Cristobal Hernández Hernández
Expediente 2065/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2065/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Cristobal Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, primero de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de diez de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Isidro López Hernández y Santiago Gómez Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, manifestaron el acto que le reclama a cada autoridad en esta instancia constitucional y los antecedentes de los mismos bajo protesta de decir verdad; de igual manera, informaron la fecha en la que tuvieron conocimiento de dichos actos. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 193379, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/19, Página: 730 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea, atendiendo a las siguientes consideraciones: En ese tenor, debe decirse que en el caso que nos ocupa, se actualiza de manera clara y patente la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación: En el caso, no aplica el supuesto previsto en la primera fracción tomando en consideración que el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días. De igual manera, tampoco se está en el segundo supuesto, ya que el acto no corresponde a una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años, máxime que el quejoso tiene el carácter de víctima en el proceso penal. Asimismo, aun cuando el acto reclamado consiste en la construcción de una obra en propiedad de los quejosos, no se actualiza la tercera fracción del mencionado artículo, tomando en consideración que no se está en el caso, de que éste pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en cuyo caso, el plazo es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios. Finalmente, tampoco se actualiza el último supuesto, que señala que tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo; pues, el aquí reclamado no corresponde a un acto emitido fuera de procedimiento. De ahí que, la parte quejosa para formular su demanda de amparo contra los actos que reclama, se debe sujetar al plazo de quince días que establece el citado precepto legal. Esto es, porque no se advierte que se encuentre en los casos de excepción que prevé el numeral aludido. Ahora, es importante destacar que los plazos previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo, acorde a lo señalado en el numeral 18 de la propia ley de la materia, se computarán: I. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. II. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. III. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. IV. Que en el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción del juicio de amparo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisadas las características esenciales de las cuatro hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los cuatro supuestos establecidos en el invocado numeral. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. En ese contexto, se tiene que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refiere expresamente en el escrito de desahogo de su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de julio de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que se actualiza el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente a aquel en el que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la parte quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, del once de julio al uno de agosto de dos mil veintidós, con exclusión de los días sábados y domingos, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, se anexa la siguiente tabla: CÓMPUTO. Julio 2022 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 11 (CONOCIMIEN TO DEL ACTO RECLAMADO) 12 (EMPIEZA A CORRER EL PLAZO (1) 13 (2) 14 (3) 15 (4) 16 17 18 (5) 19 (6) 20 (7) 21 (8) 22 (9) 23 24 25 (10) 26 (11) 27 (12) 28 (13) 29 (14) 30 31 CÓMPUTO. Agosto 2022 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 01 (15) (FENECE PLAZO) Por tanto, si los peticionarios de amparo presentaron la demanda que dio origen al presente juicio constitucional hasta el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, según se advierte de la página uno de la demanda de derechos fundamentales presentada por medio del buzón judicial en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda. Resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, registro 204707, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por tanto, toda vez que la parte quejosa no ejerció en el plazo legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia
- Principal
EN ESTA FECHA, SE TIENE POR EMPLAZADA A LA PARTE TERCERA INTERESADA Y POR NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dos de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Isidro López Hernández y Santiago Gómez Hernández, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, manifestaron el acto que le reclaman a cada autoridad en esta instancia constitucional; sin embargo, no narraron bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, ya que únicamente señalaron que protestan lo necesario; sin embargo, esa frase es insuficiente para cumplir con lo que exige la Ley de Amparo; lo que resulta necesario para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer al respecto. Brinda sustento jurídico la jurisprudencia 127/99, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia: común, registro número 192843, que es del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. De igual modo, fueron omisos en exhibir una copia más de la demanda que dio inicio al presente juicio y las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en condiciones de correrle traslado a las partes; por tanto, se reserva proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término otorgado en el aludido auto -cinco días-, el cual se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio que nos ocupa, y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Por ello, tomando en consideración que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se notificó personalmente al quejoso el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, surtiendo sus efectos el veinticinco siguiente; entonces, el termino transcurriría del veintiséis al uno de febrero de la presente anualidad; por ende, si la parte quejosa presentó el escrito por medio del cual quiere desahogar el requerimiento citado el treinta y uno de enero pasado (foja 47), es evidente que se interrumpió el término y cuenta con el plazo de dos días para cumplir con lo requerido en el presente auto. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en la citada determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Tiene aplicación la tesis XXII.1.8 K (10) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 1414, libro 5, Abril de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal." Finalmente, en razón que los quejosos Isidro López Hernández y Santiago Gómez Hernández omitieron señalar un representante común, con fundamento en el Artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados.
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