Cristobal Francisco Polanco Canto
Expediente 111/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Cristobal Francisco Polanco Canto
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinticuatro de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica en representación de la Delegada Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la misma delegación, por medio del cual rinde informe justificado, y remite lo siguiente: Oficio número 023.302/DPSH/488/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete, con firma de recibido de trece de marzo de dos mil diecisiete. Oficio número 023.302/DPSH/494/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por Cristóbal Francisco Polanco Canto, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye a la Delegada Estatal del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a quienes les atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: ÚNICO.- La violación a mi garantía de petición establecida en el artículo 08 Constitucional, al no contestar la solicitud que les hiciera en fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda, se observa que el promovente se duele de la omisión de dar contestación al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis. Por tal motivo, en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 8 a 10), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Titular de la Unidad Jurídica Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, rindió el informe justificado en representación de la Delegada Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la misma delegación del cual se advierte el escrito de quince de diciembre de dos mil dieciséis, fue contestado mediante oficio número 023.302/DPSH/488/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el veinte de febrero de dos mil diecisiete, tal como se advierte de la papeleta de turno, por lo que se colige que la omisión de la que se duele la parte quejosa sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistente en los oficio número 023.302/DPSH/488/2017 y 023.302/DPSH/494/2017 ambos de trece de marzo de dos mil diecisiete, de lo cual se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por la aquí quejosa. En esa tesitura, al haberse emitido el oficio 023.302/DPSH/488/2017, mediante el cual se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señaló la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que las autoridades responsables dieron contestación al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis mediante oficio 023.302/DPSH/488/2017, el cual fue notificado al autorizado de la parte quejosa el trece de marzo del presente año tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridades responsables, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber emitido la contestación mediante el citado oficio las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegaron por esta vía la quejosa. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó a la Delegada Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la misma delegación. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Lo anterior, es así ya que tratándose de la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Sin que en el caso sea necesario dar vista a la parte quejosa con la contestación de la petición pues contra ella no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta *** solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Delegada Estatal del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 111/2017, y se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las diez horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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