecho. En esas condiciones, mediante auto de dos de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable acordó, en lo que interesa que, se requiriera a la parte demandada por conducto de su Director General, girándole atento oficio, para que, en el término de TRES DÏAS, exhibiera ante ella las constancias requeridas en auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, consistentes en: reconocer la relación de trabajo que une con el trabajador desde el día uno de octubre dos mil quince, es de naturaleza laboral y no de una diversa, a reconocer que el puesto de trabajo del mismo como masoterapeuta es de las consideradas como de planta y permanente y a la aplicación y pago de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Para cumplimentar lo anteriormente reseñado, la Junta responsable giró el oficio respectivo, el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Posterior a ello, existe la solicitud hecha por parte del aquí quejoso a la autoridad responsable, datada el quince de septiembre de dos mil veinte, de la cual, se hizo referencia en al considerando precedente y, la que, fue proveída en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno. Por lo tanto y, no obstante que la autoridad responsable de trato, admitió la existencia del acto reclamado, lo cierto es que el mismo no resulta cierto en la forma en que lo planteó la quejosa, es decir, en la omisión de dicha autoridad de acordar u ordenar las acciones pertinentes para dar cumplimiento al laudo en cuestión ello es así, dado que, del análisis de las documentales remitidas por la responsable a los presentes autos, en específico, del acuerdo dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, así como de todos los demás a los que se hizo referencia, se desprende que, tal responsable, ha proveído los escritos presentados por el ahora quejoso, incluso acordó aquel ya reseñado mediante auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, o sea, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil veinte), entonces, si en el susodicho proveído se otorgó plazo de tres días a la demandada en cuestión, para cumplir con lo condenado, entonces se tiene que este último auto está encaminado a ejecutar las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo condenado en el laudo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio laboral de origen y, por ende, que en realidad no existe la omisión reclamada. En efecto, tomando en consideración las aludidas actuaciones, se colige que la Junta responsable ha estado acordando a cada petición hecha por el quejoso, a fin de que la parte demandada y condenada diera cumplimiento a lo ya reseñado y que en el último acuerdo, el de tres de febrero de dos mil veinte, incluso otorgó a tal demandada un plazo de tres días para que diera cumplimiento al laudo en cuestión y que, el oficio respectivo fue recibido el diez de febrero del año en curso, es decir, se insiste, tales actuaciones son posteriores a la presentación de la demanda de amparo. Por ende, si para la ejecución de un laudo formal y materialmente laboral, acorde a lo ordenado por el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo, se torna necesaria la intervención de la parte obrera que obtuvo en los actos encaminados a la ejecución del laudo, por lo que, en la hipótesis y sin que ello implique desconocer el principio de suplencia de la queja en favor de la parte trabajadora, correspondía, tanto a esta como a la autoridad responsable velar porque dentro del plazo otorgado, la demandada de referencia diera cumplimiento a lo ordenado, empero como ello constituye un acto posterior a la data en que se presentó la demanda de amparo, este juzgador está en imposibilidad legal para determinar, en este juicio de amparo, respecto de actos que no fueron materia de reclamo y que, adverso a lo alegado por la parte quejosa, demuestran que sí se han dado acciones tendientes a ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral de origen Documentales, antes reseñadas, que tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197, 202 y 203 del referido código federal adjetivo aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por ser copias certificadas de documentos públicos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. En mérito de lo anterior, debe tenerse por inexistente la omisión reclamada, en virtud de que las fechas en que se presentó el último escrito y, sobre todo la data en que éste fue acordado, tres de febrero de dos mil veintiuno, que es posterior a la de la presentación de la demanda de amparo, evidencian que, el acto que por esta vía constitucional se combate, a saber, la omisión de la Junta responsable en realizar las gestiones necesarias para ejecutar el Laudo en comentario resulta inexistente. Al caso tiene, aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 15, del Tomo 79, correspondiente al mes de julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Máxime que, en el caso, la carga procesal de que se continúe con la ejecución del laudo hasta su total cumplimiento, es potestad del actor, quien debe solicitar, en su caso, que se requiera a la demandada en cita, para que ésta dé cumplimiento a lo que se le condenó en el laudo. Cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, localizable a fojas 2772, registro 2000025, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". [Énfasis añadido]. Asimismo, fortalece lo expuesto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre 2011, tomo 4, misma que se lee en la página 2771, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse".[Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional]. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que este juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible debido al sobreseimiento decretado. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo -causas de sobreseimiento-, lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de referencia, este juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la parte inconforme, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Es de señalarse, que algunas de las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." QUINTO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a persona física o moral relacionada con el presente juicio. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la Secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Cristóbal Márquez Frasco, contra actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, precisados en el considerando segundo y, por las consideraciones plasmadas en el tercer y cuarto subsecuentes de este fallo constitucional. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando quinto. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la Secretaría que supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Desahoga vista. Téngase al promovente desahogando la vista otorgada en proveído de veintiocho de abril del año en curso y por hechas sus manifestaciones mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, ya que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias agregadas en proveído de veintiocho de abril del presente año. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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