Cristóbal Hernández Pérez

Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1133/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Cristóbal Hernández Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 179/2021 número de orden 220/2021 del índice de este juzgado. Acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, intégrese a estos autos el oficio de cuenta, sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, respecto a la comunicación oficial remitida, dese de baja en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta remitido por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla en representación de las autoridades responsables de dicho instituto, a través del cual realiza lo siguiente: Informa que mediante memorando DPJ/923/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Departamento de Vigencia de Derechos de dicho organismo, se determinó que el quejoso José Eduardo Cabrera Sánchez, quedó activado para recibir los servicios médicos que otorga dicho Instituto, esto es, podrá continuar con la rehabilitación para tratar su padecimiento. Manifiesta que la unidad jurídica oficiante se apersonara dentro del juicio laboral existente del quejoso, así como también el Departamento de Vigencia de Derechos en Coordinación con la Secretaria de Finanzas y la Fiscalía del Estado de Puebla, para saber si hasta en ese momento tendrá el quejoso el servicio médico o continuará con este servicio y que en su momento solicitará a la Secretaria de Finanzas del Estado de Puebla, el pago de las cuotas y aportaciones a favor del quejoso. Que se dejó insubsistente la negativa de otorgar servicio médico que reclama el quejoso. Remite copia certificada del memorando DPJ/923/2021. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. ..

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias que acompaña al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento de la materia, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitió acuerdo en el que señaló día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en el juicio laboral D-1/195/2015, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Cristóbal Hernández Pérez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable en señalar fecha para que se lleve a cabo el requerimiento de pago y en su caso el embargo, del laudo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro de! expediente laboral número D-1/195/2015, del índice de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y la autoridad responsable el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitió acuerdo en el que señaló día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo dentro del citado expediente laboral. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emitido el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitió acuerdo en el que señaló día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en el juicio laboral D-1/195/2015, del índice de la referida Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, las causas por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y tres minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Rolando Hernández Hernández, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta remitido por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla en representación de las autoridades responsables de dicho instituto, a través del cual remite -en lo que interesa-, copia certificada firmada electrónicamente del oficio DG/139-030/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que hizo del conocimiento a la quejosa ********************, que en reunión de treinta de octubre de dos mil veinte fue aprobada por la Junta Directiva del aludido Instituto, la solicitud de pensión por jubilación mediante acuerdo 096/2020, oficio que fue notificado el seis de noviembre de dos mil veinte. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Por otro lado, se hace de conocimiento a las partes que en términos del punto 7. del oficio SEPLE./ADS./2418/2021 de siete de julio de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión ordinaria de esa misma fecha el referido Pleno aprobó el cambio de adscripción de la Juez María Guadalupe Cruz Arellano a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien fungirá como titular a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. ...

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