Cristobal Álvarez Castillo

Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
443/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Cristobal Álvarez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la fedataria adscrita manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia que resolvió el asunto en que se actúa; en consecuencia, notifíquese por medio de lista la resolución aludida, esta determinación y las subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA QUE RESOLVIO EL PRESENTE ASUNTO SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 443/2021, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El dos de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, consistentes en: "Sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno." Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia por conocimiento previo, el diecisiete de junio siguiente, el suscrito admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y requirió informe justificado. Tercero. Trámite. La representación social de la adscripción no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes de ley, fue emplazada la parte tercera interesada; y, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, 38 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia emitida el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por la Segunda Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca 1548/2019/4, que modificó la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ..., por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, y en su lugar ordenó la destitución del quejoso del cargo y requirió la rendición de las cuentas de la administración Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado, como se indicó en el informe rendido y se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: I. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, ... promovió incidente de remoción de albacea; mismo que se admitió el veinticuatro siguiente. II. La incidencia se resolvió el once de abril de dos mil diecinueve, desestimándose y absolviendo al incoado. III. Inconforme, el actor incidentista promovió apelación, de la que conoció la Sala responsable, quien por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, dictada en el toca 1548/2019/4, confirmó la interlocutoria recurrida. Esa sentencia fue materia del juicio de amparo 270/2020 del índice de este juzgado federal, donde se concedió la protección constitucional en resolución engrosada el treinta de octubre de dos mil veinte, para los siguientes efectos: "(.) Así, al ser fundado el concepto de violación en el sentido de que la sentencia que constituye el acto reclamado transgrede el derecho de legalidad, procede conceder la protección constitucional, para que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de quince de enero pasado; y b) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que, de forma fundada y motivada, decida si es posible acoger la pretensión del actor incidentista, en términos de lo previsto por el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dada la reprobación de cuentas a que hizo referencia. (.)" Fallo confirmado en grado de revisión por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 9/2021. IV. En cumplimiento, la sala responsable emitió la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el toca 1548/2019/4, en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia apelada, para quedar como sigue ".PRIMERO.- Ha sido procedente la vía incidental, en la que el actor incidentista demostró parcialmente su acción mientras que el enjuiciado demostró parcialmente sus excepciones y defensas. En consecuencia: SEGUNDO.- Se remueve del cargo de albacea a ... TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución señálese fecha para que tenga lugar la audiencia prevista en el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles, de acuerdo a la agenda del juzgado." Esta determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: A) El acto reclamado contraviene las garantías del artículo 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable excedió sus funciones para cumplir con una ejecutoria de amparo, pues si bien se le concedió libertad de jurisdicción, no se le obligó a fundar con las propias jurisprudencias que motivaron la protección constitucional, y con ello abordó aspectos que no fueron planteados por la contraparte. B) La suplencia de la queja deficiente conforme al ordinal 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, no se incluye a favor de adultos mayores y como en el caso está involucrado uno, la jurisprudencia citada no es aplicable. La ley no faculta al juzgador a suplir la queja en materia de sucesiones, y al haberse hecho se dejó en indefensión al quejoso, por eliminarse la igualdad procesal. C) Los diversos incidentes resueltos en el proceso, donde se alegó el incumplimiento en el deber de rendir cuenta, no pueden invocados para resolver el acto reclamado. Son infundados los motivos de agravio, para demostrarlo serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el inconforme, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Es aplicable, la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. ... ." No asiste razón al inconforme en cuanto a que la sala responsable rebasó los alcances del juicio de amparo que cumplió, porque sí acató los efectos de la protección concedida, podía valerse de las circunstancias previstas en los diversos incidentes de rendición de cuentas, e invocar los criterios que citó. En cuanto al aspecto relativo al alcance del juicio de amparo indirecto 270/2020 de este índice, confirmado en revisión por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 9/2021, consta en los antecedentes que el propio quejoso alegó en los agravios que la protección constitucional era incorrecta, porque su colitigante sólo alegó cuestiones genéricas de otros incidentes donde se reclamó la falta de rendición de cuentas, por periodos diversos. Para resolver esos planteamientos, se sostuvo que el que el artículo 784 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad señala que las cuatro secciones que componen el juicio sucesorio, entre ellas la de administración (tercera) y la de partición (cuarta) deberán iniciarse simultáneamente, por lo que, contrariamente a lo sostenido por el inconforme y ahora quejoso, el inicio de la etapa a través de la cual se repartirán y adjudicaran los bienes que integran el caudal hereditario, no depende de la aprobación de las cuentas que rinda el albacea de la sucesión, máxime que el propio juez que conoce del procedimiento argumentó en la sentencia interlocutoria en la que desestimó la remoción del administrador que si bien no se habían aprobado los ejercicios de dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, las cuentas rendidas de nueva cuenta por el albacea se encontraban pendientes de resolución para su aprobación o desaprobación, lo que denota que, al menos respecto de esos años, la administración del ahora recurrente todavía no ha sido aprobada. Además, se argumentó que si bien se aprobó la sección tercera del juicio sucesorio intestamentario de origen, empero, los artículos 845 y 850 del referido código adjetivo, se establece la obligación del albacea de rendir cuentas por año, así como una cuenta general una vez liquidada la masa hereditaria, por lo que la aprobación de algunas cuentas no aprueba la obligación del administrador por años subsecuentes, como las cuentas de dos mil catorce a dos mil dieciséis cuya validación está pendiente, como tampoco sobre la cuenta general. Como se ve, ya se cuenta con un pronunciamiento que permitió incluir los antecedentes procesales relativos a la actividad del quejoso de su cualidad al albacea de la sucesión por los años anteriores, para el juzgamiento de la acción, así como los precedentes en cuanto al cumplimiento de la obligación en cuanto a la rendición de cuentas de la propia gestión. En ese sentido, contrario a lo alegado sí la sala responsable sí podía basarse en los antecedentes de la forma de rendir cuentas por el albacea, para dictar el acto reclamado y analizar la remoción en el cargo de albacea ostentado por ..., tomando en cuenta las circunstancias de la rendición de cuentas de los años previos, todo ello conforme al artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad. En suma, si sobre este punto el inconforme ya alegó circunstancias en un recurso que a su vez provocaron el conocimiento para las partes, del tipo de argumentos de los cuales se puede valer la autoridad para analizar su permanencia o remoción en el albaceazgo, que en este caso incluye la revisión temporal de la forma de rendir cuentas, en relación a las resoluciones que han revisado ese deber en diversos momentos, entonces, válidamente se pueden incluir para motivar el acto reclamado; en ese sentido es infundado el concepto de violación. Tampoco asiste razón al inconforme al sostener que la autoridad responsable excedió la litis del fallo que concedió la protección constitucional, porque en el juicio de amparo al cual la Ad Quem debía sujetarse, el suscrito únicamente dio lineamiento para analizar si la falta de aprobación de las cuentas rendidas era suficiente o no, para remover del cargo de administrador de la sucesión del ahora recurrente, porque el artículo 848 prevé la posibilidad de remover al albacea por esa circunstancia, y se precisó que se dejaba en libertad de jurisdicción para resolver. Por lo cual, es que resulta incorrecto estimar que la autoridad reprodujo argumentos que previamente el suscrito ya hubiere establecido, porque la liberad de jurisdicción concedida implica que la Ad Quem considerara las premisas y argumentos desarrollados en el juicio de amparo, para tomar propias conclusiones. Esa consideración implicaba, como sucedió en el acto reclamado, que la sala responsable desentrañara la materia de la queja en los términos que se le propuso, incorporar en sus razonamientos circunstancias que previamente no hizo (premisas sobre la forma de cumplir con la rendición de cuentas), revisar integralmente los hechos litigiosos (orientado por los principios aplicables al derecho familiar), y valorar las pruebas ofrecidas para justificar su conclusión. De modo que si tales consideraciones ya eran del conocimiento del inconforme, por corresponder a las premisas de los procedimientos que precedieron el acto reclamado, donde fue participe el ahora quejoso, es infundado alegar contra puntos de derecho que ya fueron resueltos. En cuanto a la tesis I.3o.C.850 C, de rubro: "DERECHO DE FAMILIA. SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", es infundado alegar su inaplicabilidad en el acto reclamado. Al respecto, el suscrito sostuvo en el juicio de amparo 270/2020 de este índice, que ese precedente robustecía el argumento consistente en que si bien la autoridad acudió al artículo 854 del Código de Procedimientos Civiles y al 1076 de la ley civil, ambos para esta Ciudad, también debió desentrañar la materia de la queja en los términos que se le propuso, y acudiendo al principio "da mihi factum dabo tibi ius" (dame los hechos que yo te daré el derecho). Esa argumentación permite demostrar la aplicabilidad del criterio cuestionado, porque contiene un principio observable en los asuntos del orden familiar, que abarca el derecho sucesorio, consistente en la suplencia de la queja deficiente para subsanar o sustituir a las partes en el juicio, con el afán de resolver el conflicto en la forma que más beneficie o menos afecte a los miembros de la familia. Además, resulta aplicable porque se incorporó en la sentencia de amparo indirecto a cumplir con el acto reclamado, y por ese hecho constituye una premisa que la sala responsable no podía obviar, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal, es decir, los fundamentos y razones que contiene la sentencia de amparo; en ese sentido es infundado del concepto de violación. Lo concluido no vulnera en perjuicio de la quejosa el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia de amparo indirecto y la de revisión contaba con los elementos suficientes, para identificar que las consideraciones que habría de recoger el acto reclamado que constituían cosa juzgada; en ese sentido, es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 443/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 443/2021, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El dos de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, consistentes en: "Sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno." Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia por conocimiento previo, el diecisiete de junio siguiente, el suscrito admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y requirió informe justificado. Tercero. Trámite. La representación social de la adscripción no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes de ley, fue emplazada la parte tercera interesada; y, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, 38 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia emitida el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por la Segunda Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca 1548/2019/4, que modificó la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ..., por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, y en su lugar ordenó la destitución del quejoso del cargo y requirió la rendición de las cuentas de la administración Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado, como se indicó en el informe rendido y se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: I. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, ... promovió incidente de remoción de albacea; mismo que se admitió el veinticuatro siguiente. II. La incidencia se resolvió el once de abril de dos mil diecinueve, desestimándose y absolviendo al incoado. III. Inconforme, el actor incidentista promovió apelación, de la que conoció la Sala responsable, quien por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, dictada en el toca 1548/2019/4, confirmó la interlocutoria recurrida. Esa sentencia fue materia del juicio de amparo 270/2020 del índice de este juzgado federal, donde se concedió la protección constitucional en resolución engrosada el treinta de octubre de dos mil veinte, para los siguientes efectos: "(.) Así, al ser fundado el concepto de violación en el sentido de que la sentencia que constituye el acto reclamado transgrede el derecho de legalidad, procede conceder la protección constitucional, para que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de quince de enero pasado; y b) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que, de forma fundada y motivada, decida si es posible acoger la pretensión del actor incidentista, en términos de lo previsto por el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dada la reprobación de cuentas a que hizo referencia. (.)" Fallo confirmado en grado de revisión por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 9/2021. IV. En cumplimiento, la sala responsable emitió la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el toca 1548/2019/4, en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia apelada, para quedar como sigue ".PRIMERO.- Ha sido procedente la vía incidental, en la que el actor incidentista demostró parcialmente su acción mientras que el enjuiciado demostró parcialmente sus excepciones y defensas. En consecuencia: SEGUNDO.- Se remueve del cargo de albacea a ... TERCERO.- Una vez que quede firme la presente resolución señálese fecha para que tenga lugar la audiencia prevista en el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles, de acuerdo a la agenda del juzgado." Esta determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: A) El acto reclamado contraviene las garantías del artículo 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable excedió sus funciones para cumplir con una ejecutoria de amparo, pues si bien se le concedió libertad de jurisdicción, no se le obligó a fundar con las propias jurisprudencias que motivaron la protección constitucional, y con ello abordó aspectos que no fueron planteados por la contraparte. B) La suplencia de la queja deficiente conforme al ordinal 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, no se incluye a favor de adultos mayores y como en el caso está involucrado uno, la jurisprudencia citada no es aplicable. La ley no faculta al juzgador a suplir la queja en materia de sucesiones, y al haberse hecho se dejó en indefensión al quejoso, por eliminarse la igualdad procesal. C) Los diversos incidentes resueltos en el proceso, donde se alegó el incumplimiento en el deber de rendir cuenta, no pueden invocados para resolver el acto reclamado. Son infundados los motivos de agravio, para demostrarlo serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el inconforme, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Es aplicable, la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." No asiste razón al inconforme en cuanto a que la sala responsable rebasó los alcances del juicio de amparo que cumplió, porque sí acató los efectos de la protección concedida, podía valerse de las circunstancias previstas en los diversos incidentes de rendición de cuentas, e invocar los criterios que citó. En cuanto al aspecto relativo al alcance del juicio de amparo indirecto 270/2020 de este índice, confirmado en revisión por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 9/2021, consta en los antecedentes que el propio quejoso alegó en los agravios que la protección constitucional era incorrecta, porque su colitigante sólo alegó cuestiones genéricas de otros incidentes donde se reclamó la falta de rendición de cuentas, por periodos diversos. Para resolver esos planteamientos, se sostuvo que el que el artículo 784 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad señala que las cuatro secciones que componen el juicio sucesorio, entre ellas la de administración (tercera) y la de partición (cuarta) deberán iniciarse simultáneamente, por lo que, contrariamente a lo sostenido por el inconforme y ahora quejoso, el inicio de la etapa a través de la cual se repartirán y adjudicaran los bienes que integran el caudal hereditario, no depende de la aprobación de las cuentas que rinda el albacea de la sucesión, máxime que el propio juez que conoce del procedimiento argumentó en la sentencia interlocutoria en la que desestimó la remoción del administrador que si bien no se habían aprobado los ejercicios de dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, las cuentas rendidas de nueva cuenta por el albacea se encontraban pendientes de resolución para su aprobación o desaprobación, lo que denota que, al menos respecto de esos años, la administración del ahora recurrente todavía no ha sido aprobada. Además, se argumentó que si bien se aprobó la sección tercera del juicio sucesorio intestamentario de origen, empero, los artículos 845 y 850 del referido código adjetivo, se establece la obligación del albacea de rendir cuentas por año, así como una cuenta general una vez liquidada la masa hereditaria, por lo que la aprobación de algunas cuentas no aprueba la obligación del administrador por años subsecuentes, como las cuentas de dos mil catorce a dos mil dieciséis cuya validación está pendiente, como tampoco sobre la cuenta general. Como se ve, ya se cuenta con un pronunciamiento que permitió incluir los antecedentes procesales relativos a la actividad del quejoso de su cualidad al albacea de la sucesión por los años anteriores, para el juzgamiento de la acción, así como los precedentes en cuanto al cumplimiento de la obligación en cuanto a la rendición de cuentas de la propia gestión. En ese sentido, contrario a lo alegado sí la sala responsable sí podía basarse en los antecedentes de la forma de rendir cuentas por el albacea, para dictar el acto reclamado y analizar la remoción en el cargo de albacea ostentado por ..., tomando en cuenta las circunstancias de la rendición de cuentas de los años previos, todo ello conforme al artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad. En suma, si sobre este punto el inconforme ya alegó circunstancias en un recurso que a su vez provocaron el conocimiento para las partes, del tipo de argumentos de los cuales se puede valer la autoridad para analizar su permanencia o remoción en el albaceazgo, que en este caso incluye la revisión temporal de la forma de rendir cuentas, en relación a las resoluciones que han revisado ese deber en diversos momentos, entonces, válidamente se pueden incluir para motivar el acto reclamado; en ese sentido es infundado el concepto de violación. Tampoco asiste razón al inconforme al sostener que la autoridad responsable excedió la litis del fallo que concedió la protección constitucional, porque en el juicio de amparo al cual la Ad Quem debía sujetarse, el suscrito únicamente dio lineamiento para analizar si la falta de aprobación de las cuentas rendidas era suficiente o no, para remover del cargo de administrador de la sucesión del ahora recurrente, porque el artículo 848 prevé la posibilidad de remover al albacea por esa circunstancia, y se precisó que se dejaba en libertad de jurisdicción para resolver. Por lo cual, es que resulta incorrecto estimar que la autoridad reprodujo argumentos que previamente el suscrito ya hubiere establecido, porque la liberad de jurisdicción concedida implica que la Ad Quem considerara las premisas y argumentos desarrollados en el juicio de amparo, para tomar propias conclusiones. Esa consideración implicaba, como sucedió en el acto reclamado, que la sala responsable desentrañara la materia de la queja en los términos que se le propuso, incorporar en sus razonamientos circunstancias que previamente no hizo (premisas sobre la forma de cumplir con la rendición de cuentas), revisar integralmente los hechos litigiosos (orientado por los principios aplicables al derecho familiar), y valorar las pruebas ofrecidas para justificar su conclusión. De modo que si tales consideraciones ya eran del conocimiento del inconforme, por corresponder a las premisas de los procedimientos que precedieron el acto reclamado, donde fue participe el ahora quejoso, es infundado alegar contra puntos de derecho que ya fueron resueltos. En cuanto a la tesis I.3o.C.850 C, de rubro: "DERECHO DE FAMILIA. SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", es infundado alegar su inaplicabilidad en el acto reclamado. Al respecto, el suscrito sostuvo en el juicio de amparo 270/2020 de este índice, que ese precedente robustecía el argumento consistente en que si bien la autoridad acudió al artículo 854 del Código de Procedimientos Civiles y al 1076 de la ley civil, ambos para esta Ciudad, también debió desentrañar la materia de la queja en los términos que se le propuso, y acudiendo al principio "da mihi factum dabo tibi ius" (dame los hechos que yo te daré el derecho). Esa argumentación permite demostrar la aplicabilidad del criterio cuestionado, porque contiene un principio observable en los asuntos del orden familiar, que abarca el derecho sucesorio, consistente en la suplencia de la queja deficiente para subsanar o sustituir a las partes en el juicio, con el afán de resolver el conflicto en la forma que más beneficie o menos afecte a los miembros de la familia. Además, resulta aplicable porque se incorporó en la sentencia de amparo indirecto a cumplir con el acto reclamado, y por ese hecho constituye una premisa que la sala responsable no podía obviar, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal, es decir, los fundamentos y razones que contiene la sentencia de amparo; en ese sentido es infundado del concepto de violación. Lo concluido no vulnera en perjuicio de la quejosa el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia de amparo indirecto y la de revisión contaba con los elementos suficientes, para identificar que las consideraciones que habría de recoger el acto reclamado que constituían cosa juzgada; en ese sentido, es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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