Cristo Jesús Rivera Zapien

Expediente 967/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
967/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Cristo Jesús Rivera Zapien

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, recurriera la determinación de ocho de noviembre pasado (fojas 15 y 16), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que tal proveído ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución en comento resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, tal determinación no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Vista la constancia levantada por la actuaria de la adscripción, mediante la cual da razón de la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de noviembre del año actual, al hacer constar la inexistencia del domicilio proporcionado para recibir notificaciones de su parte -***-. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación a la parte quejosa del aludido proveído, mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado federal, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de índole personal. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio que remite el presidente de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato; agréguese al sumario para que surta los efectos legales correspondientes. Con relación a las documentales que anexó la autoridad responsable, consistente en copia certificada del proveído de radicación de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve en el juicio laboral subyacente *** -en el que dictó auto de radicación en el procedimiento especial de referencia-, promovido por el aquí quejoso *****-*****, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otros, así como la constancia de notificación practicada al actor; en términos del artículo 119 de la ley de la materia, ese medio de convicción se tiene por admitido y desahogado por su propia naturaleza. Ahora bien, del análisis de las constancias antealudidas, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones-el acto reclamado en este juicio constitucional lo constituye la omisión, por parte de la autoridad responsable Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato, de radicar la demanda laboral presentada ante esa autoridad el doce de julio pasado, registrada bajo el número *** En razón de lo anterior, se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal enunciado, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si en el presente juicio se reclamó la omisión de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato, de pronunciarse con relación a la demanda instada por el aquí quejoso ********** (radicada bajo el número de juicio ***); empero, si de la documental que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se obtiene que en el citado controvertido laboral se dictó auto de radicación el veintitrés de octubre de la presente anualidad, respecto del cual el quejoso fue notificado el veinticinco siguiente; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión). Se insiste, la omisión reclamada de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que emitió el auto de radicación en el juicio laboral de origen y lo notificó a la parte interesada, cesó la omisión reclamada. Por lo expuesto, resulta innecesario analizar la omisión debatida, pues la finalidad de la promoción del juicio de amparo, lo es que tras una eventual concesión del amparo, se obligara a la responsable a emitir proveído de radicación sobre la demanda del juicio subyacente y con ello lograr que cesara en su propia abstención. Establecido lo anterior, resulta inconcuso que el juicio de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; por tanto, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

  3. Principal

    Visto el oficio que remite el presidente de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato; agréguese al sumario para que surta los efectos legales correspondientes. Con relación a las documentales que anexó la autoridad responsable, consistente en copia certificada del proveído de radicación de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve en el juicio laboral subyacente *** -en el que dictó auto de radicación en el procedimiento especial de referencia-, promovido por el aquí quejoso ************ , en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otros, así como la constancia de notificación practicada al actor; en términos del artículo 119 de la ley de la materia, ese medio de convicción se tiene por admitido y desahogado por su propia naturaleza. Ahora bien, del análisis de las constancias antealudidas, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones-el acto reclamado en este juicio constitucional lo constituye la omisión, por parte de la autoridad responsable Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato, de radicar la demanda laboral presentada ante esa autoridad el doce de julio pasado, registrada bajo el número 1285/2019. En razón de lo anterior, se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si en el presente juicio se reclamó la omisión de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato, de pronunciarse con relación a la demanda instada por el aquí quejoso ********** (radicada bajo el número de juicio *** ); empero, si de la documental que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se obtiene que en el citado controvertido laboral se dictó auto de radicación el veintitrés de octubre de la presente anualidad, respecto del cual el quejoso fue notificado el veinticinco siguiente; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión). Se insiste, la omisión reclamada de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que emitió el auto de radicación en el juicio laboral de origen y lo notificó a la parte interesada, cesó la omisión reclamada. Por lo expuesto, resulta innecesario analizar la omisión debatida, pues la finalidad de la promoción del juicio de amparo, lo es que tras una eventual concesión del amparo, se obligara a la responsable a emitir proveído de radicación sobre la demanda del juicio subyacente y con ello lograr que cesara en su propia abstención. Establecido lo anterior, resulta inconcuso que el juicio de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; por tanto, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, en contra de actos de la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 967/2019. ? Admisión de la demanda Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. ? No se actualiza causa de impedimento Cabe destacar que el quejoso de referencia forma parte de la plantilla laboral de este juzgado federal, con el cargo de oficial administrativo, quien se encuentra de licencia médica desde fecha anterior a la en que este operador jurídico fue adscrito a esta unidad jurisdiccional, por lo que no se ha generado relación laboral, por ende, ningún lazo de amistad entre el suscrito y dicho agraviado De igual forma, este juzgador federal sostiene categóricamente que no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento previstos por el artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del presente asunto. ? Intervención de fiscal adscrito Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. ? Solicitud de informe justificado Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para permanecer en la omisión reclamada, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deben tomar en consideración el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido a que tiene derecho toda persona. Apercibida, que de no hacerlo dentro del plazo concedido se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. ? Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253. libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Sumario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ? Causales de sobreseimiento Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Emplazamiento Este juzgado federal se reserva proveer lo atinente al emplazamiento del o de los terceros interesados hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe de ley solicitado, del que se advertirá a quién o a quienes les resulta tal carácter. ? Pruebas Con relación a la prueba documental que ofrece la parte quejosa, consistente en copia certificada del expediente laboral número 1285/2019 del índice de la responsable, que refiere deberá remitir esta como sustento de su informe justificado, esta potestad federal se reserva emitir el acuerdo correspondiente hasta en tanto dicha responsable rinda su informe de ley. ? Pronunciamiento de incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito de demanda y como sus autorizados, únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); lo anterior, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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