Cristobal Hugo Carrasco Bautista
Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cristobal Hugo Carrasco Bautista
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 203/2021 Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d)2, del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
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JUICIO DE AMPARO 196/2020-VI. Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente, el oficio y anexo de cuenta, de la Agente del Ministerio Público (Desiree Bernal Quintana) adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de los cuales informa las últimas gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo e insiste en un incumplimiento por imposibilidad material. Ahora, vistas las constancias remitidas por la fiscal responsable, esencialmente hace del conocimiento las gestiones realizadas para acatar el fallo protector, en particular para cumplir con el punto e de la ejecutoria de amparo. Es así, pues en el caso, la autoridad ministerial responsable insiste en la imposibilitada material para dar cumplimiento al punto e de la ejecutoria de amparo, bajo el medular argumento de que el vehículo en cuestión, no se encuentra ya ubicado en la calle ****** de esta ciudad de Puebla. Ello pese a haber ordenado diversas diligencias consistentes en citar a declarar sobre el paradero del vehículo a ***(madre y hermanos del inculpado *), incluso para que* comparezca con el auxilio de la fuerza pública, así como indagar con los vecinos del lugar y recabar las cámaras de vigilancia de la zona. Sin embargo, dichas diligencias han resultado deficientes porque hasta la fecha no se ha logrado ningún resultado positivo que permita dar con el paradero del vehículo en cuestión. En ese sentido, no se acreditó que se haya ordenado realizar todas las diligencias que hagan razonable y sean suficientes para lograr ubicar el referido vehículo, a fin de cumplir con el efecto de la ejecutoria de mérito. Lo anterior a pesar que en proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se le concedió una prórroga de doce días hábiles para culminar el cumplimiento en sus términos de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en particular, el inciso e. Sin perderse de vista que mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se le requirió para que en tres días acreditara el cumplimiento total dado a la sentencia de amparo. Por tanto, aun cuando la autoridad ministerial oficiante ha hecho del conocimiento diversas gestiones para dar cumplir los lineamientos establecidos en la ejecutoria de protección; lo cierto es que dichas diligencias son insuficientes para lograr dar con el paradero del vehículo es cuestión, pues los efectos de la concesión del amparo Así pues, al haberse requerido el cumplimiento total del fallo protector, sin haberse acreditado el mismo por completo por parte de la autoridad ministerial, a pesar de haber fenecido el plazo para ello; se hace efectivo el apercibimiento formulado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (en donde causó ejecutoria el fallo protector), motivo por el cual se impone a la Agente del Ministerio Público (Desiree Bernal Quintana) adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, una multa de doscientas unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que es evidente el defecto en el cumplimiento por la fiscal responsable, pues pese a haber hecho gestiones para ubicar el vehículo en cuestión, no ha demostrado aún gestiones eficaces que permitan dar con su paradero, se le requiere a dicha autoridad ministerial para que en el plazo de doce días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita las constancias donde acredite fehacientemente haber dado cumplimiento total y en sus términos a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad ministerial responsable que en caso de no hacerlo así o de ningún modo manifestar el impedimento legal que tenga para ello, en el plazo antes precisado, se le impondrá una diversa multa de doscientas cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2382 y 2583 de la Ley de Amparo, así como no se dejará insubsistente la multa previamente impuesta en este auto. Además, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no cumplir al presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, serán remitidos los autos originales de este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo, el cual podrá culminar -una vez turnados los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- con la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Y, se hace notar a la autoridad responsable que de actuar de manera dolosa en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurriría en responsabilidad penal, como lo disponen los artículos 267, fracciones I y II, y 269 de la Ley de Amparo. En cambio, si acredita haber dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria de amparo, en el nuevo plazo antes concedido, en su momento, podrá considerarse dejar sin efectos la multa ya impuesta. En otro orden de ideas, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Fiscal General del Estado de Puebla como superior jerárquico de la autoridad responsable en mención, para que la constriña a cumplir la sentencia dictada en los términos establecidos. Se destaca que lo anterior no se colma con sólo enviar a sus subordinados un comunicado por cual les haga saber del requerimiento. Por el contrario, debe utilizar todas las medidas necesarias para constreñirlo a cumplir con la sentencia de amparo. Esto, porque el incumplimiento de la sentencia también implica su responsabilidad, pues el artículo 198 de la citada ley, establece que las autoridades responsables y su superior jerárquico podrán ser separadas de sus cargos y consignarlos ante un juez de distrito. De ahí que se aperciba al Fiscal General del Estado de Puebla, que en caso de que la Agente del Ministerio Público (Desiree Bernal Quintana) adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, vuelva a incumplir con lo requerido en el plazo señalado con antelación, se impondrá a dicho fiscal general estatal una multa Notifíquese y cúmplase
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SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 203/2021 Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe Cristóbal Hugo Carrasco Bautista, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, motivo por el cual se declaró en todo el país contingencia sanitaria y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Luego, en el último párrafo del capítulo de antecedentes, el quejoso señaló: ".Es por ello, que acudo al amparo y protección de la Justicia Federal, toda vez que el Juez de control al negarme audiencia de control previo por omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación hoy causa penal número *, me señala fecha de audiencia para formulación de imputación lo que me mantiene en estado de incertidumbre y zozobra jurídica." Entonces, si bien el quejoso reclama el auto trece de noviembre de dos mil veinte, en particular la parte de dicho proveído en donde se le negó señalar fecha para audiencia de control en términos de lo indicado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el ministerio público otorgó una incorrecta valoración de sus pruebas, también es cierto que como consecuencia se duele del señalamiento de la fecha para la audiencia de formulación de imputación, fijada en el referido auto, tal como se desprende de la documental que adjuntó a su escrito de demanda inicial; por tanto éste corresponde al acto reclamado destacado de la demanda inicial. Además, se corrobora el reclamo del acto destacado - el señalamiento de fecha para la audiencia de formulación de imputación-, porque en el capítulo de suspensión refirió: "Solicito la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado. a fin de que cese el acto de molestia por el Responsable JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE consistente en la ORDEN que se me citara audiencia de formulación de imputación." De todo lo anterior se concluye: Lo que el quejoso desea reclamar en esta vía de amparo es: El auto de trece de noviembre de dos mil vente, donde, aunque se desechó la solicitud para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como consecuencia se fijó día y hora para la audiencia de formulación de imputación en la causa penal número C.J.A. * En ese orden de ideas, el quejoso ejerció la acción de derechos fundamentales contra una determinación insuficiente al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 aplicada a contrario sensu, ambos de la legislación. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Lo que acontece en el caso concreto, el acuerdo reclamado mediante el cual se desechó su solicitud para celebrar la audiencia de control previo, en términos de lo indicado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ningún modo afecta de forma real y directa derechos sustantivos del quejoso, ya que no constituye acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos, pues no involucra su afectación material, sino que la resolución indicada, al desechar la solicitud del quejoso pero al mismo tiempo señalar fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, implica que sea en esa audiencia oral y pública, que se celebrará ante un juez de control, donde haga valer sus pretensiones y argumentos respecto de la omisión del agente del ministerio público de examinar los datos de prueba ofertados en la carpeta de investigación; es más en ésa audiencia, puede presentar, como lo dispone la ley adjetiva, los datos de prueba que estime pertinentes para que ahora sea el juez de control quien los valore, y además en la referida audiencia inicial podrá obtener un resultado favorable. Es más, el acuerdo mediante el cual se desechó su solicitud para desahogo de la audiencia de control judicial previo es revocable, por ello se insiste que no afecta los derechos sustantivos del quejoso y por ende de ninguna forma es reclamable a través del juicio de amparo indirecto. Por otro lado, el acto reclamado destacado -el señalamiento de fecha para la audiencia de formulación de imputación- actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII5, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b)6, aplicado también en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, para impugnar por la vía de amparo un acto de autoridad, éste debe vulnerar de manera directa y material algún derecho sustantivo. Pero esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcirle del derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento. En otras palabras, para que este juicio de amparo sea procedente, la violación aducida debe impedir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente solo producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender en los derechos del quejoso. Sin embargo, el planteamiento formulado por el peticionario de amparo no se ubica en dicho supuesto. Pues, dicho acto no implica la restricción de la libertad de la parte quejosa cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación. Además, ese acto no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de citación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante el juez de la causa. Porque lejos de coartarle algún derecho, la autoridad judicial tutela sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Así mismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones del proceso, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Es más, como se dijo en párrafos previos, es en dicha audiencia donde el quejoso podrá alegar lo indicado en la demanda de amparo, en cuanto a la omisión del agente del ministerio público de examinar los datos de prueba ofrecidos en la carpeta de investigación de origen, así como que los datos de prueba recabados no cubren los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; donde el juez de control deberá atender sus manifestaciones y darles contestación. Por tanto, resulta evidente que inclusive respecto de ese acto reclamado destacado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20, aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo Al respecto, cabe destacar que el artículo 1418 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula las formas en que se puede conducir al indicado a proceso. De la lectura de las fracciones I y II de dicho precepto, es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, el acto destacado, consistente en el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, donde se señaló fecha para la audiencia de formulación de imputación, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones III, inciso b), IV y V, aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, y primer párrafo del artículo 20, aplicado A, también aplicado en contrario sentido, de la constitución, se desecha la demanda de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, tanto en el apartado donde se desechó la solicitud para señalar fecha y hora para la audiencia de control judicial previo, como la relativa día y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Así mismo, se tiene por autorizado * en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque así fue solicitado y por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y al restante autorizado en los términos restringidos que establece el citado numeral, porque omitir encontrarse registrado en el referido sistema. Se toma nota del señalamiento del número telefónico y correo electrónico para establecer contacto con la parte quejosa, en caso de ser necesario dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, .., se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados por la quejosa. .se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. .Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y cúmplase. .
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