Cristóbal Briseño Valerio

Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Cristóbal Briseño Valerio

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual notifica el auto de veintiuno de los actuales, dictado en el juicio de amparo directo DT 1370/2023, en el que dicho órgano colegiado aceptó la competencia declinada por este juzgado, para conocer de la demanda de amparo, promovida por Cristóbal Briseño Valerio, respecto del acto reclamado consistente en: La sentencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 207/2023, en la que se condenó al quejoso al pago de la cantidad de $217,802.23 (doscientos diecisiete mil ochocientos dos pesos 23/100 M. N.). De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificar de manera personal al quejoso la sentencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 207/2023. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, el Tribunal Colegiado de mérito aceptó la competencia planteada, respecto a uno de los actos reclamados, y se desechó la demanda por lo que hace al diverso acto. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el correo electrónico procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, con el cual remite la papeleta de turno con motivo de la solicitud formulada en autos, relativa a la incompetencia planteada; papeleta de la que se advierte que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. Por consiguiente, remítase de inmediato a dicho tribunal copia certificada de la demanda y auto de once del mes y año en curso, relativas al presente juicio de amparo. Solicítese al Tribunal Colegiado de mérito el acuse de recibo correspondiente. No obstante lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al presente expediente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita a dicho tribunal colegiado. Notifíquese: por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, once de septiembre de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve********************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Ordenadora Secretario instructor adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México. Ejecutora Notificador adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México. Actos reclamados Del secretario instructor adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México: La sentencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, en la que se condenó al quejoso al pago de la cantidad de ********************. Del notificador adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México La omisión de notificar de manera personal la citada sentencia. Cualquier acto futuro tendiente a ejecutar la mencionada sentencia. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Incompetencia Este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del acto reclamado consistente en: La sentencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, en la que se condenó al quejoso al pago de la cantidad de ********************. Lo anterior, en virtud de que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. De cuyo contenido se advierte que resulta procedente el juicio de amparo directo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en tales resoluciones o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En el caso concreto el quejoso reclama la sentencia definitiva dictada en un juico laboral, por un tribunal laboral, aduciendo que se cometieron violaciones durante el procedimiento que trascendieron al resultado del fallo, el cual se dictó en su contra. Por tanto, la sentencia que reclama el quejoso es impugnable mediante el juicio de amparo directo, del cual corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de la materia. Al respecto, es aplicable la tesis 1a. XXX/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE INTERRUMPE CUANDO POR ERROR SE PLANTEÓ EN LA VÍA INDIRECTA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación constitucionalmente válida del artículo 176, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se concluye que la regla según la cual la presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esa ley, se actualiza en el caso de una demanda de amparo planteada en la vía directa, mas no cuando el quejoso equivoca la vía y presenta su demanda como amparo indirecto ante el Juez de Distrito, pues esta última hipótesis, igual que ocurre con una demanda de amparo indirecto presentada en la vía directa, se resuelve en los artículos 45 y 47 de la misma ley mediante la reconducción de la vía y el envío de la demanda ante el órgano competente, lo cual supone que su presentación se tiene por válida y susceptible de interrumpir el plazo respectivo por hacerse bajo las reglas del juicio de amparo que se creyó procedente. Así, equiparar el caso de un juicio de amparo tramitado erróneamente en la vía indirecta con el supuesto normativo del artículo 176 citado, sobre la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable, no sólo resulta en una interpretación que contraviene la unidad y coherencia de la Ley de Amparo, sino que también atenta contra los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, porque impone al justiciable la carga excesiva de no errar en la determinación de la vía procedente cuyo incumplimiento puede derivar en la extemporaneidad de la demanda, cuestión que no está relacionada con las cargas procesales razonables que pueden exigirse a los gobernados para la correcta administración de justicia, ante la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias no resulte fácil la determinación de la vía correcta. De igual forma, la tesis IV.2o.A.77 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que la turne como en derecho corresponda. En ese tenor, solicítese atentamente al Tribunal Colegiado, a quien corresponda conocer de la demanda de amparo respecto del citado acto reclamado, informe lo que haya tenido a bien determinar. Improcedencia del Juicio de Amparo Respecto de los diversos actos reclamados, previamente a la admisión de la demanda, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese tenor, respecto del acto que el quejoso hace consistir en la omisión de notificar de manera personal la citada sentencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto, el quejoso reclama la omisión de notificar de manera personal la sentencia dictada en el juicio laboral de origen. Sin embargo, en contra de dicho acto procede incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción II, relacionado con el diverso 752 de la Ley Federal de Trabajo, que establecen: Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; De cuya interpretación sistemática se advierte que el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones que no se practiquen de conformidad con las formalidades establecidas en la propia ley laboral. Por tanto, el quejoso se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario que establece la Ley Federal de Trabajo, consistente en el incidente de nulidad de notificaciones, antes de acudir al juicio de amparo; sin que así lo haya hecho. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente, respecto al acto reclamado de referencia. Por otra parte, respecto del acto reclamado que el quejoso hace consistir en cualquier acto futuro tendiente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, párrafo primero, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Del contenido de citado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo se considera parte en el juicio de amparo al quejoso, cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente en contra norma, acto u omisión que no produzca una afectación real y actual en la esfera de derechos del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, el quejoso reclama cualquier acto futuro tendiente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen. Sin embargo, en contra de dicho acto no procede el juicio de amparo, en virtud de que constituye un acto futuro e incierto, puesto que, del contenido de la demanda de amparo, no se advierte que la existencia de acto alguno dictado por la autoridad responsable ordenadora encaminado a ejecutar la sentencia de mérito. Cabe mencionar, que los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones legales. De modo que, en la especie, los actos que el quejoso hace consistir en cualquier acto futuro tendiente a ejecutar la mencionada sentencia, tienen la naturaleza de actos futuros e inciertos, pues para que las autoridades responsables puedan eventualmente ejecutar la sentencia dependerá del hecho de que exista una orden en ese sentido, la cual no se advierte de la demanda de amparo. Por tanto, en la especie se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia de mérito, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata, respecto del acto reclamado de referencia. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tiene por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Medios alternativos de contacto Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y personalmente al quejoso.

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