Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia

Expediente 801/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
801/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieran inconformado contra el auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse a las autoridades responsables los tomos de pruebas que respectivamente remitieron en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de catorce de mayo del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia; resolución que fue recurrida por el Director de Juicios Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, en representación de la parte tercera interesada Contraloría General de la Ciudad de México y por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Procesos en Salas Penales; del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el registro R.P. 16/2018. Mediante oficio recibido en este Juzgado el dieciocho de abril pasado, el Secretario de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado remitió testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida en el R.P. 16/2018. De la ejecutoria emitida por la superioridad, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, contra los actos reclamados a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y juez Quincuagésimo Primero Penal, ambos de la Ciudad de México, precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en la misma..." Ahora bien, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgó el amparo al quejoso Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, para que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca ***; 2. Dictara una nueva resolución, en la cual declarara inoperantes los agravios formulados por el Ministerio Público; asimismo, calificara como infundados los agravios del Asesor Jurídico, respecto a que se debía garantizar el pago de la reparación del daño, en los términos precisados en la sentencia de amparo, y por ende, confirmara la resolución incidental dictada por el juez de la causa. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Quincuagésimo Primero Penal de la Ciudad de México, porque no se reclamó por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por la sala responsable ordenadora. En proveído de diecinueve de abril del año en curso, se tuvo al Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, como autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por ser quien conoce actualmente de la causa penal ***, que se instruye contra el aquí quejoso (antes ***, del Juzgado Quincuagésimo Primero Penal de esta Ciudad). En esa tesitura, en auto de diecinueve de abril pasado, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de ello, mediante comunicación recibida en este Juzgado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos de la Sala responsable, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 185 a 199). Asimismo, mediante oficios recibidos el veintiséis de abril y diez de mayo pasados, el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México -en su carácter de autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo- informó lo respectivo. Ahora, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que las citadas autoridades hicieron lo siguiente: El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Sala responsable emitió resolución en el Toca de apelación ***, en la que dejó insubsistente la diversa de doce de septiembre de dos mil diecisiete. En la propia resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado integrante de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consideró que los agravios ofertados por el Ministerio Público y el Asesor Jurídico Público, eran inoperantes, por lo cual confirmó las medidas cautelares impuestas por el juez de la causa en la resolución incidental apelada. En consecuencia, mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal ***, el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad (autoridad sustituta para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo), determinó que las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva otorgadas en interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecisiete, consistentes en la presentación periódica y exhibición de garantía económica, subsistían en sus términos para efectos de ese proceso penal. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  3. Incidental

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; transcurridos tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE CATORCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía interconexión mediante el cual el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio de cuenta; así como, con los diversos remitidos por la citada autoridad judicial y Sala responsable, recibidos en este Juzgado el veintiséis y veintisiete de abril pasado (fojas 182, 183, 185 a 199), para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos.

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