Cristino Rey Desirena Rueda
Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristino Rey Desirena Rueda
Actuaciones
- Principal
PRAL. 1226/2022. MESA- 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos particularmente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. 2° Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado ese acuerdo. 3° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4° Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4.1° Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 7° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 8° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese mediante usuario electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1226/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 1° Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Cristino Rey Desirena Rueda, por propio derecho, contra acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, depositada el veinte de octubre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recepcionada en este órgano jurisdiccional el veintiuno de octubre siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1226/2022. 2° Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3° Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, y anexo que se acompaña, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 4645/19-15-01-4, del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se desechó el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el aludido juicio, interpuesto por el aquí quejoso. Atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otra parte, en los antecedentes del acto reclamado, en lo conducente, manifestó, sustancialmente, que: El once de diciembre de dos mil veinte la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el juicio 4645/19-15-01-4, en la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada. El siete de septiembre de este año la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El quejoso Cristino Rey Desirena Rueda, mediante escrito presentado el ocho de septiembre pasado ante la responsable, interpuso queja, por omisión, en el cumplimiento de la sentencia definitiva. En determinación de nueve de septiembre de este año la responsable desechó, por improcedente, la queja por omisión promovida -acto reclamado-, El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós le fue notificada, mediante aviso electrónico "que le llego a su correo electrónico", la determinación de nueve de septiembre anterior. De lo antes expuesto, se advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. El primero de los referidos artículos prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, jurídicamente, revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Transcripción) Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, registro 178756, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL". Como ya se señaló, la parte quejosa reclama: El auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 4645/19-15-01-4, del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se desechó el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el aludido juicio, interpuesto por el aquí quejoso. Atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifiesta que dicha determinación (09/09/2022) le fue notificada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Entonces, como se advierte de los propios hechos narrados en la demanda de amparo, la parte quejosa tuvo conocimiento de la determinación reclamada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, pues en esa fecha quedó notificada. En consecuencia, si el acto reclamado lo conoció la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, el cómputo del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso. Lo anterior es así, pues si el escrito de demanda que dio origen a este expediente fue presentado el veinte de octubre de dos mil veintidós, es inconcuso que ya había transcurrido el término legal para su presentación, esto es, dado que el plazo de quince días previsto en el aludido numeral, transcurrió del veintitrés de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintidós; de ahí que resulta extemporánea la presentación de la demanda; razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, Materia Común, registro digital 163172, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Además, el quejoso no se ubica dentro de las hipótesis legales que contemplan las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (Transcripción) Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado de ninguna manera se adecua a alguno de los supuestos comprendidos en las fracciones transcritas con anterioridad, que exceptúan la presentación de la demanda dentro del término de quince días; en virtud de que no se trata de una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal, que le imponga pena de prisión; tampoco es el caso de que se reclamen actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; menos aún se está ante un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se está en presencia de una incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 3.1° Determinación. En consecuencia, SE DESECHA, DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Cristino Rey Desirena Rueda. 4° Autorizaciones parte quejosa. 4.1° Autorizados. Se tiene por autorizado con las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alfredo Benítez Toledo, al haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. En tanto que, por lo que hace a 2) Ana Rosa García Sandoval y 3) Norma Angélica García Sandoval, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no encontrarse a su favor registro que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que las personas acrediten su profesión de licenciado en derecho o abogado. Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 4.2° Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "jatoledo"; y de conformidad con el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan en este expediente vía electrónica, mediante el aludido usuario. 4.3° Precisión domicilio. Por tal motivo, en el caso, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado por la parte quejosa, en el escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". 4.4° Medios alternos para entablar comunicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado por el diverso acuerdo general 21/2022, sólo respecto de su vigencia, se tomarán en cuenta las cuentas de correo electrónico proporcionadas, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 4.5° Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la parte quejosa y de acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la parte quejosa que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Indicación actuario. Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Forma de captura. En el entendido que para el uso de los medios solicitados, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (cuya vigencia fue ampliada por el diverso acuerdo general 21/2022); es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 5° Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por su similar 21/2022), se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 6° Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7° Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 7.1° Instrucción actuario. Y, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9° Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese mediante usuario electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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