Cristóbal Gómez Santiz
Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2022
Partes del expediente
- Cristóbal Gómez Santiz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ... contra actos del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y otras autoridades. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 79/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia. "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, página 890, registro 196196). Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis del libelo de cuenta, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es: el auto de vinculación a proceso de veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en su contra por el Juez responsable, dentro de la causa penal 390/2021. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, como enseguida se verá, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [...]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la audiencia celebrada el veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno, por el juez responsable dentro de la causa penal 390/2021. Por tanto, al advertir que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno; es incuestionable que el plazo para promover la presente demanda de garantías transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil veintidós; es decir, fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, lo que hace improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el veintiuno de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es decir fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." (Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2009174, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Tesis P./J. 12/2015 (10a.), Página 38). Lo anterior, tomando en consideración, que el acto reclamado por el quejoso, no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ante tales circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ante la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo y por ende, ante el consentimiento tácito del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita. No se desatiende que del escrito de demanda en el apartado de conceptos de violación, el quejoso refirió que el auto de vinculación a proceso en su contra fue dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; empero, de la narrativa de hechos manifestó que fue privado de su libertad y consignado ante el Juez responsable, ese mismo día y que posteriormente el veinticinco de diciembre del mismo año, fue vinculado a proceso. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que de esta contradicción, no resulta necesario prevenir a los quejosos para que señalen cuál de las dos fechas es la correcta, puesto a que ningún fin practico nos llevaría hacerlo, debido a que en el caso de que la parte quejosa señalara que la correcta fuera el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ello no cambiaría el sentido del presente auto, puesto que el plazo para promover la demanda de garantías seria del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero del presente año; por tanto, subsiste la determinación de desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico antonvidda@hotmail.com; sin embargo, este órgano jurisdiccional determina que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no prevé dicha forma de notificación a las partes. En la inteligencia que, tal como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el correo electrónico que refiere, será únicamente herramienta tecnológica para establecer contacto y no un medio legal para practicar notificaciones. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Antonio David Quintanar Álvarez, debido a que de la consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/ indexAvanzada.action/) se encontró que cuenta con la cedula profesional 09095785, con la cual se acredita que es licenciado en derecho. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Notificación electrónica. No obstante lo anterior, tomando en consideración que el quejoso proporciona su usuario registrado en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y manifiesta que es su deseo ser notificado electrónicamente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario judicial de la adscripción realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo vía electrónica, aun las de carácter personal. Consulta de expediente electrónico. Con apoyo en el artículo citado en el párrafo que antecede y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía electrónica, con el nombre de usuario antonvidda, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Vinculación de usuario. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Habilitación actuarial. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al citado Juez, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.
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